El pasado 26 de agosto, PERFIL publicó una nota en base a afirmaciones del profesor de Enseñanza Media y Superior en Historia y becario doctoral CONICET Jonatan Núñez, donde se entremezclan algunos datos y varias inexactitudes sobre la industria del litio en la Argentina. Para tener una discusión constructiva, es necesario que las opiniones y debates se funden en información correcta, por lo que desde el Observatorio Argentino para el Desarrollo Sostenible (OADES) nos vemos en la obligación de aclarar algunos puntos de dicha nota que contradicen los datos disponibles públicamente.

Si bien es cierto que la Argentina, Chile y Bolivia constituyen los vértices del denominado “triángulo del litio”, por el total de recursos identificados, es importante destacar que el principal productor mundial es Australia con un 50% de la producción. En este punto, cabe destacar que “recursos” no es sinónimo de “reservas”. En la minería, las reservas de minerales metalíferos y no metalíferos pueden ser integradas en un proceso productivo que finalizará en material comercializable.

Para el caso particular, las reservas de litio pueden formar parte de un proceso productivo que finalizará en la obtención de mineral expresado como carbonato de litio equivalente (LCE por sus siglas en inglés). Constituir recursos en reservas no es nada sencillo, dado que los minerales deben ser comercialmente viables y técnicamente extraíbles, en el marco de un consenso social que involucra a múltiples actores. Sin estas variables resueltas, los recursos jamás se convertirán en reservas, como tampoco las oportunidades en realidades. Así —en términos de LCE—, la Argentina cuenta con recursos identificados de 102 millones de toneladas y reservas de 11 millones de toneladas. Estos niveles nos ubican en segundo lugar mundial en cuanto a recursos, detrás de Bolivia, y en el tercer lugar en cuanto a reservas, detrás de Chile y Australia. Ahora bien, al analizar la producción de LCE durante el año 2020, se observa que la Argentina se ubicó en el cuarto lugar con un registro de 33.000 toneladas métricas de LCE, detrás de Australia (212.000 Tm), Chile (95.000 Tm) y China (74.000 Tm).

Aunque es cierto que el litio tiene una fuerte perspectiva de crecimiento en las próximas décadas, la idea de “oro blanco” parece remontarse a la mitología fundacional de “El Dorado” al que debemos el nombre del Río de la Plata. Y aunque no hay duda de que la explotación de este mineral aumentará ingresos y dinamizará una de las regiones más postergadas del país, sería exagerado pensar que nos encontramos ante una “Arabia Saudita” criolla. Para ponerlo en contexto, la producción mundial de LCE se ubica en el orden de 437.000 Tm, lo que representa aproximadamente 3.200 millones de dólares. Si bien es un mercado atractivo, no es comparable con otros mercados de envergadura. Por ejemplo, la producción mundial de cobre en el año 2020 se mantuvo en los 20 millones de toneladas, representando —a precios promedio— un volumen comercial de 123,5 mil millones de dólares. Es decir, las expectativas son prometedoras, pero aún queda mucho camino por recorrer.

En la nota se afirma que en la Argentina “la tonelada de litio vale 9 mil dólares, mientras que en Chile cotiza a 13 mil dólares”, deslizando que nuestro país estaría comercializando el litio a un valor por debajo del vecino trasandino. Para ello se nos ofrece la comparación del precio promedio de exportación de la tonelada de litio en ambos países. Lo que subyace a este señalamiento es un profundo desconocimiento del sector por parte del Sr. Núñez, ya que ni la Argentina ni Chile venden litio a secas, sino compuestos con diferente grado de pureza.

Argentina comercializa carbonato y cloruro de litio; en el caso del carbonato, con diferente grado de pureza: grado batería (99,5%), grado industrial (99,0%) y grado técnico (98,5%), que implican precios diferentes. Mientras que en el caso de Chile, a estos compuestos se le agrega producción de hidróxido de litio, que tiene un precio más elevado en el mercado si se lo compara con el carbonato.

Dentro de las inexactitudes publicadas, es posible que la débil explicación con respecto al aporte de la minería en las provincias sea la más alejada de la realidad. En este caso, el Sr. Núñez explica que, de los ingresos generados por las empresas mineras, sólo el 3% correspondiente a regalías queda en la provincia. Esto es repetido constantemente, pero está muy lejos de la realidad, ya que se omite la gran mayoría de los gastos que efectúan las empresas mineras, que también quedan en la provincia y el país, tales como impuestos nacionales (Ganancias, contribuciones a la seguridad social, impuesto al cheque o retenciones a las exportaciones), salarios de los trabajadores o compras a proveedores nacionales (como por ejemplo a empresas constructoras de las minas, reparadoras de las máquinas que se usan en los yacimientos, a YPF —que les provee gasoil—, a empresas industriales —fabricantes de ropa de trabajo, explosivos o bienes de capital—, de catering, de servicios profesionales —como por ejemplo geología—, de transporte de mercaderías y trabajadores a las minas), entre otros. Cuando todo esto se pone en la cuenta, tenemos que de cada 100 pesos que produce la minería metalífera, 70 quedan en el país y 30 se van al extranjero bajo la forma de importaciones de insumos que no se encuentran en el país y utilidades.

Veámoslo más en detalle. Los registros elaborados por el OADES en base a balances de las empresas, información de organismos oficiales y los presupuestos provinciales muestran que los ingresos se reparten en compras a proveedores nacionales como los ya mencionados (34%), impuestos nacionales (19%), impuestos provinciales y fondos fiduciarios (6%, aquí entran las regalías), salarios (9%), importaciones de insumos y maquinarias (9%) y utilidades empresariales (23%). La distribución de los impuestos totales guarda una relación entre Nación y Provincias del 80%-20%, que luego de la coparticipación federal termina siendo de un 60%-40%. Este punto claramente puede ser objeto de consideración para establecer una relación de mayor equidad entre Nación y Provincias; sin embargo, la omisión de esta variable es una distorsión burda por parte del Sr. Núñez. Por otro lado, el Sr. Núñez también omite que las provincias recaudan ingresos brutos por efecto de las ventas de los proveedores locales (en general, la gran mayoría de los servicios de transporte, construcción, catering y de reparaciones de equipos suele darse en las propias provincias) a las empresas mineras.

En el caso particular de Catamarca, que junto a Salta y Jujuy constituyen la principal región con potencial productor de LCE, existe la Ley de Compre y Contrate Catamarqueño. Lejos de existir una regulación “blanda”, la realidad les exige a las empresas realizar sus compras de bienes y servicios —cuando la oferta exista—en la provincia; a su vez, en este caso el marco regulatorio obliga a las empresas a garantizar una relación de compras mayoritaria en favor de empresas catamarqueñas. Esto genera, en determinados casos, incentivos para el desarrollo de proveedores locales. Por otro lado, deben respetar una relación de 70%-30% en la contratación de trabajadores locales, tanto en los establecimientos propios como en cada uno de los proveedores, siendo la Policía Minera la responsable de controlar habitualmente esta relación. En este último caso, no debe obviarse que la minería metalífera y del litio fue en 2020 la actividad de mayores salarios de toda la economía y, en el caso de Catamarca, registró remuneraciones promedio 3,3 veces mayores al promedio provincial general. A su vez, se trata de una actividad que, de acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, tiene una accidentabilidad muy inferior a la media; asimismo, la minería es, junto con los hidrocarburos, la actividad de mayor formalización de toda la economía, con 9 de cada 10 empleos formales. Estos detalles son totalmente olvidados por el becario CONICET.

Otro punto que en el citado texto se aborda de manera simplificada e inexacta se relaciona con los aspectos fiscales entremezclados con los controles sobre la producción. La Ley 24.196 establece en el artículo 8 que los proyectos mineros gozan de estabilidad fiscal por 30 años a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad. Este marco regulatorio no es producto de la casualidad o el capricho de un gobierno en particular. Por el contrario, responde a una característica sectorial que busca garantizar cierta estabilidad económica. Vale decir, los proyectos mineros tienen una vida útil promedio de entre 20 y 30 años; de cada 100 prospecciones, sólo 3 llegan a producir industrialmente, y sobre todo requieren una fuerte inversión inicial, categorizada como de alto riesgo. Por lo tanto, las decisiones de inversión se centran en el análisis del valor actual neto (VAN), entre otras variables, y ello requiere necesariamente de estabilidad fiscal, económica y financiera hacia el futuro, las cuales en la Argentina son muy difíciles de estructurar. Son las mismas razones por las que otros sectores de retornos a largo plazo, como el forestal, también poseen estabilidad fiscal (33 años conforme Ley 24.857).

En este mismo aspecto, se debiera dimensionar que tanto Chile como Perú, competidores directos con nuestro país, incluyen en sus regímenes fiscales para la minería, la invariabilidad tributaria, y gozan de una presión tributaria mucho menor a la argentina. Por otro lado, es totalmente falso que el Estado no regula la extracción. Los Estados provinciales sí la regulan; en el caso de Catamarca, los organismos de control son el Ministerio de Minería y la Policía Minera y —por supuesto— el Ministerio de Ambiente. Y a la hora de exportar, no son las provincias las que exportan, sino el país, de modo que las regulaciones y controles ligados al comercio exterior son nacionales.

Desde OADES creemos necesario un debate constructivo sobre las posibilidades nacionales de desarrollo. Para ello, la Argentina requiere en el corto plazo generar trabajo y superar la escasez de divisas que limita las posibilidades de crecimiento de los salarios. De otra manera, seguiremos con falta crónica de divisas y presiones devaluatorias manteniendo a la economía sin posibilidad de crecimiento y a nuestra población pobre. Superar tal escasez es fundamental para que tengamos estabilidad macroeconómica y ello, junto con una activa planificación estatal, es fundamental para reducir el intolerable 42% de pobres que tenemos hoy. En este marco, necesitamos fomentar y desarrollar sectores productivos capaces de generar las tan necesarias divisas —esto es, sectores que puedan exportar— procurando por supuesto minimizar el impacto sobre el ambiente. Por ello, difundir información que carece de rigor científico sólo aporta confusión y reduce las posibilidades de avanzar en los consensos necesarios para lograr el bienestar de los argentinos.

*Manuel M. Cruz: Observatorio Argentino para el Desarrollo Sostenible (OADES).

Fuente: Perfil