En la Cámara Nacional de Apelaciones en la Comercial tramitan al menos tres causas en las que se investigan posibles hechos de estafas en maniobras vinculadas a la venta de cateos mineros en la provincia de Catamarca.

Se trata de operaciones que rondarían entre los 15.000 y 50.000 dólares, que fueron realizadas por una ciudadana con domicilio en la provincia de Buenos Aires. Ante el incumplimiento, los damnificados iniciaron demandas.

La apuntada es una mujer llamada María Fernanda Monteforte, con domicilio en un barrio privado de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, quien participa de varias sociedades empresariales vinculadas a la minería.

La acusan por incumplir contratos de inversión a personas a las que contactó para prometerles la compra de cateos de minería en Catamarca. En tal sentido, los afectados y denunciantes son personas del entorno de esta mujer, entre los que hay familiares, vecinos y amigos.

Uno de los contratos a los que accedió El Ancasti refleja que el inversor entregó a Monteforte la suma de 15.000 dólares “con el fin de adquirir derechos de exploración mineros en la Provincia de Catamarca, cuya producción es la arena de factura para pozos no convencionales de petróleo”.

Según este contrato, esa cifra se destina “a la adquisición de un cateo minero” identificado como “Cazadero XXII”, aparentemente ubicado en el departamento Tinogasta.

“Los derechos de exploración se encuentran a nombre de la señora Monteforte, por estar inscripta como productora minera. No obstante, Monteforte cede al inversor el producido de la explotación de la mencionada área”, reza el contrato, ahora cuestionado en la demanda.

“El producido de la explotación del cateo se liquida y se cobra a los doce (12) meses contados desde la fecha del presente, siendo el mismo de alrededor del 20% neto, habiéndose descontado ya el pago del canon. La explotación se realiza a través de la Cooperativa Provincial que es la encargada de liquidar el producido de la misma”, agrega la cláusula cuarta del contrato, que fuera firmado en mayo de 2021 en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el acuerdo señala que “para el caso que la comercialización de las arenas cese por alguna causa ajena a las partes, se liquidará el producido en la proporción al plazo correspondiente y se reintegrará la suma de capital aportado”. También pone algunos requisitos al inversor, por la obligación de comunicar con 30 días de anticipación si decide retirar la inversión.

Problemática

En febrero del año pasado en la Cámara de Diputados de la Nación se planteó la problemática respecto de la especulación inmobiliaria con pedimentos mineros en Catamarca en una reunión ampliada en la que participaron la entonces secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, y el ministro de Minería de la Provincia, Marcelo Murúa.

Ocurrió en torno a un pedido de acceso a la información que realizó el exdiputado nacional Rubén Manzi, que apuntaba a conocer cuántas son las pertenencias mineras que se solicitaron desde 2017 hasta ese momento, discriminadas por año; cuáles son las empresas concesionarias que solicitaron pertenencias mineras desde 2017 a 2022; cuántas hectáreas solicitaron y cuántas fueron efectivamente otorgadas, desagregado por entidad concesionaria; y cuáles son los minerales demandados en cada concesión.

La sospecha es que muchos pedimentos se entregaron con fines meramente especulativos, sin intención de inversión, pero para luego venderlos en el mercado inmobiliario.

A fines de 2022, el Gobierno de Catamarca modificó el Código Minero y se incorporó una posibilidad para desadjudicar los pedimentos. Ahora, quienes tienen permisos mineros y no invierten en ellos reciben una caducidad de ese pedimento y se le otorga a la empresa estatal CAMYEN una prioridad de 30 días para obtener los derechos.

Actualmente la firma provincial posee casi 200 pedimentos, aunque reconocen que hay más de 4.000 áreas mineras.

Fuente: Minería & Desarrollo | El Ancasti