Para desarrollar la industria minera, lo más importante, es el recurso. Pero, en una minería moderna, pasar del recurso a reservas y a la extracción y comercialización, es imposible sin política de Estado. Y cuando hablamos de política de Estado, nos referimos primero a la política nacional y provincial en general, y luego a la política minera en particular. Esto se explica muy fácilmente con algunos ejemplos: a nivel internacional, compartiendo la Cordillera con Chile, este país se ha desarrollado como potencia mundial minera, fruto de su política de Estado; mientras desde este lado, la Argentina sin política de Estado, continúa con una minería primaria, cuasi colonial y escasamente desarrollada. Si vamos a las provincias, las políticas de San Juan y Santa Cruz, han hecho crecer la minería; mientras provincias como Chubut y Mendoza con múltiples recursos mineros, carecen de minería metalífera. Recientemente La Rioja, puso en marcha su política minera con la Ley N° 10.608, y ha posibilitado volver a tener exploración en su territorio, incluyendo perforación de pozos luego de más de 20 años de abandono; mientras en otras provincias, siguen durmiendo el uranio, el oro y otros metales, aún con inversores interesados en el recurso.

La minería moderna en Argentina, podemos decir que comenzó en el año 1993 con la sanción de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras. Trataremos de explicar como la industria, luego de un comienzo auspicioso, pasó a un período de amesetamiento, y a partir del 2016 ingresó en un tobogán declinante, caída que hasta el momento parece irreversible, y -lo peor-despreocupante para quienes tienen la responsabilidad de ocuparse del tema. El proceso de declinación desde el punto de vista político es transversal, ya que abarca todas las gestiones desde enero 2016 hasta marzo 2024 (fecha de publicación de esta Nota).

Lo que comenzó de modo auspicioso para la industria minera en 1993, tuvo su cumbre en el año 2012 donde las exportaciones alcanzaron 5600 millones de USD (sin litio), y a partir allí, ingresó en un cono de sombras, del cual, obnubilada por la propia torpeza, temores y avaricia de sus referentes, no puede salir. Sombras que a partir del 2016 se transformaron en penumbras, y a partir del 2018 hasta nuestros días en oscuridad. Esta Ley de Inversiones Mineras, debió haber sido reformada hace muchos años, por dos motivos principales: el primero, que al resultar un mecanismo promocional de inversiones, debe permanentemente ser adaptado a las nuevas realidades, más aún cuando en 1994 se puso en marcha la nueva Constitución Nacional, con el Art. N° 124 que le otorga el dominio originario de los minerales a las provincias. Otro, que resulta una ley sumamente cuestionada por gran parte de la ciudadanía por los privilegios que otorga al sector, en especial las exiguas regalías para las provincias dueñas del recurso. Haber insistido 30 años con esta ley sin reformas, de espaldas al pueblo, es de una ceguera incalificable.

La quietud legislativa, sin vueltas de timón, que acompañó la declinación de la actividad minera, también tiene de socio al Código de Minería, que data de 1886. Insistir con este cuerpo vetusto y arcaico, donde la mitad como mínimo de su articulado no tiene ninguna aplicación concreta, no sucede en ningún país minero del mundo. 

El devenir histórico de la ausencia de políticas de estado mineras, dijimos comenzó en el 2016, y como ha sido consecuente e invariable hasta hoy, darle un tratamiento cronológico no altera los resultados. No es más responsable la primera gestión, ni la última: lo son todas por igual. Por ello, y a los fines didácticos empezaremos por el final, y luego retomaremos el orden cronológico.

La Ley 24.196, que no fue reformada en su momento debido a la inacción del sector minero, tuvo una oportunidad inmensa e impensada a comienzos del presente año cuando el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de “Ley Ómnibus”. Este proyecto contenía un anexo muy importante para el sector minero, denominado Régimen De Incentivo Para Grandes Inversiones (RIGI). El mismo creaba un régimen promocional, protector y de incentivos para grandes inversiones en siete (7) industrias, entre ellas la minera. El RIGI establecía incentivos reduciendo Impuesto a las ganancias; creaba los Certificados de Crédito Fiscal para poder transferir el IVA a terceros sin necesidad de aprobación previa si AFIP; permitía computar el 100% de los importes abonados y/o percibidos en concepto del impuesto a los créditos y débitos bancarios como crédito del impuesto a las ganancias; eximía del pago de Derechos de Importación a bienes de capital y del pago de Derechos de exportación a las exportaciones para consumo; permitía progresivamente eliminar los productos de las exportaciones de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios; brindaba Estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.

Sin quererlo ni buscarlo, la minería se encontró con este verdadero “bonus track”, que le permitía salir de los privilegios exclusivos de Ley N° 24.196, e ingresar en un régimen más amplio y con mayores beneficios compartido con otras industrias. El efecto comunicacional hubiera sido inmediato. Días antes del ingreso del proyecto de ley al Congreso, el gobierno designó en la Secretaría de Minería de la Nación a Flavia Royón, en un “magic pass” desde la Secretaría de Energía del Kirchnerismo al gobierno de la Libertad Avanza, producto -decían- de un “acuerdo con gobernadores”. La lógica indicaba que la prioridad para la flamante Secretaria iba a ser sostener, y apoyar el proyecto del RIGI que se trataba en el Congreso y resultaba ampliamente beneficioso para la industria minera. Sin embargo, ni bien terminó la mudanza de oficina, la misma consideró más importante emprender un tour por Alemania y otros países europeos para “promocionar” nuestros recursos. Mientras la comitiva turística degustaba salchichas, birra y chucrut en tierras sajonas, se cayó la Ley Ómnibus en el Congreso. A su regreso, aparte no traer ninguna inversión de Alemania, la Secretaria fue eyectada del Gobierno Nacional por Twitter. Cabe imaginar la sorpresa de los supuestos inversores alemanes. Un auténtico papelón nacional e internacional.

Lo peor, es que este último grotesco de la minería argentina, no está fuera de contexto, sino que es coherente con el devenir histórico. Como dijimos, a partir del climax de 2012, la industria entró en crisis. En ese momento, no sonaron las alarmas, y era normal. La historia de los commodities de recursos naturales tiene estos vaivenes y por unos años no fue mucho más que eso. En diciembre del 2015, hubo un cambio de gobierno, e ingresó la gestión de Juntos por el Cambio. Pintaba bien: la minería tuvo rango ministerial, un largo anhelo de quienes participamos del sector de modo analítico y crítico y no de oportunismo. Se designó en el cargo a un experto, como Daniel Meilán. Las expectativas duraron menos que un suspiro, y comenzó la gran debacle minera, cuyos últimos episodios hemos observado en esta temporada de verano, con el festival alemán incluido.

Meilán (qepd), puso foco en revivir un nunca logrado y efectivo acuerdo federal minero. Fue un fracaso estrepitoso. Luego de su expulsión indecorosa (por su trayectoria no merecía ese trato) en el 2018, comenzó lo peor de la minería y el desinterés manifiesto del Estado. Desde entonces, y hasta hoy, se carece de política nacional sobre la minería. Meilán fue reemplazado por ignotos personajes, que de minería el único conocimiento era (con suerte) que minería, deriva de mina, pero no distinguían una mina de lápiz de un proyecto metalífero. El SEGEMAR, otrora centenario organismo del Estado que llevó a cabo la investigación geológica minera de base, y descubrió prácticamente todos los yacimientos metalíferos hoy en producción, fue reducido a un organismo circense, cuyo principal objetivo era promocionar la minería, a través de un trailer museo con juguetes que deambulaba por el país, generando gastos, viáticos y cero resultados comunicacionales. Hoy el trailer, herrumbrado y desvencijado descansa como chatarra en el predio del SEGEMAR. De organismo de investigación geológico minera a circo ambulante. Patético.

En diciembre del 2019, asumió el gobierno nacional la última versión del Kirchnerismo (o del Cristinismo). Contrariando los preceptos de Néstor (su creador), que sí le dio importancia a la minería en su gestión tanto como gobernador de Santa Cruz y presidente de la Nación, esta versión ridícula, hizo todo lo contrario. Inauguró el período del “como no me interesa la minería ni la entiendo, se la doy a los gobernadores y que no me jodan”. Los gobernadores beneficiarios de la sortija de la Secretaría de Minería de la Nación (San Juan y Catamarca), designaron en el cargo, a abogados ni siquiera mineros, sino solo aliados o subordinados políticos. El desprestigio y la falta de gestión fue total, incluyendo como subsecretaria a una socióloga, y como asesor, a una persona con prontuario de estar procesado penalmente y enviado a juicio por defraudación al Estado. Si la minería no se ha desarrollado en Argentina, nos lo merecemos. 

Volvamos al último episodio dantesco, que como dijimos, sucedió este verano. El caso es emblemático, y refleja el desinterés de quienes gobiernan y del sector propio que observa impávido. Un salto acrobático de la Secretaría de Energía de Sergio Massa durante su período como Ministro de Economía, a la Secretaría de Minería de Milei, no estaba en los cálculos de nadie. Una vez que la Secretaria kirchnerista/libertaria fue expulsada del gobierno por Milei (episodio narrado más arriba), durante un raid mediático de entrevistas en distintos medios, al ser consultada sobre como pasar del Kirchnerismo al gobierno Liberatario, se justificó diciendo algo parecido a que “la política minera de Massa y Milei era la misma”. Es decir, usó una suerte de silogismo aristotélico para dar sustento a su mudanza política, en el sentido: “Quiero trabajar con un político al que le interese la minería A Massa y a Milei les interesa la minería. Luego, quiero trabajar con Massa y con Milei”.

Silogismo que respeta las premisas y las proposiciones, pero que no respeta la realidad de hechos. En primer lugar, porque la política general de estado de Massa y Milei es diametralmente opuesta. Y en segundo lugar porque quedó demostrado que, dentro de esa política general, ninguno de los dos políticos tiene una política minera clara. Burlesco.

A modo de despedida, la ex Secretaria dejó una perla. Propuso la designación como Presidente del SEGEMAR, de un reconocido y de gran trayectoria geólogo minero, pero a la par le colocó como Secretaria Ejecutiva a una militante Kirchnerista sin conocimiento del tema, que pasó por distintos cargos en todos los gobiernos K. Y como no podía ser de otro modo, su primera medida, fue nombrar en el organismo a una pariente. La Biblia y el Calefón.

Desde primeros días del mes de febrero, la Secretaría de Minería se encuentra acéfala, al igual que el SEGEMAR. Se rumorean distintos nombres, algunos que ya fracasaron en la gestión, y hasta autopostulaciones de singulares personajes que nada tienen que ver con la actividad. Todo vale, y en el medio del desprestigio del cargo, y del olvido de los últimos 8 años, cualquiera se cree con mérito a encabezar -nada menos-, que la gestión minera nacional. Esperemos prime la cordura, y se designe urgente a un profesional minero de trayectoria, que genere consensos con las provincias, y posea la experiencia y conocimiento suficiente para intentar revertir esta tendencia decadente.

La ausencia de desarrollo minero en el país, no es casualidad. Tiene una causa eficiente en el desinterés que desde el Estado se viene manifestando con el sector desde hace poco menos que una década. No basta con tener recursos, si no se tiene una política de estado minera firme y perdurable.

Retomando la cita de Anaxímenes que encabeza la presente, en el Siglo VI a.C, el sabio griego postulaba que el principio de todas cosas y de los seres es el aire. En la minería argentina, el principio también es el aire, pero en los últimos años, un aire enrarecido: el humo.

Favio Casarín

 Geólogo y Abogado - Profesor de Derecho Minero

Prensa GeoMinera