Cuando comenzó la actual gestión de gobierno en diciembre del 2019, desde esta columna, señalamos la necesidad de revertir la nefasta gestión minera y energética de los años 2015/2019. Hoy, en medio de la actual crisis política, los rumores mencionan renuncias, fusiones de ministerios y de secretarias.

La energía y la minería, son dos de las actividades trascendentales y de las más importantes que pueden sacar al país de la crisis económico-social, y no pueden seguir siendo sortijas de reparto. Hoy, energía y minería son secretarías, prácticamente inactivas y hundidas dentro de ministerios devaluados, que no tienen nada que ver con lo que indican estas industrias. Existen cientos de secretarías dentro de distintos ministerios en el Gobierno Nacional. Pero, no existe ninguna de Energías Renovables o de Transición Energética. Toda una señal de un camino equivocado.

En materia de energía, la continuidad desde el gobierno de Cambiemos, nos arrojó a un festival de subsidios, de transferencia de renta –vía barril criollo, regímenes promocionales de gas- al sector privado petrolero y gasífero, y desabastecimiento de combustibles  - sobre todo gasoil, un insumo esencial-.

En minería, el escenario resultó peor, ya que al menos la actividad hidrocarburífera puede mostrar una Vaca Muerta en pleno desarrollo, mientras la minera se debate en una suerte de lamento y de disgregación territorial inaudita, con una cosecha productiva muy pobre. En los últimos doce años, la puesta en marcha de proyectos metalíferos fue además de escasísima, de yacimientos de baja envergadura. Solo podemos mencionar a Cerro Negro en Santa Cruz y Lindero en Salta. San Juan desde el año 2010 que no genera ningún nuevo proyecto. Catamarca, luego del cierre de Alumbrera en 2018, continúa con la añera Farallón Negro y el proyecto Fénix de litio (desde 1998). Los proyectos de litio en el NOA, algunos en factibilidad y construcción son la excepción, pero debido a la exorbitancia de la suba de los precios de carbonato e hidróxido de litio, y no por la existencia de una política minera nacional.

En todos estos años, han pasado distintas gestiones energéticas y mineras, según el color político gobernante (2010-2015; 2015-2019 y 2019-Actual). La diferencia fue solo en nombres. En los hechos concretos, no se observó ningún cambio de fondo, ni política de fomento o sustento efectiva. La gestión minera careció de autonomía, y de a poco cayó transformada en una oficina administrativa productora de estadísticas, cuya mayor decadencia se observó desde el 2018 en adelante. Desde perder la actividad minera el rango de Secretaría, hasta gestionar en cabeza de personas sin especialidad en la industria. Hoy la Secretaría de Minería, oficia de presentadora de las provincias en eventos mineros, donde se califica por ranking a éstas y no a la Nación en conjunto.

Esta anquilosidad desde el Estado, se transmitió y terminó por enmohecer a la dirigencia empresaria, que terminó transitando y acompañando el mismo camino, traducido en un discurso poco convincente, repetitivo, defensivo, que jamás logró torcer la voluntad de ninguna de las provincias con legislación antiminera. La inoperancia y falta de conocimiento tanto histórico, como de los territorios, hicieron caer en los últimos dos años, en el torpe intento de derogar las leyes antimineras en Mendoza (2020) y Chubut (2021), con un rotundo fracaso. Síntesis de una carencia absoluta de plan comunicacional, de falta de previsión, de timing. Este grotesco le costará a la industria años sin minería metalífera en Mendoza y Chubut. Sin embargo, no se tomó nota, y se continúa transitando con el mismo desdén.

Está claro, en primer lugar, que la culpa de haber perdido doce años de desarrollo minero no es de los antimineros. La responsabilidad de este fracaso colectivo es propia, en primer lugar del propio sector minero y en segundo lugar de la política. Todos comprendemos que una “Política minera” no es “manguear” regalías móviles, o “canjear” regalías por obras al estilo San Juan; o inventar mesas como el PEDMA o el MEMAC, solo para gastar presupuesto con cero resultados. Tampoco es cierto que la gente no escucha, o es ignorante, o el discurso antiminero prende más fácil, entonces se torna imposible lograr la tan ansiada licencia social. La gente entiende perfectamente, el error comunicacional es del emisor. 

Desde la consigna del párrafo anterior, entender que utilizar los mismos métodos que han fracasado, conducirá inexorablemente al mismo resultado negativo. No existe ninguna posibilidad de que la minería metalífera crezca de esta manera. Venderlo así, ya no es ni utópico ni ingenuo. Es una estafa.

Digámoslo claro: con la actual estructura, y con los mismos actores, no se producirá el cambio cualitativo que posibilite el desarrollo minero en todo el país. El camino es la política minera nacional, fuerte y continua desde el Estado y con participación del sector privado y las comunidades. Además de un Ministerio de Energía y Minería, deben configurarse dos empresas público privadas. Una para el sector hidrocarburífero que ya existe (YPF), y otra a crearse que debiera ser una Compañía Argentina de Minerales, dotada de un capital accionario mixto (Estado más inversión privada), con régimen de sociedad anónima. Es lo único que en el corto plazo puede generar confianza, la responsabilidad directa del Estado sobre un proyecto minero, que permita al mismo asociarse con los titulares de los derechos mineros en las distintas provincias con portfolio de proyectos que ya son conocidos y de rentabilidad asegurada.

Una Empresa Minera Nacional senior, dotada de recursos técnicos y profesionales con capacidad operativa. No confundamos este rol con el de las llamadas empresas provinciales mineras, que solo son apéndices burocráticos de la autoridad minera provincial.

La energía y la minería, en las actuales circunstancias globales, no pueden estar deambulando de un ministerio a otro como secretarías sin ningún tipo de peso político. Son temas serios, de gran proyección, y de oportunidad para el país. Sin más trámite de debe crear un Ministerio de Energía y Minería, dentro del cual se incluya un plan de consenso y políticas a largo plazo. No la caja vacía que resultó el efímero Ministerio del gobierno de “Cambiemos” que en menos de dos años lo disolvió, luego de esquilmar a los argentinos vía tarifas. Pero tampoco las inútiles e inservibles secretarías actuales.

Con la estructura actual, una política energética y minera nacional que tienda al desarrollo y culmine con años de frustraciones, es imposible. Y lo que se diga o aún se plasme en planes y proyectos, es difícil que pueda pasar el filtro de lo meramente declarativo. No es una cuestión de nombres, es una cuestión de estructura y peso político del sector en la jerarquía estatal. En la Argentina, esa posición, es casi lapidaria.

Del otro lado de la cordillera, que tantas veces mencionamos como ejemplo de los recursos mineros compartidos, Chile posee un Ministerio de Minería desde el año 1953, y en sus grandes lineamientos, no se ha movido en casi 70 años. Y la política de estado minera se ha fortalecido dotándola de organismos y empresas que vienen contribuyendo al fomento tanto de la pequeña y mediana minería, como a los grandes emprendimientos metalíferos, tales como la ENAMI, COCHILCO y CODELCO. Compartimos la cordillera, compartimos los recursos, pero lo que no compartimos es la forma de encarar el negocio minero, ni la importancia que se le otorga a la industria en la economía de cada país.

Si buscamos países no eminentemente mineros y que podríamos adoptar como modelo, está el caso de Perú, que posee el Ministerio de Energía y Minas, dividido en tres grandes Viceministerios de Electricidad, Hidrocarburos y Minería. Este Viceministerio de Minería, posee solo cuatro Direcciones, lo que demuestra que el peso político de un sector en el Estado no es cuestión de sumar cargos y burocracia, sino de tener funciones y la potestad de tomar las decisiones adecuadas.

Ejemplos existen, y muy cercanos. La ausencia de decisión, y de haber postergado a estas industrias, se está pagando actualmente y la pagarán mucho más caro las próximas generaciones.

Favio Casarín / Geólogo y Abogado

Fuente: Prensa GeoMinera