Estamos en un restaurante y la mayor parte de los clientes piden milanesas, pastas y tortilla de papa. Pero hay uno que comió centolla con una botella de vino cuyo valor asciende a varias decenas de miles de pesos. Llega el momento de pagar la cuenta y este último exige que se sumen los consumos de todas las mesas para luego promediar la cuenta por abonar entre todos los clientes. ¿Parece algo justo?

Global Footprint Network, la ONG que mide el “Día de la Deuda Ecológica Global”, elabora un mapa de balance ecológico en el cual se evidencia que casi todas las naciones sudamericanas, Australia y Nueva Zelanda cuentan con superávit ecológico, mientras que EE.UU., Europa, Medio Oriente, el norte de África, India y China registran elevados déficits al respecto, lo que implica que la población que reside en esas áreas excede la biocapacidad presente en las mismas y necesita compensar el desbalance por medio del comercio, liquidación de activos naturales o emisiones excesivas de dióxido de carbono. Sin importar tales diferencias, el “Acuerdo de París” determina que la “factura” debe ser abonada por todos.

El influencer Santiago Maratea consiguió recaudar donaciones por sumas millonarias para adquirir equipos destinados a combatir incendios. Y luego, en redes sociales, pidió a “gobernantes y partidarios” que traten el proyecto de ley de humedades.

La iniciativa en cuestión propone realizar un “Inventario Nacional de Humedales” para instrumentar un “ordenamiento territorial” en el  cuál debería hacerse un aprovechamiento “sustentable” con previa autorización de la autoridad ambiental. El proyecto prevé además delimitar áreas de “conservación” en las que no se podrá producir nada, las cuales, para compensar el lucro cesante, recibirían compensaciones de un “Fondo Nacional de Humedales”.

La cuestión es que el espíritu del proyecto de la ley de humedales es similar al de la Ley 26.331 (“Ley de bosques”), la cual fue violada sistemáticamente durante una década por el Estado nacional porque jamás integró el Fondo de Conservación –que supuestamente debía compensar a los propietarios de las tierras que quedaron fuera de producción– con la cifra determinada por esa misma legislación.

La legislación vigente determina que en 2022 el Fondo de Conservación de Bosques Nativos debería ser por lo menos de 45.000 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2022 asigna una partida de apenas 1212 millones de pesos (es decir: apenas un 2,6% del monto correspondiente).

Si Santiago está preocupado por la cuestión ambiental, antes que un proyecto de humedales debería pedir al gobierno que cumpla con lo establecido en la “Ley de bosques”. O bien podría realizar una colecta para juntar los 43.788 millones de pesos que faltan para completar el Fondo de Conservación de Bosques Nativos del presente año.

Un detalle no menor es que el proyecto de ley de humedales implica aumentar el gasto público en un momento en el cual el Estado nacional está técnicamente quebrado y se financia con emisión monetaria que genera inflación y pauperiza de manera progresiva a la población.

Resulta insólito además que un país en el cual más del 54% de los niños menores de 14 años es pobre tenga que resignar vastas extensiones de tierra en las cuales se elaboran productos agroindustriales que son prácticamente la única fuente de divisas con las que cuenta la economía argentina. En definitiva: el agro es el único “empleo” que tiene el país en el mundo y todos los argentinos que quieran volver a renovar en algún momento el celular o las cubiertas del auto deberían entender la importancia de cuidarlo.

Por tales motivos, una ley de humedales, además del daño directo generado a las empresas que deban salir de producción, implica un atentado de orden general con mayor poder de destrucción que cien mil incendios simultáneos alimentados con napalm.

¿Entonces no es factible hacer nada desde el Estado para cuidar los humedales? Sí, se puede copiar, por ejemplo, el programa vigente en EE.UU., el cual, además de ser voluntario, abona una compensación a los propietarios que quieran dejar de producir sus establecimientos.

El proyecto argentino de humedades, en lugar de voluntario, pretende ser compulsivo y atender los pagos con promesas que todos saben que no van a cumplirse. ¿A cambio de qué? De una palmadita en la espalda de las naciones que cuentan con déficits ecológicos gigantescos.

Fuente: Bichosdecampo.com