Minería Sustentable
La actividad minera en el país, pero especialmente en San Juan, está atenta a la resolución final sobre la definición del alcance de la Ley de Glaciares. Esta falta de precisión genera una incertidumbre que afecta incluso la velocidad de las inversiones en proyectos clave. Ante este panorama, fue el propio gobernador Marcelo Orrego quien se lo planteó al presidente Javier Milei y a todo su gabinete en las reuniones que tuvieron en los últimos días, insistiendo en la necesidad de avanzar en la reglamentación.
La buena noticia para el sector y para la provincia es que desde Nación adelantaron que es inminente una medida aclaratoria al respecto y la búsqueda de acuerdo en las Cámaras Nacionales.
Tal es la definición que altas fuentes del Gobierno de San Juan afirmaron a DIARIO HUARPE que desde Nación buscan que antes de fin de año ya exista esta medida aclaratoria y que estiman que será aprobada en las sesiones extraordinarias de los próximos meses.
Este avance busca destrabar proyectos y garantizar la seguridad jurídica en una provincia que tiene en la minería uno de sus ejes económicos fundamentales.
La causa de la parálisis
Hace meses que se viene planteando la afectación que produce esta falta de certeza. El propio ministro de Minería, Juan Pablo Perea, afirmó en su momento que: “Hasta tanto no exista una clarificación en la legislación que hace referencia a los glaciares, no va a poder pensarse en que arranquen proyectos como Vicuña, Pachón o algún otro. Son temas que se deben solucionar antes para que vean la luz esos proyectos, como también el RIGI”.
La Ley de Glaciares vigente prohíbe actividades que puedan afectar cuerpos de hielo y permafrost, pero no detalla categorías ni niveles de impacto, lo que, según la visión sanjuanina, abre un margen de interpretación que paraliza los proyectos.
La postura de Orrego
Por todo esto, el propio gobernador Marcelo Orrego elevó esta necesidad en las reuniones que tuvo con funcionarios del Gobierno nacional. Incluso contó que, tras reunirse con el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a plantear el tema.
Orrego sostuvo que “es necesario concluir con ese circuito y definir que sean las provincias las autoridades de aplicación”. El objetivo final de esta petición es claro: “Eso le daría claridad a la actividad minera y previsibilidad a las inversiones”, sentenció el mandatario sanjuanino.
La postura de San Juan es que la autoridad de aplicación provincial es fundamental para armonizar la protección ambiental con el desarrollo productivo, evitando que la ambigüedad de la norma nacional continúe frenando la llegada de capitales y el avance de proyectos que generan empleo en la región. La inminente medida aclaratoria de la gestión Milei es vista como la luz verde que la industria, y especialmente San Juan, estaba esperando.
Fuente: diario Huarpe
