A diferencia de otros momentos de la historia económica argentina donde la recuperación de los niveles de actividad se producía con la certeza de poner en funcionamiento la capacidad instalada existente, en el actual momento histórico el propio proceso de salida de la crisis implica un cambio tecnológico forzado por la emergencia del calentamiento global.

En ese sentido, el proceso de recuperación de los niveles de producción y distribución a nivel mundial en lo que aparece como la etapa pos pandémica enfrenta, no solo las restricciones propias de una amenaza que nadie puede dar por finalizada, sino también los condicionamientos que impone el calentamiento global. Ya no aparece como posible y deseable recuperar la senda del crecimiento económico con el paradigma tecnológico existente, centrado en la energía producida a partir de combustibles fósiles.

Argentina enfrenta el desafío múltiple de superar las restricciones de una estructura económica desequilibrada[1] con un crecimiento restringido por la balanza de pagos[2] y hacerlo en el marco de una transformación tecnológica forzada por el cambio climático.

Una forma gráfica de visualizar esta dinámica histórica es corroborar que desde 1974 hasta el 2020 se sucedieron 21 años de ciclos recesivos producto de ajustes forzados por la balanza de pagos o de shocks externos (Figura 1). La recuperación económica a partir de la contracción del producto del 9,9% en el año 2020, se dará en un nuevo contexto donde los cambios en la matriz energética serán uno de los principales vectores de desarrollo.

Difícilmente se puedan encarar las políticas de desarrollo con inclusión, que la hora impone sin una visión de conjunto de los recursos y herramientas con que contamos, como así también del impacto esperable sobre cada sector de nuestra economía.

La presente nota pretende ser una primera aproximación de temas a conceptualizar y resolver en el sentido de impulsar un plan nacional de desarrollo que resuelva al mismo tiempo las restricciones históricas de nuestra estructura económica y nuestra inserción en el mundo aportando al desafío del desarrollo sostenible.

Respecto de la relación entre la estructura económica y las emisiones, al año 2016 el Inventario de Gases de Efecto Invernadero[3] (GEI), identifica emisiones netas por 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) de los cuales el 53% corresponde al sector energía; el 37% al sector agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra; el 6% a procesos industriales y uso de productos y un 4% a residuos (Figura 2).

Un análisis temporal de las emisiones de GEI (Figura 3) permite identificar el periodo de crecimiento de las mismas hasta un máximo en el año 2007 y a partir de ese año, un proceso de reducción de emisiones netas producto fundamentalmente de la desaceleración del proceso de desmonte logrado a partir de la promulgación de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Dos momentos marcan las metas a cumplir por parte de nuestro país en el contexto internacional: por un lado, los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París y ratificados y especificados en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional[4] (NDC) de la República Argentina presentada en diciembre de 2020; y por el otro, el objetivo de lograr la neutralidad en las emisiones al año 2050.

En la Segunda NDC, nuestro país actualizó su compromiso con la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, presentando una meta de mitigación más ambiciosa que la de la anterior contribución, realizada en 2016. La nueva meta nacional de mitigación es absoluta, incondicional y aplicable a todos los sectores de la economía. A través de ella, el país se compromete a no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e para el año 2030, lo que equivale a una disminución total del 19 % de las emisiones en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en el año 2007.

Respecto a alcanzar la neutralidad de emisiones al año 2050, esto implica alcanzar un resultado neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esto es, emitir a la atmósfera la misma cantidad de gases que se absorbe por otras vías. Con ese objetivo se encuentra en elaboración la Estrategia a Largo Plazo a 2050 y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 27.520.

El logro de los objetivos propuestos, de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e al año 2030 y lograr la neutralidad en las emisiones al año 2050, implica cambios sustanciales en la lógica general de la producción, afectando al conjunto de los sectores económicos.

Si bien Argentina aun importa combustibles para su matriz energética, posee reservas comprobadas[5] de hidrocarburos (petróleo y gas) convencionales y no convencionales para cubrir su demanda interna al 2050 y capacidad para exportar los excedentes.

La situación económica y social del país, agudizada por el endeudamiento externo y las crisis recurrentes en la balanza de pagos, incentiva a pensar políticas que tiendan a resolver estos aspectos críticos en el marco de la necesaria transición energética hacia una matriz neutral en emisiones.

En esas ventanas de tiempo (años 2021-2030-2050) es necesario determinar cuánto petróleo y gas consumiremos para nuestro desarrollo en una rampa decreciente al 2050. Asimismo, se requiere identificar cuáles son los incentivos necesarios para su exploración y explotación incorporando, no solo aspectos económicos, sino también criterios termodinámicos en relación a la eficiencia energética para su explotación y condicionamientos ambientales con un horizonte más allá del 2050.

Es necesario establecer los mecanismos de determinación de precios de comercialización en el mercado interno; cuáles son los saldos exportables generadores de divisas y el destino prioritario de la captura de renta destinada a la inversión en infraestructura energética baja en emisiones GEI.

La dependencia económica y financiera de un conjunto de provincias respecto de la explotación de hidrocarburos implica un replanteo a gran escala no solo de los mecanismos de captura de dicha renta, regalías y participación de las empresas provinciales de energía y minería, sino también de su uso en la reconversión de la matriz energética y productiva.

A pesar de la difícil situación presupuestaria de las provincias, es necesario replantearse cuánto de los ingresos por regalías se utiliza para gasto corriente y cuánto se destina a infraestructura energética.

Un ejemplo virtuoso de políticas orientadas a la transición energética es la reciente licitación del área petrolera “Medanito Sur” en la Provincia de La Pampa. Los interesados deberán presentar un proyecto para la construcción de una o más plantas de generación de energía a partir de fuentes renovables. La planta deberá ser entregada bajo la modalidad “llave en mano” a Pampetrol SAPEM, quien detentará la titularidad de la misma y comercializará la energía producida dentro del sistema eléctrico provincial para atender a las necesidades y consumos de la sociedad pampeana.

Quien resulte adjudicataria de la licitación podrá además asociarse con Pampetrol, hasta un 50 % en la generación y venta de energía si decide invertir por encima del monto de inversión mínima.

Con esta modalidad, se promueve la reconversión energética a través del aprovechamiento de la renta obtenida de la explotación hidrocarburífera para apalancar proyectos de generación de energía limpia.

Un párrafo aparte merece la gestión de pasivos ambientales producto de la actividad. Con un horizonte de neutralidad de las emisiones al año 2050, es necesario garantizar el tratamiento de los pasivos simultáneamente con la explotación de hidrocarburos, para minimizar la acumulación de stock de pasivos al 2050.

La matriz energética ira evolucionando de la situación actual a una con mayores componentes de base hidroeléctrica y nuclear con expansión de renovables, eólica y solar, nuestra extensión territorial y capacidad de manejo sobre tecnologías especificas constituyen una fortaleza importante a la hora de avanzar en la transición.

Esa fortaleza se hace más evidente cuando incorporamos al análisis la disponibilidad de minerales críticos, insumos indispensables del cambio tecnológico en desarrollo.

Estas ventajas que, gestionadas adecuadamente pueden significar un cambio en la trayectoria de crecimiento con inclusión social de la Argentina, deben ser pensadas al mismo tiempo que se identifican los sectores productivos y fuentes de trabajo amenazadas por la transformación tecnológica forzada por cambio climático.

Interpretar sin ambigüedades el artículo 124 de la Constitución que establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio«, implica entender la dimensión sub-nacional de la dinámica de la transición energética; desarrollar una estrategia específica de fortalecimiento de las autoridades de aplicación provinciales (Ambiente, Minería, Hidrocarburos) y perfeccionar los modelos societarios que han desarrollado las provincias en relación a las actividades extractivas.

En los próximos meses, se desarrollarán debates y se tomarán decisiones sobre aspectos críticos en relación a la mitigación y adaptación al cambio climático como así también a la transición energética. Se debatirá en el Congreso la ley de hidrocarburos, se avanzará en el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino[6] y se asumirán compromisos en la cumbre climática de Glasgow en noviembre.

La salida de la crisis del COVID19 se dará en el marco de un cambio tecnológico de dimensiones mundiales, entenderlo y entender nuestros intereses, capacidades y amenazas en ese marco es la primera condición para transitar ese camino en beneficio de los argentinos.

Por Alberto Gurruchaga

Economista, Magister en Gestión Sostenible del Ambiente.

[1] Marcelo Diamand. La Estructura Productiva Desequilibrada Argentina y el Tipo de Cambio.

Desarrollo Económico Vol. 12 N° 45. 1972.

[2] Anthony Philip Thirlwall, “The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences”, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, vol. 32, núm. 128, 1979, pp. 45-53

[3] https://inventariogei.ambiente.gob.ar/

[4]https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Argentina%20Second/Argentina_Segunda%20Contribuci%C3%B3n%20Nacional.pdf

[5]http://www.energia.gob.ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/informacion_del_mercado/mercado_hidrocarburos/informacion_estadistica/reservas/reservas_al_31-12-2020.zip

[6] https://www.argentina.gob.ar/produccion/plan-estrategico-minero

Fuente: Ahora Córdoba Noticias / acnoticias.ar