Lo que representa un incremento de 46,6% respecto a 2020. Sin embargo, la inversión estará por debajo de los niveles del año 2019, previo a los cierres por el COVID. De todos modos, lentamente, la inversión en exploración va creciendo.

Estos datos los aportó Mario Hernández, ( presidente de GEMERA) a partir de un análisis de la calificadora Standard &Poor’s con información de la Secretaría de Minería. Esa inversión representó el 2,8% de la inversión extranjera directa en el país. También se informó que la exploración minera generará este año 2.566 empleos directos y 3.874 indirectos. En ese contexto, remarcó que “la exploración minera aumenta la riqueza del país”. Además, explicó que la inversión que surge del análisis de Standard &Poor’s se basa en proyecciones, pero que puede ser mayor al cierre del año.

También habrán leído que, según datos del Consejo Mundial del Oro, la industria del oro aportó casi 40.000 millones de dólares al PIB de los países donde opera.

A partir de estas dos noticias tan interesantes y alentadoras, imaginamos que el tan anhelado despegue de la industria minera Argentina, para que represente mucho más del 1% del PBI, está por venir.

Sin embargo, algunos hechos, acciones y discursos, presentes y pasados, afectan la credibilidad del sector y hacen decaer las expectativas de nuevas inversiones, nuevas minas y la posibilidad de soñar con alcanzar el 10% del PBI que la minería representa para países como Chile y Perú, para citar ejemplos cercanos.

Según la Real Academia Española, coherencia (del latín cohaerentia) significa conexión, “relación o unión de unas cosas con otras. Actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas”.

La coherencia de políticas trata de que todas las políticas de un país vayan en la misma dirección, sean compatibles y, sobre todo, que no sean contradictorias.

En la Argentina, todo parece indicar, al menos en los últimos meses, que no existe coherencia en materia de política minera, y “a las pruebas me remito”:

Los primeros días de diciembre, se conoce un crítico informe sobre el uso del agua en la industria minera, que no considera aspectos técnicos puntuales del proceso minero, la “historia” del clima en las diferentes regiones de nuestro país, que toma datos sobre proyectos que se encuentran en etapa de cierre (Casposo), y que tampoco alude al uso del agua por parte de la agricultura y demás industrias, de manera tal que ese informe sea transversal y referido a todos los procesos productivos y, lo más grave, con escasa participación de las provincias. Cabe entonces preguntarse, ¿es coherente, si queremos hacer de la minería una fuente de recursos y divisas para el país, difundir un informe totalmente sesgado que pone en duda la sostenibilidad del recurso hídrico por parte de la industria minera, especialmente en este contexto de sequía que se vive hoy, con datos poco representativos y sólo para un sector?

Acto seguido, el Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería presentan el libro “La minería en la Argentina. Contribuciones de la ingeniería para un desarrollo sostenible”,en cuya elaboración de contenidos no participó un solo ingeniero de minas (a pesar de un ofrecimiento concreto del Colegio que nos nuclea), que posee algunos errores conceptuales y términos que no se ajustan a la terminología técnica y minera tradicional. No dudo de la buena intención de los colegas que trabajaron en la redacción de ese libro, pero no es coherente una publicación sobre minería sin la participación de mineros.

Casi al mismo tiempo, desde el sitio Chequeado analizan la gestión minera de estos dos años, haciendo referencia al PEDMA y a la participación de los distintos actores en la elaboración del programa. Aquí, puedo pecar de poco objetivo, ya que colegas, amigos y conocidos han participado activamente de las diferentes comisiones que elaboraron el Plan, pero Chequeado se centra solamente en el comentario de dos personas, con tendencia anti minera declarada, que citan datos erróneos (caso del abogado Enrique Viale que menciona a Alumbrera en etapa de cierre, y a Pascua Lama, paralizado hace más de 4 años). Con esos dos comentarios concluyen en un reprobado para la gestión de la Secretaría de Minería.

Considero que para calificar lo hecho en estos dos últimos años lo mejor es relevar datos, cifras: inversión en exploración, proyectos en construcción o desarrollo, minas nuevas en producción, balanza comercial, generación de empleo, recaudación de impuestos, entre otras variables.

Si me preguntan a mí, mi calificación es regular. ¿Por qué? Seguimos con retenciones, desdoblamiento cambiario (¿o debería decir, “decadoblamiento”?), falta de previsibilidad legal e impositiva, que representa retracción de inversiones, falta de confianza y migración de capitales a Chile, Perú y Colombia, principalmente, si miramos a América del Sur. Ese escenario, no es coherente con las palabras del Secretario saliente “este documento (refiriéndose al PEDMA) es el primer paso para cumplir con aquello que prometió el Presidente, que la minería tiene que ser ambientalmente sustentable (totalmente de acuerdo) y atravesada por el marco institucional que garantice las reglas de juego, que le dé seguridad jurídica”.“La minería en la Argentina es esencial para el desarrollo económico y social del país. Por este motivo, la primera necesidad que tenemos es desarrollar un modelo minero a nivel nacional para la explotación de los recursos metalíferos y no metalíferos como existe en Chile, Perú, Australia y Canadá”, lamentablemente, nos quedamos esperando el lanzamiento del PEDMA…

Siguiendo con los discursos encontrados, el Ministro Cabandié sostuvo recientemente que “La ley de humedales es una meta a cumplir en el 2022”. No estoy en contra que se sancione una ley de esas características, pero que no se vaya a convertir en otra ley de glaciares, donde se desoigan los fundamentos técnicos y científicos, porque nuevamente se verá seriamente afectada la industria minera, y quizás otras. Una vez más, falta de reglas de juego claras.

Vayamos un poco hacia atrás en el tiempo y analicemos algunos casos donde tampoco existe coherencia entre el discurso, los hechos y las políticas. La Rioja, provincia donde está vedada la posibilidad de hacer minería metalífera, quiere participación en las regalías que pudiera generar el proyecto Josemaría a partir del comienzo de su etapa de producción.

Mendoza tampoco quiere minería porque privilegia el cuidado del recurso hídrico. Sin embargo, no trabaja en políticas de optimización del uso del agua (por ejemplo, riego por goteo) por parte del agro o la industria vitivinícola (viñas y bodegas) y petrolera (refinerías, coque). O modificar una ley (la 7722) para que, a las pocas horas de sancionada, esa modificación quede sin efecto, producto del reclamo de unos pocos.

Esperemos que Chubut no se convierta en otro caso Suárez (gobernador de Mendoza), ya que el gobernador ha manifestado públicamente su convencimiento para que la ley de zonificación se mantenga firme, a pesar de las hechos violentos y continuos reclamos de una parte de la población que desoye el reclamo de los habitantes de la Meseta Central, e inunda las redes con falacias acerca del agua, la contaminación y otras fantasías.

Decía John Lennon, “podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único”. Ojalá, nuestros dirigentes y gobernantes, apliquen criterios y actúen de manera coherente, a la hora de fijar políticas que beneficien a los habitantes de nuestra querida Argentina.

Marcelo Bellini

Doctor. Ingeniero en Minas.  Subdirector Instituto Investigaciones Mineras, Facultad de Ingeniería-UNSJ. Secretario CADIM.

Fuente: Prensa GeoMinera