El Gobierno nacional proyecta que 2026 será un año de “consolidación” para la actividad energética y minera, con mayor previsibilidad regulatoria, nuevas inversiones y un “sector privado respondiendo a señales claras”, según expresó el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, en una disertación difundida por la Agencia Noticias Argentinas.

El funcionario ubicó a la minería entre los sectores que ya muestran un repunte en los anuncios de inversión, impulsados por la reducción de costos sistémicos, la desregulación progresiva de los mercados y la normalización de distintos segmentos del sistema energético.

Un escenario más previsible para los proyectos mineros

González señaló que el ordenamiento macroeconómico y la revisión de marcos tarifarios y regulatorios constituyeron “condiciones necesarias” para que empresas energéticas y mineras reactiven planes de inversión. Afirmó que la política oficial apunta a un esquema de reglas estables, libre formación de precios y menores cargas impositivas, elementos que —dijo— son centrales para proyectos de litio, cobre y otros metales críticos.

En este contexto, resaltó el avance de iniciativas privadas vinculadas al almacenamiento energético y a la infraestructura asociada al desarrollo minero, destacando que los procesos administrativos y contractuales “ya muestran señales de mayor dinamismo”.

RIGI: el régimen que tracciona nuevos proyectos

Uno de los ejes de su intervención fue el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en 2024. González calificó al esquema como “extraordinariamente exitoso” y precisó que, hasta el momento, se presentaron más de 27 proyectos, con una participación equilibrada entre el sector energético y el minero.

El plazo para adherir al régimen vence en julio de 2026. Ante ese horizonte, el funcionario anticipó que su recomendación será extenderlo, al considerar que se trata de un instrumento que “expresa el modelo económico al que apunta la administración”: menor presión impositiva, eliminación de retenciones y trámites más ágiles para inversiones intensivas en capital.

Hidrocarburos y gas: impacto indirecto en la minería

Si bien González repasó medidas específicas del sector hidrocarburífero —como la eliminación de retenciones al petróleo convencional y la transición hacia un mercado de gas con menor intervención estatal— dichos cambios también impactan en la minería, por su incidencia en los costos energéticos y en la disponibilidad de infraestructura.

Señaló que la privatización de ENARSA y el retiro progresivo de CAMMESA de la operatoria directa buscan “transparentar el costo del sistema” y permitir que los grandes consumidores industriales, incluidas las compañías mineras, operen con mayor autonomía en la contratación de energía.

Infraestructura eléctrica: prioridad para zonas productivas

González también destacó los avances en las obras de transporte eléctrico, consideradas clave tanto para el abastecimiento urbano como para los polos productivos del NOA y la Patagonia, donde se concentran los principales proyectos mineros en construcción. Subrayó que el Gobierno busca un esquema que permita licitaciones sucesivas sin exigir financiamiento estatal directo, de modo de “asegurar un modelo robusto y sostenible”.

Mirada hacia 2026

Con un escenario internacional marcado por la demanda creciente de minerales estratégicos, el Gobierno apuesta a que 2026 consolide el ciclo de inversiones que comenzó a acelerarse durante este año. Para la administración nacional, la estabilidad normativa y la ampliación del RIGI serán factores determinantes para dar continuidad a los proyectos de cobre, litio y oro que hoy se encuentran en ejecución o en etapa de factibilidad.