Minería Sustentable
Ecuador declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional, una decisión que modifica el marco jurídico y operativo con el que el Estado enfrentará esta actividad, en un contexto marcado por la creciente presencia del crimen organizado en las zonas auríferas del país.
La medida busca fortalecer la capacidad del Gobierno para intervenir en territorios donde las organizaciones criminales han infiltrado la extracción, comercialización y transporte del oro, afectando tanto la seguridad como el desarrollo de la minería formal.
El documento señala que las bandas criminales han concentrado su accionar en la minería artesanal y en las rutas de comercialización informal, mediante mecanismos como extorsión, control territorial y lavado de activos.
Las provincias de Esmeraldas, El Oro y Zamora Chinchipe concentran buena parte de la actividad minera informal y también registran una mayor presencia de grupos criminales vinculados al negocio del oro.
Con la nueva clasificación, el Estado podrá movilizar mayores recursos de las Fuerzas Armadas, reforzar el control territorial y ejecutar operativos de decomiso en zonas donde la Policía enfrenta limitaciones para combatir la minería ilegal.
El análisis sostiene que este cambio busca responder a un problema que dejó de ser únicamente ambiental o administrativo para convertirse en un desafío de seguridad nacional.
El documento advierte que la efectividad de la medida dependerá de su aplicación en el tiempo. Proyectos mineros como Cascabel, de SolGold, y Loma Larga, de Dundee Precious Metals, requieren un entorno con seguridad jurídica y control territorial para avanzar en sus inversiones.
Asimismo, señala que la formalización de la pequeña minería seguirá siendo un elemento clave para reducir el espacio de acción del crimen organizado y fortalecer la trazabilidad de la producción aurífera ecuatoriana.
Fuente: Rumbo Minero
