Por Bruno Lazzaro

No es un problema nuevo. Pero crece. Avanza. Y a su paso, como era de esperar, remueve todo tipo de susceptibilidades en torno a una discusión con varios años de anclaje en aquellas jurisdicciones que cuentan con los recursos minerales para ser explotados.

Y pese a que las posturas en relación con el mismo tema son bien diferentes, acá no hay cuestiones de color político. Se trata, más bien, de una puja entre medio ambiente y economía.

Sin embargo, en los últimos días, la escalada dejó como resultado su primera baja política en torno a un conflicto entre Provincia y Municipio por la actividad minera. En concreto, el secretario de Minería de La Rioja, Herman Hunicken, renunció a su cargo en medio de presiones por el desarrollo de la actividad minera en la provincia. Y, aunque adujo que se trató de temas personales, fue difícil no vincular su decisión con el hecho de que en los últimos días había vuelto a tomar trascendencia el sector minero debido a que un intendente reclamó que habilitaran la minería en su departamento y los asambleístas salieran a cruzarlo.

Hunicken renunció en medio de presiones de los intendentes para que se habilite la explotación minera en la provincia. El tema volvió a ponerse en discusión cuando el jefe comunal de Felipe Varela, Yamil Sarruff, le pidió al gobernador Ricardo Quintela que lo autorice a desarrollar la minería en ese distrito. “Hay licencia social y seremos muy respetuosos del ambiente”, dijo.

Inmediatamente, desde la asamblea “Taku por el Ambiente del Valle del Bermejo” salieron al cruce advirtiendo que “no hay licencia social porque no hubo una audiencia pública, no se hizo una consulta popular”.

Licencia social. Dos palabras que son claves para entender desde qué lugar se paran aquellos intendentes que buscan plantarse de manos ante los gobiernos provinciales en pos de poder explotar la minería local sin los impedimentos jurisdiccionales que hoy, aseguran, limita su capacidad de crecimiento económico.

Autonomía municipal, las otras dos palabras que también ponen en evidencia los intendentes para poder avanzar en algo que, según su parecer, cuenta con el aval social y, por cuestiones de la propia carta magna provincial, bien podrían llevar adelante dada su libertad para tomar decisiones desde el ámbito comunal.

Pero no todo es tan fácil. Sarruf aseguró que “en el departamento tenemos empleados municipales de planta y cerca de 917 familias que contenemos, se hace difícil porque ya no podemos contener más gente. Creemos que la única salida es que se pueda activar el tema de la minería. En nuestro departamento hay licencia social sobre la minería”.

Sin embargo, cabe recordar que por medio del Decreto Nº 017, el gobernador Ricardo Quintela determinó que “será la autoridad provincial autorizada para otorgar mediante vista previa, eficacia jurídica a la resolución definitiva emanada de la autoridad de aplicación, en el caso de otorgamiento de permisos, concesiones mineras, ampliación y mejoras de pertenencias, autorización de cesiones de derechos mineros, como así también (sic) declare la caducidad o nulidad de permisos y concesiones”. La medida había sido anunciada por el mandatario en enero, en medio de las protestas antimineras con bloqueos selectivos en el departamento.

Sarruf, a su vez, aclaró: “Siempre respetando también los espacios antimineros, pero siempre tenemos que hablar con fundamentos y refutar cuando hablamos de impacto ambiental. Veo que ninguna empresa minera saca un crédito si después va a tener un impacto ambiental negativo, el Gobierno nacional o provincial le van a cobrar el desastre ecológico”.

De esta forma, el intendente consideró que es necesario apuntar al desarrollo de la minería: “Es importante para nuestro departamento que pueda haber minería así la gente nuestra puede tener un mejor sueldo. Cuando ingresa ese dinero no sólo lo gana el empleado minero, se reactiva la economía”.

El proyecto Malargüe

El jefe comunal de Malargüe (Mendoza), Juan Ojeda, tiene la firme intención de dar a conocer en los próximos días un proyecto que tiene como fin habilitar la minería metalífera en el departamento sur.

No se trata de una parada fácil. Ojeda viene con el antecedente directo del fracaso en la modificación de la ley 7722 a finales de 2019. Es por eso que ahora modificó el discurso y tomó la decisión de apalancarse en la autonomía municipal para que sea cada distrito quien pueda tomar sus decisiones “respetando y cuidando el ambiente”.

Como parte de ese armado, el intendente planea convertir la Dirección de Minería y “ascenderla” a Secretaría. Eso sí, no sin antes dar el paso indicado: elevar Ambiente a la categoría de Ministerio.

Los cambios están presentes en el texto, que por ahora está en una fase de revisión legal y técnica bajo la mirada de un equipo de abogados. Las modificaciones permitirían mayor cercanía geográfica para los organismos de control. Ese punto es parte de una serie de propuestas en torno a la revisión del impacto que pueda tener la actividad, y va en concordancia con distintos pedidos que se vienen haciendo desde que se busca reimpulsarla.

Si bien el gobernador Rodolfo Suarez manifestó que no insistirá en tratar de flexibilizar la 7722, en Mendoza se esperan algunas movilizaciones para salir nuevamente a las calles a defender la vigencia de la ley tal como se aprobó en 2006, durante la gestión de Julio Cobos.

La postura de Ojeda es firme: “El presidente (de la Nación, Alberto Fernández) no quiere hacer Portezuelo del Viento, no quieren El Azufre, no tenemos gasoducto, no podemos hacer nada con el río más caudaloso que corre por Mendoza ni sabemos si algún día podremos hacer alguna obra de infraestructura. Nosotros reclamaremos poder hacer minería en Malargüe. Los otros departamentos que tomen su decisión”, dijo semanas atrás.

Y agregó: “Tendremos que buscar acompañamiento político, la movilización del pueblo y si tenemos que convocar a una rebelión lo haremos, porque no podemos vivir más así. Es una cosa rara lo que pasa en Malargüe. Si realmente amamos a Mendoza y a Malargüe, lo vamos a lograr”.

Aquello que Ojeda no imaginó es que quién saldría a cruzarlo. Nada más y nada menos que un intendente del mismo color político que él: en este caso, Rolando Scanio, a cargo de la cercana San Carlos. “Esta ley prevé el cuidado del agua y sería contradictorio en este momento, en el que por la pandemia necesitamos más que nunca del agua para los cuidados contra el coronavirus, que se avance con algún proyecto que vaya a contaminarla”.

Las dos caras de Chubut

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, anunció en diciembre pasado la derogación de la ley de zonificación minera sancionada la semana pasada por la Legislatura provincial, que generó protestas y violentos incidentes de organizaciones ambientalistas y vecinos, y anticipó la convocatoria a un plebiscito “para escuchar a todas las voces del pueblo” en este tema. En concreto, la minería solo duró 5 días.

Así lo informó entonces el gobernador a través de su cuenta en la red social Twitter, luego de que se produjeran masivas marchas en rechazo a la ley. El mandatario afirmó que de esta forma abrirá “un nuevo proceso de diálogo social con todos los actores involucrados en este proyecto, ya sea que estén a favor o en contra”. Pero nada de eso pasó. No hubo plebiscito. Y por cuestiones políticas, el tema se corrió de eje.

No sin antes provocar que los intendentes de Telsen, Leonardo Bowman; de Gastre, Genaro Pérez; y de Gan Gan, Santiago Huisca, emitieron un comunicado conjunto en el que pidieron que se respete la voluntad de los vecinos de la Meseta Central que los votaron en el marco del apoyo a la ley de zonificación minera en la región.

“Cuando nos propusimos como candidatos a jefes comunales de cada una de nuestras localidades fuimos claros en nuestro diagnóstico y en nuestra propuesta: la Meseta Central requería la habilitación de la actividad minera”, agregaron Bowman, Pérez y Huisca. “Esta habilitación permitirá a la región salir de su ostracismo y brindará trabajo y seguridad a nuestra gente. Los vecinos nos acompañaron con la sana expectativa de hacer de la región una zona más habitable para ellos y para sus hijos”, sumaron.

Y para cerrar, dijeron que “luego de mucho esfuerzo” lograron “que la Legislatura del Chubut, por primera vez en su historia, tome en cuenta a la Meseta Central como sujeto de derechos, estableciendo un Plan de Desarrollo que garantiza el cuidado de nuestro ambiente y propicia el trabajo privilegiando la mano de obra local”. Pero todo cambió. Y ahora habrá que ver si realmente hay licencia social para volver a poner el tema en dicusión.

Fuente: Ámbito