La declaración deberá ser presentada por los titulares de derechos mineros antes del inicio de actividades mineras o previo al otorgamiento de concesiones.

“Es un protocolo, una guía de vinculación comunitaria que se desprende del Código de Procedimiento Minero”, explicó el director de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente, Jerónimo Shantal.

El funcionario explicó que esto fija cuáles son los parámetros que deben cumplir las empresas a los fines de establecer una vinculación estrecha y directa con cada una de las comunidades locales.

Entre estos protocolos se encuentran el monitoreo participativo sobre uso de agua, el plan de actores y el desarrollo de planes socioeconómicos y socioculturales del área de influencia del proyecto.

“Es una herramienta muy práctica y útil para que la comunidad empiece a interactuar directamente en cada uno de los proyectos. Esta será una obligación de las empresas, que tendrán que cumplirlo y deberán actualizarlo bienalmente para hacerle un seguimiento por parte de la autoridad y de la comunidad”, aseguró el director de Minería.

En la resolución se detalla que la declaración jurada debe garantizar el cumplimiento de las normativas legales, fomentando la seguridad, la protección ambiental, la inclusión social y el diálogo constructivo con las comunidades locales.

Fuente: Minería & Desarrollo