El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó un decreto de nacionalización del litio que genera entusiasmo en un sector del Frente de Todos. A poco de conocerse el anuncio, varios diputados y dirigentes de la coalición oficialista festejaron la medida adoptada por el país centroamericano y reclamaron al Gobierno que avance sobre los mismos pasos que su aliado regional.

Al unísono, los diputados nacionales Itai Hagman, Juan Carlos Alderete y Juan Marino celebraron la decisión de AMLO de crear un monopólio público en México en torno a la explotación del mineral estrátegico para la transición tecnológica. Son tres legisladores que pertenecen al espectro de la izquierda del Frente de Todos e integran partidos políticos diferentes: el Frente Patria Grande, la Corriente Clasista Combativa y el Partido Piquetero.

“El Partido Piquetero saluda la nacionalización del litio anunciada por @lopezobrador_. Reivindicar a Cárdenas por nacionalizar el petróleo es un hito fundante del trotskismo de liberación nacional. Como en Bolivia y en México, impulsamos la soberanía argentina del litio”, publicó Juan Marino en su cuenta personal de Twitter. Alderete, de la CCC, destacó la medida por el mismo medio y citó la prédica de López Obrador. “Para que no lo puedan explotar extranjeros. Ni de Rusia, ni de China, ni de EEUU. El petróleo y el litio son de la nación. Del pueblo de México”, parafraseó el legislador al mandatario.

En Argentina, el litio aportó el año pasado unos USD 696 millones a la economía nacional. La cifra representa el 18% del total de las exportaciones mineras del país, que alcanzaron el récord de USD 3.857 millones. Se trata de una actividad que aún está en desarrollo y que tiene como principal base de asiento las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta. La región integra el denominado “triángulo del litio” del que forma parte Argentina, Chile y Bolivia.

Al operativo “clamor” para nacionalizar el mineral se sumó la voz de Juan Grabois, el dirigente del Frente Patria Grande. El influyente líder social planteó en una entrevista su acuerdo con la medida del presidente mexicano. “Ayer, López Obrador, que no es Fidel Castro, nacionalizó el litio porque está protegiendo a su pueblo. No es un problema ideológico. No hay conciencia de la voracidad de los sectores del poder concentrado multinacionales sobre los recursos. El más mínimo sentido patriótico tiene que impulsar a los dirigentes de todos los partidos políticos a defenderlo. No podemos entregar así los recursos”, deslizó.

En una similar tesitura, Hagman -también integrante del Frente Patria Grande- resaltó que la nacionalización adoptada en México “marca el camino de la soberanía” y recordó que la potencialidad argentina “en este área es enorme, pero si no damos estos debates corremos el riesgo de convertirnos en un engranaje del neocolonialismo, sin nuestros recursos y con pobreza”.

Uno de los mensajes de los diputados del Frente de Todos a favor de la nacionalización del recurso

En lo concreto, la estrategia de AMLO implica la revisión de tres concesiones que otorgó el gobierno anterior a la minera británica Bacanora Lithum, propiedad del conglomerado chino Ganfeng Lithium. Ese contrato está siendo revisado actualmente luego del decreto anunciado.

En la provincia de La Rioja se avanzó el año pasado con una medida similar, aunque con objetivos menos ambiciosos a los de la nacionalización mexicana. Allí se suspendió por 120 días los permisos otorgados de exploración y concesión de litio y declararlo como “recurso estratégico” y de “interés público”. La nueva normativa generó un fuerte reproche de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que alertaron por los posibles perjuicios de la legislación al desarrollo de la actividad en la región.

Según las explicaciones expertas y de los funcionarios especializados en el área, la estrategia de nacionalización de minerales en Argentina entra en conflicto con la Constitución Nacional, que establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, que reciben un 3% en concepto de regalías por la producción en boca de mina. Por lo tanto, cualquier tipo de explotación al Estado nacional requiere ser compartida o cedida a la Nación con una previa autorización de las jurisdicciones locales.

Uno de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Litio es la baja participación que están teniendo las provincias en las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas, luego de que el año pasado la tonelada de carbonato de litio superó los 72 mil dólares. Con ese panorama, se avanzó en implementar medidas que incentiven a la industrialización del mineral en proyectos de agregado de valor. Se trata de un esquema que imita al “modelo chileno”, aunque en Argentina se percibe menos recursos fiscales en relación al país vecino a través de las regalías.

Entre los gobiernos provinciales existen desacuerdos políticos sobre cómo avanzar en la producción de los salares, algo que atraviesa tanto al peronismo como a Juntos por el Cambio. Los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Raul Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) se oponen a la nacionalización y defienden el marco jurídico vigente. La Ley de Inversiones Mineras establece también una serie de beneficios a las empresas mineras como estabilidad fiscal por 30 años, posibilidad de deducir Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada del IVA, entre otros puntos. “Es un tema que requiere consenso ya que involucra a las provincias que hoy administran el recurso y una amplia discusión”, señaló a Infobae Roberto Salvarezza, director de YPF Y-TEC e YPF Litio.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raul Jalil (Catamarca) y Gerardo Morales (Jujuy) en la Mesa Nacional del Litio

La Mesa Nacional del Litio se creó como una alternativa a la nacionalización del recurso. Se trata de un espacio de articulación y coordinación mínima con el Estado nacional, donde están sentados tanto representantes del Poder Ejecutivo como de las provincias mineras. Pese a las diferencias y discusiones, lo cierto es que existe cierto malestar en torno a los beneficios económicos directos que actualmente trae la explotación del “oro blanco”, y ese diagnóstico es compartido en la dirigencia política.

Ahora bien, este trabajo conjunto con las provincias es observado de manera dispar en el Frente de Todos. Matías Capeluto, director de la Casa Patria Grande, apoyó la nacionalización y propuso avanzar en una cooperación regional. “Si bien en Argentina hubo destacados avances con la Mesa del Litio, nuestro diálogo con Chile y Bolivia por el triángulo del litio sigue estancado sin muestras de politicas conjuntas. Además tenemos que considerar que, aunque en menor proporción, en Perú y Brasil hay litio”, dijo el funcionario de Presidencia.

A nivel mundial, la presencia de litio sólo fue detectada en 23 países. El mineral es clave para la fabricación de baterías para celulares, autos eléctricos y otras tecnologías. Principalmente es explotado en Sudamérica y Australia, mientras que China controla la cadena de suministro.

“Cada uno de los países que tienen litio en LATAM están mirando para lados distintos y no existe una visión coordinada sobre qué hacer con este metal, es quizás la Celac o la nueva UNASUR 2.0 quienes pueden encarar un proceso de coordinación ¿una OPEP del litio?”, se interrogó Capeluto.

La expectativa oficial apunta ya no solo a atraer inversiones para la creación de salares y piletones. Ahora la apuesta tiene como objetivo industrializar el recurso. Con esa perspectiva se firmó un acuerdo entre Livent, una litífera con operaciones en Catamarca, e Y-TEC para la provisión de carbonato de litio para el desarrollo local de celdas y baterías de litio.

Al menos por los próximos 20 años, habrá una demanda internacional creciente del mineral, lo que se considera como una “ventana de oportunidad” para el país. Por lo pronto, desde la Mesa Nacional del Litio se acordó impulsar un paquete de leyes que incentiven el desarrollo de la cadena de valor vinculada al mineral, entre ellas, una ley de “cuotas” para el mercado interno, regalías móviles e incentivos a las empresas que se involucren en la actividad de electromovilidad.

Fuente: Infobae