La adopción de la electromovilidad en nuestro país puede parecer un debate anacrónico. Lejana nos resulta la idea de tener ciudades silenciosas y con aire limpio, libres del ronroneo de los motores y del humo tóxico de los escapes. Pero en esa distancia temporal subyace una oportunidad para reconocer la inminencia de este cambio de paradigma y de prever las herramientas necesarias para estar a la altura de los nuevos tiempos.

Aun así, esta discusión lleva ya su tiempo. En 2007, el expresidente de Israel y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, daba su total apoyo al tenaz emprendedor Shai Agassi en el Foro Económico Mundial de Davos, al entender -por motivos económicos, ambientales y geopolíticos- que el transporte terrestre debía librarse completamente de la dependencia del petróleo. Hoy la Unión Europea ya tiene su hoja de ruta, al establecer el 2035 como año límite para los motores a combustión interna.

Argentina no ha fijado aún una meta análoga, lo que no implica que no haya comenzado a dar sus primeros pasos en este camino. Hace varias décadas que en nuestro país se viene avanzando en la electrificación del transporte ferroviario de pasajeros (trenes y subtes), y ya hace algunos años que circulan distintos tipos de vehículos y dispositivos de movilidad personal eléctricos (monopatines, bicicletas, motocicletas, cuatriciclos, automóviles) e híbridos, tras haber recibido sus correspondientes homologaciones.

La necesidad de esta transición tiene que ver, por un lado, con el cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero en el marco de la acción climática y, por otro, con la reducción de la contaminación sonora y atmosférica que los vehículos a combustión interna provocan de forma directa en las áreas urbanas, causando graves problemas de salud pública. Adicionalmente, existe una necesidad de adaptar nuestras cadenas productivas a las demandas globales para que nuestra competitividad no se vea socavada.

En este contexto, nos enfrentamos a 5 principales desafíos para que nuestro país pueda zambullirse de lleno en este cambio de época:

1- Producción de baterías y gestión post consumo: los vehículos eléctricos requieren del uso de grandes baterías de litio. Argentina cuenta con una de las principales reservas de este mineral a nivel mundial, lo que brinda un enorme potencial para el desarrollo estratégico de la producción de los compuestos de litio y también de las mismas baterías. El gran desafío radica en idear soluciones para la gestión ambiental post consumo de los residuos de estas baterías, cuya vida útil posiblemente supere la de los propios vehículos. Esto le otorga al sector y a los gobiernos un tiempo adicional de al menos diez años para pulir la tecnología, construir las respectivas instalaciones y adaptar la normativa.

2- Infraestructura de carga: al momento, los vehículos eléctricos tienen una menor autonomía que los tradicionales, por lo que es necesario pensar alternativas para garantizar puntos de recarga en áreas urbanas y rutas del país, idealmente en esquemas de cooperación público-privados que permitan el desarrollo de una red amplia, competitiva y adaptada a las necesidades de los usuarios.

3- Matriz eléctrica: para que el uso de los vehículos eléctricos sea verdaderamente sustentable, es necesario descarbonizar nuestra matriz eléctrica. Esto se logra a través de la incorporación de fuentes de energía renovables (principalmente solar y eólica), que hoy en día apenas alcanzan a cubrir menos del 20% de la demanda del mercado eléctrico mayorista (MEM) argentino. De no hacer esto, estaremos usando electricidad producida principalmente a través de la quema de combustibles fósiles, es decir, emitiendo gases de efecto invernadero al momento de la generación.

4- Esquema tarifario: en línea con lo anterior, el esquema tarifario debe acompañar esta transición. En la actualidad, los combustibles fósiles están subsidiados en nuestro país, respondiendo a distintas necesidades sectoriales y estratégicas -un modelo que merece una verdadera discusión de fondo-. Estas políticas inciden en un menor costo de generación para la electricidad proveniente de fuente fósil. Su eventual continuidad obliga a diseñar mecanismos para armonizar dicho modelo con la necesidad de promover la compra y generación de energía de fuente renovable, resultando en costos y tarifas razonables para una electricidad más limpia.

5. Balanza comercial: el hecho de que los principales insumos para estos vehículos se producen en el exterior nos exige pensar planes para adaptar nuestro entramado productivo y promover el desarrollo tecnológico para que el salto a la movilidad eléctrica no altere la balanza comercial con un aumento en las importaciones.

En conclusión, es necesario pensar soluciones y encontrar consensos para diseñar de una vez por todas una hoja de ruta, porque la electromovilidad es modernidad, es salud, y es también inserción en las cadenas globales de valor, al resultar en una logística más eficiente y limpia que nos permita contar con productos y servicios con menor huella de carbono asociada. Abocarnos a esta discusión es imprimirle un sello de garantía a la competitividad futura de nuestro sector productivo.

Fuente: Infobae / Maximiliano Ferraro