Tras años de controversia pública y debate legislativo, Chile construyó un esquema de regulación ambiental, monitoreo científico y fiscalización estatal.
Actualidad09/02/2026
Minería Sustentable
Chile es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares del mundo. Su extensa cordillera, que se eleva desde el desierto más árido del planeta hasta los campos de hielo patagónicos, reúne condiciones únicas para la formación y persistencia de estos cuerpos de hielo. Pero esa misma geografía es también el corazón de la gran minería metálica, particularmente del cobre, lo que ha generado —desde hace décadas— una convivencia compleja, técnica y políticamente sensible entre glaciares, actividad económica y protección ambiental.
Para comprender cómo funciona hoy el sistema de protección de glaciares en Chile y cuál es el rol que juega la minería en ese entramado, resulta clave la mirada de especialistas como Felipe Ugalde Peralta, geólogo y magíster en Ciencias mención "Geología" de la Universidad de Chile, actualmente doctorando en la misma casa de estudios. Con más de diez años de experiencia en consultoría ambiental ligada a la gran minería, Ugalde se ha especializado en glaciología aplicada y en el estudio de amenazas asociadas a los glaciares, como vaciamientos súbitos de lagos glaciares, avalanchas de roca y hielo.
Un país minero… y glaciar
"La coexistencia de la gran minería con los glaciares en Chile es tan antigua como la minería misma", señala Ugalde. Basta recorrer el mapa de los principales yacimientos para entender por qué. En el norte del país se encuentran operaciones emblemáticas -como Chuquicamata de Codelco o Escondida de BHP- desarrolladas en un entorno hiperárido. Sin embargo, es en la zona centro y centro-norte donde la superposición entre minería y glaciares se vuelve más evidente.
Allí se concentran grandes yacimientos asociados a la faja metalogénica del Mioceno-Plioceno, como Los Pelambres, Andina, Los Bronces y El Teniente, junto a una extensa cartera de proyectos en exploración y desarrollo: Vizcachitas, Pimentón, Escalones, Filo del Sol, Los Helados, Valeriano, El Encierro, entre muchos otros. El denominador común es su localización: todos se emplazan en la alta cordillera, generalmente por sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, un rango altitudinal donde las condiciones climáticas favorecen la existencia de glaciares y ambientes periglaciales.
No sorprende entonces que, de los más de 26.000 glaciares inventariados en Chile por la Dirección General de Aguas (DGA) en su Catastro Público de Glaciares 2022, un número significativo se encuentre en las cercanías —o incluso dentro— de áreas de operación minera.
De la intervención directa al impacto indirecto
La relación entre minería y glaciares ha cambiado de forma sustantiva en las últimas décadas. Ugalde recuerda que en los años 80, por ejemplo, la estatal Codelco impulsó enormes esfuerzos ingenieriles para explotar el rajo Sur, a casi 4.000 metros de altura, atravesando una extensa cubierta de hielo para acceder al mineral. Ese tipo de intervención directa hoy sería impensable.
"Las nuevas tecnologías y, sobre todo, el marco regulatorio ambiental vigente permiten actualmente desarrollar minería evitando la afectación directa de los glaciares", explica. Sin embargo, eso no significa que los riesgos hayan desaparecido. Por el contrario, los impactos indirectos —más difíciles de medir y controlar— se han convertido en el principal foco de atención. Entre ellos se destacan la deposición de polvo sobre la superficie de los glaciares, que acelera su derretimiento al reducir el albedo, y las vibraciones inducidas por tronaduras y operación minera, que pueden alterar la dinámica interna del hielo. Evaluar estos efectos exige estudios glaciológicos complejos, de largo plazo y con alto nivel de detalle técnico.
La minería como fuente de conocimiento glaciológico
Paradójicamente, uno de los mayores aportes al conocimiento científico sobre glaciares en Chile central ha provenido de la propia minería. A través de los estudios de línea de base exigidos por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), hoy es posible acceder públicamente a información de enorme valor: espesor y volumen de glaciares, estratigrafía, velocidades de flujo superficial, tasas de deformación interna, aportes hídricos y análisis de estabilidad mecánica del hielo.
Estos estudios, disponibles en la plataforma del SEIA, han permitido caracterizar glaciares que, de otro modo, difícilmente habrían sido investigados con ese nivel de profundidad. A ello se suma el aporte en meteorología de alta montaña, con redes de medición que registran temperaturas, vientos, humedad y precipitación en sectores remotos de la cordillera.
"En muchos casos, la minería ha financiado estaciones meteorológicas y campañas de terreno que hoy son una fuente clave para entender cómo funciona el sistema glaciar andino", destaca Ugalde.
¿Manejo de glaciares?
Más allá de la evaluación ambiental tradicional, en Chile también se han ensayado experiencias de lo que se conoce como "manejo de glaciares". Entre ellas se cuentan experimentos para aumentar la acumulación nival mediante vallas para nieve o para reducir la ablación extendiendo la cobertura de detritos sobre depósitos con hielo.
Estas prácticas, impulsadas en el contexto de expansiones mineras, abren debates complejos: hasta qué punto es legítimo intervenir un glaciar con fines de conservación o mitigación, y cuáles son los límites éticos y técnicos de ese tipo de acciones.
Chile no cuenta aún con una ley específica de protección de glaciares. Desde 2005 se han presentado seis proyectos de ley en el Congreso, tres de los cuales siguen en discusión, sin perspectivas claras de aprobación en el corto o mediano plazo. A pesar de los avances en definiciones, persisten ambigüedades clave: qué se protege exactamente (solo el glaciar, su entorno o también el permafrost), quién fiscaliza, si existen áreas de resguardo y cómo se delimitan.
No obstante, el país sí dispone de un entramado normativo robusto que, en la práctica, regula y protege los glaciares a través de distintos instrumentos. La Estrategia Nacional de Glaciares (2009) sentó las bases para el monitoreo y los inventarios públicos. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) protege los glaciares ubicados dentro de parques y reservas nacionales, especialmente en la Patagonia. El Código de Aguas, modificado en 2022, reconoce a los glaciares como bienes nacionales de uso público e impide la constitución de derechos de aprovechamiento sobre ellos.
Fuente: diario Los Andes
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