«El faltante de dólares que padece el país obliga a diseñar un fuerte programa de desarrollo exportador de alto impacto en todos los sectores, incluida la minería», aseguró la ex secretaría de Energía y de Minería.

“Lo primero que debe entenderse, a la hora de repensar la matriz productiva nacional, es que en la Argentina ninguna actividad económica sobra”, así lo expuso Flavia Royon, durante su participación en el tercer episodio de la nueva temporada de Dínamo – Charlas de Energía. “Al representar un problema estructural, el faltante de dólares que padece el país obliga a diseñar un fuerte programa de desarrollo exportador de alto impacto en todos los sectores, incluida la minería, que suele ser un rubro olvidado”, reflexionó.

Si bien es cierto que hoy la industria minera se encuentra en franca expansión, indicó, sus actuales exportaciones sólo suman unos 4.000 millones de dólares anuales. “Todavía estamos muy lejos de los US$ 43.000 millones que exporta Perú o de los US$ 57.000 millones de Chile. La curva de crecimiento es demasiado lenta”, describió.

Más allá de las inversiones anunciadas para seguir ampliando la capacidad de producción de litio en el Noroeste Argentino (NOA) y de los proyectos de cobre de clase mundial que se desarrollarán con epicentro en San Juan, advirtió, el principal recurso minero exportado por el país sigue siendo el oro. “Se trata de un segmento que está en declive, sobre todo en Santa Cruz. El último proyecto aurífero que se construyó fue Lindero, en Salta”, graficó.

El escenario sectorial, generalizó, invita al optimismo, pero quedan varios desafíos por resolver, especialmente desde lo ambiental y lo legal. “Si bien el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está vigente, después de varios meses todavía no tenemos ningún gran proyecto de cobre adentro. No será menor despejar dudas sobre la Ley de Glaciares”, señaló.

Un emprendimiento cuprífero como Taca Taca, ejemplificó, sigue esperando por la aprobación de su estudio de impacto ambiental. “El RIGI ofrece todas las condiciones que los proyectos requieren para factibilizarse, pero el tiempo corre. Los argentinos no nos podemos perder la oportunidad que nos brinda el mundo en relación con los precios de los minerales”, sentenció.

Gigante dormido

En concreto, acotó Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, en estos momentos hay más de una decena de proyectos presentados en el marco del RIGI, de los cuales por ahora sólo dos resultaron formalmente aprobados. “Hay que tener en cuenta que se necesita una estructura muy importante dentro del Estado para realizar el trabajo técnico y burocrático que antecede a las aprobaciones formales de las iniciativas postuladas”, remarcó.

La minería todavía se halla rezagada, a criterio de Royon, en la discusión sobre cómo explotar los recursos naturales del país. “Su entramado legal es distinto al de los hidrocarburos. Tal lo planteé más de una vez, habría que repensar el Código Minero. Tenemos proyectos que llevan más de 50 años dormidos”, cuestionó.

Con este marco normativo, intervino Carbajales, las empresas provinciales se encuentran en un atolladero, al no saber exactamente cómo participar de las rentas. “Sería interesante emular lo que sucede con los hidrocarburos y llevar a cabo licitaciones estratégicas, donde el Estado pueda reservarse una mayor participación dentro del negocio”, sugirió.

Potestad provincial

De todos modos, opinó Royon, no hace falta un organismo supra-provincial que rija sobre la cuestión ambiental. “De hecho, el Código Minero fue pionero en la incorporación del cuidado del medio ambiente. Y las provincias funcionan bien como autoridad de regulación en el tema. Los problemas aparecen, en realidad, cuando surgen las intervenciones desde arriba”, aseguró.

Frente a la judicialización en la Corte Suprema de la Ley de Glaciares, subrayó, la resolución debería remitirse a la Constitución Nacional y al marco jurídico argentino. “La autoridad de aplicación son las provincias. Es un error creer que cuando los gobiernos provinciales aprueban la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto determinado no contemplan la cuestión de los glaciales”, afirmó.

La Ley de Glaciares, desde su óptica, puede volver a discutirse o reglamentarse de una vez. “La pregunta es hasta qué punto seguirán dilatándose los tiempos. Los inversores necesitan seguridades más allá de la evolución de la macroeconomía. Y lo que le interesa al país y a las provincias es que los recursos mineros se pongan en producción y generen riqueza”, enfatizó.

Licencia social

Esta indefinición normativa, expuso Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra, configura un gran déficit del sistema político argentino. “Hay dos o tres puntos en los que la política se tendría que poner de acuerdo. Y éste es uno de ellos”, sostuvo.

El gran problema, comentó Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Nuclear, es qué sucede con la sociedad civil. “El sistema político muchas veces se rehúsa a ordenar la agenda social. En ese sentido, a mí la Ley de Glaciares me parece una mala ley, ya que resulta antiproductiva. Hay que cuidar los recursos naturales, pero eso no significa impedir la producción y perjudicar la generación de empleo”, criticó.

Lo que se percibe de Mendoza hacia el norte, prosiguió, es que claramente hay mayor licencia social para la minería que en el sur del país. “El subsuelo de la Patagonia es riquísimo, y sin embargo hay muy poca actividad minera”, se lamentó.

En palabras de Royon, se trata de una discusión que conviene dar con premura, informando con propiedad y revirtiendo una visión demasiado centrista del desarrollo nacional. “Claramente es más fácil hacer política izando la bandera antiminera en lugar de hacerlo con la bandera desarrollista. Pero la minería es perfectamente compatible con el medio ambiente”, concluyó.

Lo que no concluyó, no obstante, fue el debate sobre las mejores políticas de industrialización a implementar. Para conocer de qué manera continuó, pueden visitar este enlace.

Fuente: econojournal.com.ar