Ante los hechos de violencia registrados en la ciudad de Andalgalá entre grupos ambientalistas y las fuerzas de seguridad que pusieron nuevamente sobre el tapete la conflictividad de esa comunidad ante la actividad minera, los diputados nacionales Rubén Manzi y Francisco Monti (Juntos Por el Cambio) comenzaron a elaborar una propuesta para tratar de establecer un diálogo entre los distintos sectores.

El objetivo es el de tratar de lograr un consenso que permita la convivencia pacífica; para ella proponen generar una auditoría externa, exenta de intereses económicos o políticos que realice un estudio científico cuyos métodos y resultados sean incontrastables para determinar con precisión cuáles son los riesgos -si es que existen- ambientales para continuar o desestimar el proyecto MARA.

Los legisladores expresaron su preocupación por el nuevo foco de conflicto que se desató días atrás cuando la policía desalojó un piquete que impedía el acceso de maquinaria al yacimiento de Agua Rica. Pero más allá del hecho puntual, analizaron que se trata de un hecho más en un conflicto que lleva más de 15 años. “Nunca hubo un diálogo profundo y maduro para zanjar ese conflicto.

Los distintos gobiernos no pudieron o no supieron gestionarlo”, consideró Manzi, quien advierte que, como consecuencia de esa falencia “la política minera de Catamarca es endeble; la gente no tiene la suficiente confianza en las garantías ambientales ni en la transparencia económica”. En esta línea, Monti advierte que “nada se podrá hacer sin la participación de la comunidad”, y que hay que “es urgente abordar caminos alternativos a los que ya fracasaron”.

Por ello, los diputados comenzaron a delinear una propuesta que será puesta a consideración, principalmente del pueblo de Andalgalá, pero también del gobierno provincial y la llevarán ante el Congreso de la Nación. En la inteligencia de que la cuestión minera debe discutirse con todos los actores, los legisladores coinciden en que la población de Andalgalá no puede quedar a un lado de esta discusión, que es lo que ha ocurrido en las últimas tres décadas, y que es lo que ha llevado a la conflictividad que hoy se vive en el oeste ante el potencial minero.

Concretamente, Monti explicó que “proponemos que se convoque a una consultoría externa con expertos que evalúen esta situación. Esta consultoría debe estar constituida por científicos que no presenten conflictos de intereses en esta situación”. Para los legisladores, es necesario establecer esta instancia de apoyo técnico externo, basado en la idoneidad y la transparencia, que ayude a generar un diálogo más informado y menos polarizado que permita un camino alternativo que lleve a bajar la intensidad de los conflictos y que le dé un marco sólido de institucionalidad, transparencia y gobernabilidad de la actividad minera, principalmente en sus aspectos sociales y ambientales.

Al no haberse iniciado el proceso de evaluación de impacto ambiental, “estamos a tiempo para pensar e implementar cambios importantes, que aseguren mayor capacidad técnica y mayor participación de la ciudadanía”, destacó Manzi, quien insiste que en esta propuesta tiene que tener una amplia participación la población de Andalgalá. “No será viable ninguna actividad minera si el clima dominante es de desconfianza”, añade Monti, al tiempo que ambos coinciden en la expectativa de que esta propuesta debería tener una aceptación generalizada. “Hablamos que la producción minera debe ser una política de Estado, y para ello es necesario que haya consensos apoyados en análisis incontrovertibles, transparentes y claros. Esto solamente podría ser rechazado por aquellos que actúen con rigidez basada en prejuicios, o por aquellos que estén pensando en sus propios intereses”, advirtió Manzi. “Estamos en un laberinto del que hay que salir por arriba”, concluyó

Fuente: El Esquiú