La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó días atras -con amplio respaldo político- la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una reforma largamente esperada por el sector privado que busca agilizar el desarrollo de proyectos de inversión en sectores como energía, minería, obras públicas y agua, entre otros.
La iniciativa había sido ingresada al Congreso en enero de 2024 y fue despachada a ley el pasado 1 de julio, tras la aprobación de las modificaciones introducidas por el Senado. Se trata de una de las piezas centrales del “fast track legislativo” impulsado por el Ejecutivo chileno, con el objetivo de modernizar el Estado y facilitar el crecimiento económico, en un contexto de alta demanda de infraestructura energética y mineral.

El Ministerio de Economía, que lideró la iniciativa, aseguró que con la nueva norma se podrá reducir entre un 30% y un 70% el tiempo necesario para tramitar más de 380 permisos sectoriales, sin que eso implique una rebaja de los estándares ambientales ni técnicos.

La ley introduce principios de simplificación, eficiencia, proporcionalidad y certeza jurídica, considerados fundamentales para atraer inversiones estratégicas a largo plazo.

Medidas concretas de simplificación
La Ley Marco chilena establece una serie de instrumentos legales y administrativos orientados a mejorar la gestión de los permisos. Entre los principales ejes de la reforma se destacan:

Normas mínimas de tramitación: se fijan reglas comunes para todos los permisos sectoriales, incluyendo formularios de inicio estandarizados, admisibilidad técnica, plazos máximos obligatorios y la aplicación del silencio administrativo positivo. Este último permite que, si un organismo no responde en tiempo y forma, el permiso se considere otorgado automáticamente.
Técnicas Habilitantes Alternativas (THA): se permite reemplazar ciertos permisos de bajo riesgo por avisos o declaraciones juradas, que serán fiscalizadas ex post. La norma prevé sanciones severas en caso de declaraciones falsas, pero busca descongestionar el sistema para concentrarse en los trámites de mayor complejidad técnica o impacto ambiental.
Ventanilla Única Digital (SUPER): la plataforma ya existente será consolidada como entrada única y trazable para todas las solicitudes de permisos. Permitirá a las empresas gestionar de manera centralizada los trámites, reducir tiempos de espera y mejorar la transparencia del proceso.
Nueva institucionalidad técnica: se crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, que será responsable de coordinar el sistema, brindar asesoramiento técnico y realizar seguimiento del desempeño de los organismos públicos involucrados.
La nueva ley también modifica más de 40 leyes sectoriales, abarcando un amplio espectro institucional que incluye la minería, energía, salud, obras públicas, concesiones marítimas, agua potable, entre otros.

Durante el debate parlamentario, el ministro de Economía, Nicolás Grau, subrayó que “hemos logrado aprobar este proyecto con amplio apoyo y sin bajar los estándares regulatorios. Uno de los problemas era que los servicios estaban atochados. Con las declaraciones juradas, todo el esfuerzo se enfocará en los permisos que realmente implican riesgo”.

El debate legislativo y la postura empresarial chilena
Más de 40 legisladores intervinieron durante el debate en la Cámara. La oposición valoró la iniciativa por su capacidad para estimular el desarrollo económico y reducir los cuellos de botella burocráticos que afectan especialmente a la pequeña y mediana empresa.

Algunos sectores del oficialismo, en cambio, plantearon reservas respecto del alcance de la simplificación y la necesidad de garantizar que no se vulneren derechos ambientales ni comunitarios. Sin embargo, Grau destacó que la iniciativa “optimiza esfuerzos” al concentrarse en los permisos con real impacto, y enfatizó que “no baja los estándares regulatorios”.

Desde el Ejecutivo aclararon que la ley no afecta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que continúa vigente bajo otra legislación y mantiene sus propios criterios técnicos.

Fuentes empresarias al tanto de los cambios regulatorios destacaron el impacto positivo de la ley, sobre todo para proyectos energéticos. “La aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es clave para la transmisión eléctrica y el almacenamiento energético en Chile porque simplifica y acelera los procesos de permisos necesarios para desarrollar proyectos en estos sectores estratégicos.

Además, promueve "la implementación de sistemas de almacenamiento energético, fundamentales para integrar energías renovables variables como la solar y la eólica, mejorando la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico”.

También remarcaron que la modernización regulatoria otorga mayor certeza jurídica a los inversores, lo que resulta esencial en un contexto donde Chile compite por atraer capitales internacionales para proyectos de transición energética y minería verde.

Avances paralelos en regulación energética
En paralelo con esta reforma administrativa, el Ministerio de Energía de Chile tiene previsto presentar los cambios al Reglamento de Coordinación y Operación del sistema eléctrico (Decreto Supremo 125), para establecer las condiciones técnicas y operativas necesarias para facilitar la integración de nuevas tecnologías.

El nuevo texto busca habilitar la integración efectiva de Sistemas de Almacenamiento de Energía y de Sistemas de Generación-Consumo (autogeneradores), que hoy enfrentan múltiples trabas técnicas y regulatorias.

El proyecto será enviado en septiembre a la Contraloría General para su aprobación. Además, el Ejecutivo trabaja en la actualización de otros 13 reglamentos clave, incluyendo el DS 88 para generación de pequeña escala, los sistemas de transmisión, los criterios para definir peajes de distribución y la fijación de precios de nudo.

Estos cambios están alineados con la implementación de la Ley de Transición Energética y con otras normativas relativas a combustibles, sostenibilidad y planificación energética.

Qué impactos pueden tener estos cambios en el sistema eléctrico
En entrevista con Revista ELECTRICIDAD de Chile, Vicente Walker, Head de Trina Storage para Latinoamérica y el Caribe, abordó el impacto que esta modificación podría tener para los fabricantes de tecnologías de almacenamiento, así como para el funcionamiento general del sistema eléctrico chileno.

El ejecutivo destacó en primer lugar la importancia de la próxima actualización del DS125. Walker explicó que este reglamento es esencial para coordinar a generadores, transmisores y distribuidores, y que su modernización es clave para incorporar tecnologías como el almacenamiento de energía (BESS) y la autogeneración, en un contexto de creciente penetración de energías renovables variables.

 
Según Walker, la actualización del DS125 busca establecer reglas claras para el funcionamiento de los BESS, definir su participación en el mercado eléctrico -incluyendo despacho, control de frecuencia y valorización económica-, y fomentar la descentralización y la gestión activa de la demanda mediante los Sistemas de Generación-Consumo. Estas definiciones permitirán mayor certeza a las empresas del sector y una mejor trazabilidad y eficiencia operativa, lo que se traduciría también en menores costos globales del sistema eléctrico.

“Este reglamento es la columna vertebral que rige cómo funciona el sistema en su conjunto. Sin una actualización adecuada, se dificulta la entrada de tecnologías como el almacenamiento o la autogeneración”, indicó.

En cuanto al valor del almacenamiento, Walker señaló que reconocer el costo de oportunidad de la energía gestionable es vital para una operación más eficiente y confiable del sistema, con menor dependencia de generación térmica. Además, subrayó el impacto social del almacenamiento, al facilitar una mayor participación de energías limpias y mejorar la seguridad energética durante emergencias.

Finalmente, destacó que la versión definitiva del reglamento será enviada a la Contraloría en septiembre, marcando un hito para la evolución regulatoria del sector en Chile. Ahí se aprobaría definitivamente.

Contraste con Argentina: simplificación institucional versus desregulación fiscal
Mientras Chile apuesta por una reforma integral de su arquitectura administrativa y regulatoria, Argentina optó por una estrategia distinta para reactivar sectores como la minería y la energía con la sanción de la ley Bases que modifica la Ley de Hidrocarburos, la implementación del RIGI y las recientemes modificaciones a la Ley de Inversiones Mineras, entre otros cambios.

A fines de junio, el gobierno de Javier Milei modificó por decreto la Ley de Inversiones Mineras, con el argumento de eliminar burocracia y acelerar proyectos en cobre, oro y litio. El Decreto 449/2025 introdujo cambios en las leyes 24.196 y 24.466: eliminó obligaciones formales consideradas obsoletas, simplificó la emisión de certificados fiscales, redujo los formularios requeridos y transfirió competencias técnicas al SEGEMAR, entre otras medidas.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, se busca “darle previsibilidad al inversor, acortando plazos y quitando discrecionalidad a los funcionarios”, en línea con los principios de desregulación impulsados por el oficialismo.

Si bien la reforma argentina fue bien recibida por las empresas del sector, también cosechó cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y de comunidades locales, que advierten sobre la posibilidad de que se reduzcan los controles ex ante y se desincentive la participación pública en el proceso de evaluación de proyectos.

En suma, mientras en Chile se impulsa una modernización institucional con trazabilidad digital, fiscalización posterior y estándares proporcionales al riesgo, Argentina optó por una simplificación directa vía decreto, sin crear nuevas institucionalidades ni mecanismos de seguimiento integral.

Comparación con Argentina: RIGI y proyectos aprobados
En Argentina, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado por ley Bases de 2024 actuó con un enfoque diferente al chileno. En lugar de modernizar la administración pública, promueve grandes proyectos mediante beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, y estabilidad normativa de hasta tres décadas.

Hasta marzo de 2025 se presentaron 14 proyectos al RIGI. El régimen cuenta con beneficios como reducción del Impuesto a las Ganancias, devolución acelerada del IVA, estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. Cinco ya fueron aprobados, con una inversión total superior a u$s16.500 millones. Entre ellos, destacan:

-Un parque solar de YPF Luz en Mendoza (u$s211 millones).
-El Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), con YPF y otras compañías (u$s2.486millones).
-El proyecto de GNL de Southern Energy en Río Negro (u$s6.878 millones).
-El primer proyecto minero aprobado: Rincón, de Río Tinto, en Salta para producción de carbonato de litio (u$s2.700 millones)
-La planta siderúrgica Sidersa en Buenos Aires (u$s296 millones)

Hay otros seis proyectos en evaluación, incluyendo iniciativas en litio -Sal de Oro (Posco), Hombre Muerto Oeste (Galan Lithium), Mariana (Ganfeng)- y exploraciones en oro y cobre como las iniciativas sanjuaninas Mina Gualcamayo y Los Azules -que están adecuando sus proyectos para lograr la pronta aprobación-, además del parque eólico Olavarría (u$s255 millones).

Fuente: Ambito