
Ante el reclamo limítrofe de La Rioja, la Cámara Minera de San Juan pide previsibilidad jurídica para sostener las inversiones
Minería Sustentable


La Cámara Minera de San Juan (CMSJ) salió a respaldar la seguridad jurídica de la provincia frente al reclamo limítrofe planteado por La Rioja, en un comunicado de prensa difundido este viernes. La entidad expresó su preocupación por "las iniciativas orientadas a cuestionar o desconocer situaciones jurídicas e institucionales consolidadas, cuya estabilidad resulta esencial para el desarrollo de inversiones de largo plazo".
El texto sostiene que San Juan "ha construido durante décadas una reputación basada en el respeto institucional, la previsibilidad y la continuidad de políticas de Estado" que permitieron atraer inversiones, generar empleo de calidad y consolidar a la minería como uno de los principales motores económicos provinciales. "La actividad minera requiere reglas claras y seguridad jurídica", remarca el comunicado, y agrega que los proyectos en distintas etapas de desarrollo "demandan confianza en las instituciones y en la vigencia de los marcos legales que sustentan las decisiones de inversión".
La Cámara cerró su posición con un llamado a despolitizar la discusión: "Es una oportunidad histórica que no debe demorarse y empañarse por discusiones de orden político", señaló, en referencia al potencial exportador del sector minero sanjuanino.
Un conflicto que se reactivó esta semana
El pronunciamiento de la CMSJ se da en el marco de una disputa territorial entre San Juan y La Rioja que volvió a escalar en los últimos días. La Cámara de Diputados riojana aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobernador Ricardo Quintela que declara la nulidad del decreto-ley nacional 18.004, la norma sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía que fijó los límites interprovinciales vigentes hasta hoy. La nueva legislación crea una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial e instruye a la Fiscalía de Estado riojana a iniciar acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La zona en disputa se extiende desde el cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna, e involucra dos activos de alto valor económico para San Juan: el Parque Provincial Ischigualasto —declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con el riojano Talampaya— y las áreas de influencia del proyecto Vicuña, el desarrollo de cobre, oro y plata que impulsan la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining sobre los yacimientos Josemaría y Filo del Sol.
El reclamo riojano no es nuevo: en abril, la Justicia de esa provincia ya había ordenado una suspensión temporal de actividades vinculadas a Vicuña y el cierre de caminos que la empresa utiliza para abastecer sus operaciones, al considerar que el proyecto no había presentado un estudio de impacto ambiental ante las autoridades riojanas, pese a estar radicado en territorio sanjuanino.
La posición del gobierno provincial
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, rechazó la validez de la ley riojana y sostuvo que los límites provinciales están consolidados desde hace 57 años y fueron ratificados por el Congreso de la Nación en 2014. En su cuenta de X, el mandatario afirmó que ninguna provincia puede modificar un límite interprovincial mediante una ley propia, ya que esa facultad es exclusiva del Congreso nacional según la Constitución.
El Colegio Profesional de Ingenieros Agrimensores de San Juan también se pronunció a favor de la postura provincial. Su presidente, Francisco Gilbert, sostuvo que el límite territorial entre ambas provincias no admite dudas técnicas y que cuenta con el respaldo de la ratificación legislativa nacional de 2014.
Qué sigue
Por tratarse de un conflicto entre dos Estados provinciales, la resolución final del límite dependerá de un acuerdo político en el Congreso de la Nación o, en su defecto, de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el caso se suma a una serie de tensiones —ambientales, logísticas y ahora territoriales— que atraviesan al proyecto Vicuña desde su aprobación dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y que el sector privado sanjuanino observa como un test de previsibilidad para el resto de las inversiones mineras en danza en el país.




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