Minería Sustentable
La discusión en torno a posibles cambios en la Ley de Glaciares volvió a escalar en el plano público luego de que la Conferencia Episcopal Argentina difundiera una carta abierta advirtiendo sobre los riesgos de modificar la norma. En respuesta, referentes técnicos y profesionales vinculados al sector minero cuestionaron la postura eclesial y defendieron la necesidad de revisar la legislación para dar previsibilidad a la actividad y a las inversiones.
La carta fue elaborada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que expresó su “profunda preocupación” ante la eventual modificación de la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. En el documento, el organismo instó a diputados y senadores a priorizar la defensa del agua, los ecosistemas y el bien común, señalando que la normativa vigente constituye un hito para la preservación de reservas estratégicas de agua dulce y para el resguardo de ecosistemas de alta montaña.
La comisión, integrada por obispos como Dante Braida —presidente para el período 2024-2027—, remarcó que los glaciares no deben ser considerados únicamente recursos económicos y que su deterioro impacta de manera directa en comunidades vulnerables y pueblos originarios. También pidió escuchar a la comunidad científica, a las poblaciones locales y respetar instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
Tras la difusión de la carta, especialistas vinculados al ámbito minero y científico salieron a cuestionar públicamente la posición de la Pastoral Social. Desde el Grupo Sarmiento (GS), espacio integrado por profesionales del sector, sostuvieron que la actual ley presenta problemas jurídicos y técnicos que —según su postura— afectan el desarrollo de proyectos productivos en zonas cordilleranas.
El referente del grupo, el geólogo Mario Capello, afirmó que el pronunciamiento de los obispos se apoya en argumentos que consideran incorrectos desde el punto de vista técnico y que, en su opinión, terminan condicionando decisiones legislativas sobre una normativa que debería revisarse.
Según indicaron desde ese ámbito profesional, la discusión sobre la ley debería centrarse en criterios científicos, seguridad jurídica y políticas de desarrollo que permitan compatibilizar la protección ambiental con la actividad productiva. También señalaron que la legislación argentina en materia de glaciares es considerada por algunos especialistas como una de las más restrictivas del mundo para la actividad minera en zonas de alta montaña.
En ese contexto, sostienen que un eventual debate legislativo podría permitir corregir aspectos que, a su entender, generan incertidumbre para las inversiones y limitan proyectos en provincias cordilleranas donde la minería tiene un peso relevante en la economía regional.
