Minería Sustentable
El régimen legal que busca atraer los principales desembolsos económicos del mundo al país vive un momento bisagra. En su exposición ante el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía Nacional y Legislación del Senado de la Nación, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), dejó en claro la postura del sector: “El RIGI ha sido una herramienta sustancial para que hoy podamos decir que en poco tiempo la minería no solo va a ser una política de Estado, sino que en exportaciones y en inversión va a ser uno de los principales sectores de la economía argentina”.
La intervención del dirigente empresarial repasó las transformaciones impositivas y jurídicas que trajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, al tiempo que presentó proyecciones de inversión multimillonarias impulsadas principalmente por el cobre y el litio.
Durante su discurso, el titular de la CAEM remarcó que existen “tres elementos contundentes” que explican por qué las compañías mineras internacionales volvieron a volcar sus miradas hacia el territorio nacional.
Uno de los reclamos históricos del sector radicaba en la desventaja fiscal frente a competidores directos. Al respecto, Cacciola puntualizó que el nuevo esquema impositivo “se acerca muchísimo a los valores que estos países que he mencionado aplican en su conjunto, o sea, una carga impositiva total previo a utilidad sujeta a impuesto, que ronda entre el 38 y el 40%, cuando nosotros sin RIGI teníamos una carga tributaria total que superaba el 50%”. Esta equiparación le permite a la Argentina competir de igual a igual con potencias del sector como Chile, Perú, Australia y Canadá.
El segundo factor determinante se vincula con la flexibilidad para operar financieramente. Cacciola enfatizó la trascendencia de contar con “distintos porcentajes de libre disponibilidad de divisas para acceder al mercado de cambios, para enfrentar situaciones de importación y, en la medida que se pueda, también distribuir utilidades al exterior, cosa que ha sido un tema recurrentemente complicado en la Argentina durante muchos años”.
Finalmente, el vocero empresarial valoró la posibilidad que brinda el marco normativo de recurrir al arbitraje externo. Sobre este punto, recordó que si bien el país contaba con la Ley 24.196 de Inversiones Mineras aprobada en la década del 90, “lamentablemente en varios casos se ha incumplido y esto nos ha costado muchísimo en las últimas décadas para recibir inversiones en el sector minero”. Por ello, remarcó que “la posibilidad que da el RIGI de litigar en el exterior en caso de incumplimiento” resulta indispensable para dar garantías a los capitales de gran escala.
El impacto directo de estas medidas se observa en la aceleración de carpetas y desarrollos presentados ante las autoridades competentes. Cacciola sintetizó el panorama cuantitativo actual asegurando que “el RIGI ha sido una herramienta contundente para que los grandes inversores de minería del mundo decidan finalmente poner en valor sobre todo los proyectos de cobre, que son los que de alguna manera van a hacer el cambio distintivo en la minería argentina. También el litio, porque hay varios proyectos que se han incorporado”.
En detalle, las cifras oficiales del sector arrojan los siguientes resultados:
Monto total ingresado: Se registran “USD 39.000 millones de RIGI presentados por minería”, los cuales abarcan un total de 17 proyectos.
Monto aprobado: Ya se encuadran “USD 21.000 millones” distribuidos en 12 proyectos aprobados, mientras que las 5 propuestas restantes continúan completando las instancias administrativas.
En cuanto al cronograma de ejecución de fondos, la CAEM maneja un sendero de crecimiento continuo sostenido:
Año 2026: Se proyecta un flujo de inversión minera de “entre USD 2.400 y 2.500 millones”.
Año 2027: Las estimaciones prevén que los desembolsos trepen al orden de los “USD 4.500 millones”.
Año 2028 en adelante: El sector calcula “un amesetamiento en el orden de USD 7.000 a 7.500 millones” anuales de manera constante.
Por último, el titular de la Cámara minera resaltó la importancia de las recientes discusiones regulatorias complementarias que permitieron dar mayor claridad operativa al sector privado en los territorios locales. Cacciola puntualizó que el escenario actual coincide con un contexto favorable donde “hemos podido también hacer las modificaciones pertinentes en la ley de protección de glaciares, que no cambia el objeto de la ley, pero que, afortunadamente, esclareció un montón de temas y le ha dado una posibilidad adicional a las provincias para tener una actitud preponderante en la definición de dónde se puede hacer actividad económica y dónde no se puede hacer actividad económica”.
