En la norma impone condiciones relacionadas con el empleo local, las capacitaciones, proveedores y licitaciones, además de crear un organismo minero municipal.

La ordenanza N° 2059 fue aprobada por unanimidad el pasado viernes 20 de septiembre luego de un debate anterior en comisiones que, indican, fue extenso. El expediente fue iniciado por el concejal del bloque Somos Integración, Enrique Muñoz.

La norma establece en su primer artículo que las compañías mineras, con proyectos en cualquiera de sus etapas, deberán informar a la Municipalidad, a través de la Oficina de Empleo, el detalle de las empresas contratadas y subcontratadas que participan, incluyendo datos de residencia. Además, la nueva legislación impone que todas las empresas deben tener sus instalaciones y oficinas en el departamento.

El artículo tercero establece que el 70% del personal contratado por las empresas mineras debe ser iglesiano, además de aportar fondos para capacitación y preparación en distintos rubros de los trabajadores locales (artículo 4°), lo que luego deberán ser tomados como mano de obra por las compañías a través de la oficina de empleo local que controlará que efectivamente el personal tenga domicilio en Iglesia. Crearán un sistema de multas (artículo 5°) para casos de falsedad de datos en la consignación de la residencia.

Además, los concejales les solicitan a las empresas la creación de un sistema de becas para estudiantes iglesianos del nivel secundario que quieran continuar estudios universitarios o terciarios, lo que incluye aportes económicos para solventar gastos de estudio y estadía, entre otros.

La ordenanza también impone condiciones para la contratación de proveedores locales. Solicitan a la empresa madre que las firmas iglesianas que se desempeñan en el proyecto y futuros proyectos mineros en el departamento entren en licitación cada seis años con el cumplimiento de los requisitos establecidos por parte de la empresa (artículo 7°).

Otro de los puntos incluidos en la normativa es la formación de una Mesa de Trabajo de Minería que incluya a distintos actores de la comunidad “para coordinar medidas o puntos clave para el desarrollo” (artículo 8), como contención de la familia de los trabajadores mineros, inversión social. Serán parte de esa comisión representantes de las Cámaras mineras de Iglesia, del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante, referentes o directivos de escuelas y de salud, además de gremios, sindicatos y controladores sociales de cada distrito departamental. Se deberán reunir como mínimo cada 60 días.

Finalmente, la ordenanza establece la creación del “Organismo Minero Municipal” con rango de secretaría. El cargo deberá ser ocupado por un ingeniero en Minas. Tendrá además tres subsecretarios con función específicamente minera (deberá ser un profesional ingeniero en Minas o Químico, geólogo, biólogo o técnico universitario en Minas), función ambiental (especialistas en medio ambiente, licenciado o técnico) y un tercer subsecretario con objeto amplio cuyo cargo puede ser ocupado por un geólogo, biólogo, ingeniero o técnico universitario.

El municipio de Iglesia viene desde hace décadas intentando legislar sobre la actividad minera y siempre hubo ediles que buscaban la confrontación directa con las empresas -con un ánimo político y demagógico, sobre todo– y otros que temían las responsabilidades civiles por promover algo que a todas luces luce como inconstitucional.

La nueva ordenanza indica que la versión más confrontativa es la que ganó y que busca en especial esconder toda la información relevante a qué es lo que hizo Iglesia con los cientos de millones de dólares con las regalías mineras. De eso no hay normativa, pedido de informes, o listado de obras que se hicieron.

Fuente: Minería & Desarrollo