En las primeras manifestaciones públicas del gobernador Alfredo Cornejo y la Ministra de Energía y Ambiente hicieron mención específica a la minería del cobre, a la que aparentemente pretenden desarrollar. La citada funcionaria ..."aseguró que habrá un impulso para la actividad minera y, específicamente para la exploración" (Memo, 10/12/23). Además ..."destacó que la provincia de San Juan, tiene su mayor movimiento en materia minera alrededor de la exploración, por encima de las minas que tienen operativas, que son dos".

En la misma crónica hizo mención al rol de la empresa estatal Impulsa Mendoza como facilitadora, afirmando que ..."el modelo de Impulsa está contextualizado en una macroeconomía que por lo turbulenta, inestable e incierta, requiere de que el Estado genere esas oportunidades y vaya a buscar a esos inversores. Lo que se busca es que el privado tome el riesgo y desarrolle estas actividades".

La comparación con San Juan es importante porque hasta la fecha las empresas internacionales invirtieron en esa provincia cientos de millones de dólares en exploración de la minería metalífera mientras que en Mendoza, desde el 2007 en adelante, no invirtieron un solo dólar.

El resultado de esa diferencia es muy grande. Siendo dos provincias con similar potencial geológico minero, en San Juan ya se cubicaron unos cuarenta millones de toneladas de cobre metálico contenido en cinco yacimientos mientras que en Mendoza solo hay un millón de toneladas que se cubicaron antes del 2007.

Estamos seguros que los funcionarios saben cual es el verdadero motivo de la enorme diferencia entre ambas provincias pero lo ocultan respetando la hipocresía que caracteriza a nuestra clase política cuando hablan de minería.

Los políticos de San Juan nunca dictaron leyes ni actos administrativos que pusieran trabas al libre ejercicio de la profesión de ingenieros químicos y metalurgistas o que afecten la seguridad jurídica de las inversiones en cualquiera de las etapas de la actividad.

Los políticos de Mendoza hicieron exactamente lo contrario. Y todo comenzó formalmente en el año 2005 cuando la empresa DEPROMIN S.A. (del Grupo Lundin) quiso iniciar una primera etapa de exploración en un afloramiento de un yacimiento de cobre en el arroyo Papagayos, en un contexto geológico parecido al de la mina El Teniente, (50 kilómetros al oeste, en Chile), que es una de las minas de cobre mas grandes del mundo (Minería:Perón y después", Editorial Dunken, 2021)

La respuesta de nuestros políticos fue agrandar el área natural protegida "Laguna Diamante" mediante la sanción de la Ley Nº 7.422 que tuvo la única finalidad de anular las posibilidades de la empresa de explorar en ese lugar. Esa finalidad fue meticulosamente ocultada en el texto de la norma pero hubo un funcionario que se escapó de la hipocresía y dijo la verdad.

Fue el subsecretario de Ambiente, Gustavo Morgani, que con más sinceridad que los legisladores manifestó que iban a ampliar las áreas protegidas en torno a otras reservas naturales con la intención de desalentar la explotación minera (Diario UNO, 08/09/05). Vale la pena agregar que al día siguiente renunció el Director de Minería, Carlos Monjo, manifestando su total desacuerdo con lo que se estaba haciendo.

A partir de esos acontecimientos se comenzó a gestar una gran desconfianza, tanto en el ámbito empresarial como en el de sus asesores. Esa desconfianza se incrementó con la sanción de la Ley Nº 7.722 en el 2007 que, además de imponer prohibiciones discriminatorias para los profesionales del sector, habilitó a los legisladores subir o bajar el pulgar ante un proyecto minero de acuerdo al humor político del momento.

Su aplicación quedó en evidencia en agosto de 2011. El entonces candidato a Gobernador por el Partido Justicialista, Francisco Pérez, manifestó a la prensa que había encargado a los diputados de su mismo color político que le bajen el pulgar a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de producción del yacimiento de cobre San Jorge.

Con ese acto de rechazo de un proyecto productivo la desconfianza alcanzó un máximo que todavía persiste. Es que en la mina de cobre San Jorge, desde la exploración hasta la factibilidad, los empresarios habían invertido unos 35 millones de dólares y con la decisión tomada por los legisladores esa inversión quedó totalmente perdida.

En este escenario la Ministra Jimena Latorre manifestó que va a promover la inversión privada "en exploración" con la ayuda de la empresa estatal Impulsa Mendoza. Aunque no haría falta decirlo, tenemos la obligación de advertir que los empresarios no son tontos y sus asesores tampoco. Seguramente preguntarán si, en caso de invertir en exploración, habrá alguna garantía de que no rechazarán el posterior proyecto de producción (art. 3º de la Ley 7.722) habida cuenta de que es la única manera de recuperar lo invertido.

Por todos los hechos ocurridos hasta ahora, tanto desde la Casa de Gobierno como desde la Legislatura, ningún político puede afirmar a un inversor internacional serio que acá hay seguridad jurídica y que lo que ocurrió con Arroyo Papagayos y con la mina San Jorge no se volverá a repetir. Las herramientas legales para volver a hacerlo y la hipocresía de la clase política siguen vigentes. No han cambiado.

EL AUTOR. Eddy Lavandaio. Geólogo. Matrícula COPIG 2774A. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza

Fuente: Memo