La minería salteña se posiciona en la demanda de puestos de trabajo en la Puna, con alto impacto en la recaudación impositiva por regalías y ya ocupa el segundo puesto en exportaciones provinciales. El presidente de la Cámara de la Minería de Salta, Carlos Ramos, habló sobre la responsabilidades que implica ese desarrollo en cuanto a los controles que se realizan.

"Es visible en la Puna la ocupación directa e indirecta que provoca la minería y requiere un control del cumplimiento laboral incluso de las empresas proveedoras mineras", dijo el dirigente empresarial.

"Desde el contrato se obliga a cumplir con toda la legislación laboral vigente, desde los aportes patronales a la correcta registración. Y las empresas proveedoras se comprometen a presentar los comprobantes de cumplimientos mensuales, como se establece en las condiciones del contrato y se controla cada vez que se realizan los pagos mensuales. En general, la política es controlar estrictamente para que la empresa proveedora cumpla la normativa laboral e incluso los pagos correctos a los profesionales se controla con los recibos de sueldos", explicó Ramos.

También las empresas proveedoras deben seguir estrictamente las instrucciones ambientales que le da la compañía minera.

"Se controla a los operarios de la proveedora de forma permanente. Y si se cometieran errores caben sanciones. Se fiscaliza el trabajo para cumplir con los informes de impacto ambiental que la empresa minera presentó y fueron aprobados. Eso incluye la disposición final de los residuos que se generan, acorde al procedimiento que se presenta en los informes a la Secretaria de Minería", indicó.

En lo laboral como en lo ambiental hay solidaridad jurídica, por lo tanto la compañía minera es responsable aún si hay algún incumplimiento cometido por las empresas tercerizadas.

Las empresas mineras también están sometidas a auditorías internacionales. Deben presentar informes periódicos al programa EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), integrado por más de 40 países, con información sobre contratos y licencias, exploración, producción, exportación, divulgación de impuestos e ingresos, regalías y beneficiarios finales; transacciones relacionadas con las empresas de titularidad estatal, distribución de ingresos y contribución del sector extractivo a la economía.

Otros controles fundamentales se llevan a cabo a través de las mesas sociales y los monitoreo participativos, con los que representantes de las comunidades adyacentes a los yacimientos visitan las minas o sitios donde se van a instalar, previa capacitación, y pueden observar las tareas que se realizan.

"La minería cambió, hay una ley ambiental y los controles del Estado también aumentaron, son rigurosos, profesionales y exigentes", afirmó el titular de la Cámara de Minería.

Sobre los controles a las exportaciones, las empresas llevan certificaciones de lo que van a vender al exterior y la Aduana certifica con cámaras y balanzas en las plantas de procesamiento de las mineras lo que la empresa declaró.

En el caso de la explotación de oro, por ejemplo, el producto que se exporta se pesa y se extraen muestras que son preservadas por Aduana para controlar su composición. El metal es transportado a una refinería que luego certifica la composición que debe coincidir con la muestra que quedó en Aduana. Todo va acompañado con declaraciones juradas que van a regalías, derechos, retenciones y otros. La minera deja el mineral y bajo el control de Aduana sale del país.

"La nueva minería tiene todo tipo de fiscalizaciones, desde lo ambiental, lo laboral y la exportación", dijo Ramos.

Fuente: El Tribuno