Minería Sustentable
El Ejecutivo provincial rechazó en su totalidad la norma aprobada por unanimidad en la Legislatura. La Secretaría de Estado de Minería apuntó a fallas conceptuales, inconsistencias jurídicas y el impacto potencial sobre las inversiones futuras.
El Gobierno de Santa Cruz dio a conocer este miércoles los fundamentos que motivaron el veto total a la ley sancionada por la Cámara de Diputados el 9 de abril, que proponía elevar del 3 al 5 por ciento las regalías mineras para los nuevos proyectos que ingresen en etapa de explotación. La decisión fue formalizada mediante el Decreto N° 0450, firmado el 4 de mayo de 2026.
Desde el Ministerio de Energía y Minería remarcaron que la decisión no implica rechazar el debate sobre la participación provincial en la renta minera, sino asegurar que cualquier cambio se realice en concordancia con el marco legal vigente y tras una evaluación integral de sus impactos.
Errores técnicos y jurídicos
La secretaria de Estado de Minería, Paola Pavanello, indicó que uno de los principales argumentos del veto fue un error conceptual en la definición misma de las regalías. Según explicó, las regalías se generan sobre el mineral efectivamente extraído y producido, no durante la etapa de construcción de un proyecto, y el texto sancionado confundía dos instancias completamente distintas de la actividad minera, asociando el cobro de regalías a una fase en la que todavía no existe producción.
La funcionaria también advirtió que Santa Cruz cuenta con un régimen específico de regalías establecido por la Ley Provincial N° 1992 y sus modificatorias, en concordancia con la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras, a la que la provincia se encuentra adherida, por lo que toda modificación debe integrarse de manera ordenada al sistema legal vigente, evitando superposiciones normativas o interpretaciones que puedan generar incertidumbre jurídica.
Alcance real: sin efecto sobre las minas en producción
Otro argumento central del Ejecutivo fue el alcance limitado de la norma. Pavanello explicó que la posibilidad de aplicar regalías de hasta el 5% no tendría impacto sobre las minas actualmente en producción, ya que la legislación nacional solo contempla esa alternativa para proyectos que aún no iniciaron su etapa de explotación.
En esa línea, la secretaria señaló que se trata de emprendimientos actualmente en etapa de exploración que, de avanzar, podrían comenzar a producir recién dentro de cinco a diez años, por lo que resulta necesario analizar con cuidado los efectos que una medida de este tipo podría tener sobre las inversiones y el desarrollo futuro de la actividad.
La defensa del proyecto original
La norma vetada había sido impulsada por el diputado Javier Jara. Durante el tratamiento legislativo, Jara sostuvo que la modificación del esquema de regalías representaba un incremento del 70 por ciento en los ingresos que percibe la provincia por la actividad minera. La iniciativa también contemplaba que dos puntos porcentuales de las regalías fueran distribuidos entre los municipios y comisiones de fomento de toda la provincia.
Qué sigue
La definición quedará en manos de la Legislatura: para que el veto quede firme, la Cámara tendrá que reunir una mayoría especial de dos tercios, un escenario que pondrá a prueba los consensos políticos que permitieron su aprobación unánime apenas semanas atrás.
Más allá del resultado legislativo, el episodio deja planteado un debate de fondo que atraviesa a toda la Patagonia productora: cuánto deben cobrar las provincias por la explotación de sus recursos naturales y hasta dónde es posible aumentar la participación estatal sin afectar la llegada de nuevas inversiones en un contexto de fuerte competencia entre jurisdicciones.
