El Gobierno anunció la creación del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera. Su coordinador, Daniel Schteingart, asume la polémica y sostiene que la explotación de recursos naturales es necesaria para generar las divisas que permitan desarrollar conocimiento, energías limpias y cannabis medicinal, entre otras actividades.

Por Pablo Bassi

Daniel Schteingart recurre en varias oportunidades a la metáfora de velocidades máximas y mínimas para explicar cómo deberían explotarse los recursos naturales en la Argentina: “Ni a cien velocidades máximas ni a cinco por hora de mínima”, dice a Canal Abierto.

Sociólogo egresado en la UBA con un doctorado en la Universidad Nacional de San Martín, Schteingart, 36 años, dirige un centro de estudios del Ministerio de la Producción, generador de estadísticas y relevamientos sobre aspectos de la estructura productiva (CEP XXI).

Coordinará además el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera (SIACAM), cuya creación fue publicada este martes en el Boletín Oficial junto al de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC).

A través de sus posteos en Twitter, Schteingart suele confrontar ideas y datos con la militancia ambiental y ecologista. A una parte de ella, a la que califica de “prohibicionista”, le atribuye campañas sensacionalistas que infunden miedo.

Varios proyectos productivos fueron frenados durante los últimos meses por el rechazo de sectores sociales y políticos: salmonicultura en Ushuaia, minería en Chubut y exploración off shore en Mar del Plata. Otros generan debate, como el de granjas porcinas.

La corriente desarrollista, como se auto percibe Schteingart y de la que también forma parte Matías Kulfas, ministro de la Producción, busca alentar la explotación de recursos naturales con control del Estado para generar divisas que permitan sortear la estrangulación externa.

“La explotación de recursos naturales es necesaria para generar los recursos que nos permitan desarrollar servicios basados en el conocimiento, la movilidad eléctrica, energías limpias, cannabis medicinal”, dice. “Prohibir actividades tiene costos económicos y sociales, porque finalmente el Estado no puede obtener recursos para invertir en políticas ambientales”.

¿De qué se trata el SIACAM, el sistema de información sobre actividad minera recién creado?

– Busca transparentar los sectores productivos con datos públicos sobre las empresas mineras y recopilar y generar indicadores ambientales comparables, como huella de carbono, huella hídrica, emisión de partículas aéreas.

También se anunció la creación de una mesa sobre minería…

– La idea es convocar a especialistas a presentar cada 15 días ponencias y trabajos académicos en un marco respetuoso en distintas ciudades del país. La mesa estará compuesta por integrantes del ministerio de Desarrollo Productivo, Salud, Ciencia, Ambiente, provincias, organizaciones sindicales, cámaras empresarias, CONICET, universidades. Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo solicitará al de Salud la elaboración de informes sobre la posible incidencia de enfermedades en regiones mineras, a la AFIP información sobre los niveles de tributación minera en el país y al Ministerio de Ambiente informes sobre la actividad minera obrantes bajo su órbita.

Más de la mitad de las exportaciones argentinas provienen de recursos naturales. ¿Cómo fueron esos números en 2021?

– Nos falta el dato fino de las exportaciones de bienes y servicios, pero debe haber estado entre los 85 y 90 mil millones de dólares. La de bienes fue de 78 mil millones de dólares. Productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (soja, maíz, trigo, carne, pesca) representaron casi dos tercios de las exportaciones de bienes, minería con 3200 millones de dólares representó el 4% e hidrocarburos, con 5000 millones, el 6%. Los de minería e hidrocarburos son números bajos, aunque relevantes por su potencial en los próximos años.

Los desarrollistas como vos sostienen que se puede intensificar la explotación de recursos naturales con un Estado controlador de la actividad y ponen como ejemplo, para el caso de la minería, a Australia, Noruega, Escocia. Ahora bien: ¿el Estado argentino tiene la tecnología necesaria para garantizar ese control?

– En 25 años de minería a gran escala, hubo solo un incidente importante en la Argentina: Veladero en 2015. Ese hecho motivó una de las mayores multas de la historia en nuestro país: la mina estuvo cerrada 40 días (es muy relevante para una empresa tener cerrada su planta más del 10% del año). Además, hoy cualquier ciudadano puede observar en tiempo real lo que ocurre en la mina. Quiero ser claro: no puede volver a ocurrir un Veladero, pero quiero ubicar ese accidente en su justa medida. Cuando un turista deja mal apagado un fogón y eso genera un incendio -con un daño ambiental probablemente más importante que el de Veladero- nadie dice “prohibamos el turismo”. El Estado tiene que prevenir, regular y castigar.

Y en otras actividades, ¿qué capacidad tiene el Estado para controlar?

– Damos por sentadas muchas cosas que nos demuestran que los argentinos vigilamos bien. Por ejemplo: nos vacunamos contra el Covid confiando en que la ANMAT hace bien su tarea del mismo modo que cuando compramos un alimento en el supermercado. O cuando cargamos nafta en el auto o cuando prendemos la tele sin miedo a que explote. O cuando subimos a un avión y sabemos que la ANAC estuvo controlando. Por supuesto, nunca hay riesgo cero de accidentes, pero con el correr de las décadas bajó mucho en minería e hidrocarburos, porque mejoró la tecnología y también por la presión social ambientalista.

¿Qué pasa con la explotación hidrocarburífera?

– En la zona norte de Tierra del Fuego tenemos explotación off shore desde hace 30 años. De allí proviene el 18% del gas que consumimos. Mucha gente no lo sabe, pero nunca hubo un accidente ambiental relevante.

El Presidente se sacó una foto con militantes ambientalistas contra las granjas porcinas; la legislatura de Tierra del Fuego votó contra la salmonicultura; una pueblada incendió la casa de gobierno de Chubut y el gobernador dio marcha atrás con la minería; un juez prohibió la extracción de hidrocarburos en Mar del Plata. ¿La militancia ecologista y ambiental es «una minoría intensa» como suelen decir o en realidad es algo más grande lo que se opone?

– Hay un genuino y creciente interés de la población -sobre todo en las juventudes- por la sostenibilidad ambiental, que ayuda a hacer las cosas de otro modo y a pensar nuevas estrategias. Esa presión social es saludable en un sentido: en que los Estados y empresas tengan que pensar en una nueva variable, por ejemplo. El problema es que hay ciertas miradas prohibicionistas, no regulacionistas, que terminan por oponerse a actividades productivas generadoras de trabajo y divisas. Algunas apelan a campañas sensacionalistas que infunden miedo en la población, como la que dice que las playas de Mar del Plata estarán empetroladas, o que si la Argentina produce carne de cerdo habrá fábricas de nuevas pandemias, o que si haces minería te van a envenenar el agua. Todo eso es falso. Y obviamente, una parte de la población desinformada que recibe esa idea se vuelve en contra de una actividad productiva. Si terminamos por prohibir actividades productivas, los costos económicos, sociales y ambientales serán enormes porque el Estado no tendrá recursos para invertir en políticas ambientales. Un país pobre no resuelve mejor sus problemas ambientales. No hay nada más anti ecológico que la pobreza.

La producción de hidrógeno verde que realizará una empresa alemana en Sierra Grande generará puestos de empleo directos e indirectos y una inversión anunciada en 8400 millones de dólares. ¿Qué porción de lo producido quedará en la Argentina?

– La remisión de utilidades en la Argentina es en general muy baja con respecto a lo que ingresa. En la minería, si miras el balance cambiario del Banco Central, es decir cuánto ingresa en concepto de inversiones y exportaciones y cuánto sale en concepto de importaciones, pago de intereses de las deudas que se contraen y pago de dividendos y utilidades, el saldo es estructuralmente superavitario. La minería es uno de los sectores que más aportó a las divisas. El grueso de la inversión se va en construcción. En el caso de la minería, la formación bruta de capital es del 80% en construcción y 20% en maquinarias. Ese 80% de construcción es todo industria nacional. Por otro lado, cuando la empresa empieza a producir requiere insumos (bienes y servicios) que en su gran mayoría son nacionales. Por ejemplo: transporte de carga, servicios geológicos, de ingeniería, tubos de plástico, repuestos, servicios de alojamiento y catering, etcétera. De cada 100 pesos que venden las mineras, 50 pesos se destinan a la compra de bienes y servicios de proveedores locales (insumos o maquinarias). Además, el 15% de las ventas de minería va al pago de salarios. El de la minería es uno de los salarios más altos junto al de hidrocarburos. Y al 3% de las regalías hay que sumarle en algunos casos el pago de fideicomisos, más impuestos nacionales como el derecho a la exportación, ganancias, etcétera. Sumando todo, arriba del 70% de lo producido queda en el país.

Te preguntaba por la producción de hidrógeno…

– En líneas generales los macroprocesos son análogos y los números van en la misma dirección, aunque las proyecciones de exportación irán de la mano del precio internacional.

¿Es posible que el Estado produzca hidrógeno en el corto plazo?

– Son megainversiones necesarias y el Estado argentino no tiene hoy los recursos para hacerlas. Pero Impsa, la empresa argentina público-privada capitalizada al borde de la quiebra por la Nación y la provincia de Mendoza en 2020, será proveedora estratégica del proyecto. Hace poco se firmó ese convenio para la fase de ensayo.

Fuente: Canalabierto.com.ar