Le sucedió al gobernador radical de Mendoza en diciembre de 2019, y se repitió con el gobernador de Chubut (vinculado al oficialismo vía el Frente Renovador) en diciembre del 2021. Ambos quisieron destrabar el acceso de nuevas inversiones al potencial minero de sus respectivas provincias.

Ambos modificaron normativa vigente con leyes que fueron aprobadas en las cámaras con votos oficialistas y de otras fuerzas. En Mendoza se reformó la ley 7722 (que protege los recursos hídricos de la provincia) permitiendo el uso de ciertas sustancias químicas que utiliza la mega minería mediante el dictado de la ley 9209.

En Chubut, la ley 128 de diversificación productiva de la meseta habilitó la zonificación en los departamentos Telsen y Gastre para la explotación minera sin derogar la ley madre que rige las restricciones generales a la actividad (Ley 5001).

En ambas provincias, movimientos ambientalistas se manifestaron en contra de los nuevos marcos normativos y grupos radicalizados promovieron hechos violentos. En Mendoza la nueva norma no se reglamentó y luego las cámaras que le habían dado sanción la derogaron.

En Chubut también se dio marcha atrás y la propia legislatura que había aprobado la nueva ley, procedió a derogarla. Ambos mandatarios provinciales, acosados por la reacción popular adversa y presumiendo tal vez que una mayoría silenciosa podría validar lo actuado abrieron la posibilidad de recurrir a mecanismos de democracia semi-directa: uno habló de una “consulta popular vinculante” y el otro de la “convocatoria a un plebiscito”. En ambos procesos el catalizador de los retrocesos fue el apelativo a “la falta de licencia social”.

Las experiencias de Mendoza y Chubut son antecedentes preocupantes de los nuevos tiempos políticos que han vuelto a revivir las “o” disyuntivas que abortaron el proceso de desarrollo en distintas etapas de nuestra historia económica.

En el siglo XIX era “librecambio o proteccionismo”, en el siglo XX “campo o industria” y, en este siglo, detrás de un ecologismo radicalizado, estamos generando la disyuntiva “minería o desarrollo sustentable”, cuando el desafío productivo que se impone es minería y desarrollo sustentable.

Primero, porque sin minería no puede haber desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable implica desenergizar la economía (producir más con menos energía) y descarbonizar la energía (más energía verde).

Sin minería se paraliza la economía y también la producción de molinos eólicos, electrolizadores, baterías de almacenamiento, paneles solares y autos eléctricos.

Caída del producto y más dependencia de la minería del carbón. Segundo, entonces, porque para desenergizar la economía y descarbonizar la energía es necesario más desarrollo minero, no menos. Un Informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) advierte sobre las complicaciones en la transición para sustituir el predominio del paradigma fósil, haciendo énfasis en los cuellos de botella productivos de minerales críticos como el cobre, litio, cobalto, níquel, grafito, tierras raras, etc.

Si se quiere acceder al escenario de cero emisiones netas de dióxido de carbono para el 2050, consistente con los topes de aumento de las temperaturas medias respecto a los niveles preindustriales convenidos en el Acuerdo de Paris, la demanda de esos minerales se sextuplicará. Conclusión: no hay desarrollo sustentable posible sin minería, y hace falta más minería para consolidar el desarrollo sustentable.

Las normas aprobadas y luego derogadas por presión de grupos de interés, procuraban promover inversiones productivas y exhibían ciertos acuerdos legislativos básicos que cruzan la grieta en torno a la necesidad de desarrollar el potencial minero del país.

Es lamentable que normas aprobadas dentro de los mecanismos de la democracia representativa, republicana y federal de la Constitución Nacional, sean invalidadas por grupos de presión que aprovechan de la “democracia polarizada” que padecemos para arrogarse la titularidad de la representación de la licencia social que requiere la inversión en esta industria.

Se aprovecha la grieta para radicalizar el humor social en torno a las consignas de las “o” disyuntivas y atribuirse la representación de supuestas mayorías ignoradas por el sistema. Los partidos y la dirigencia política tienen dos posibles repuestas al desafío institucional que imponen estos grupos radicalizados.

Una, el plebiscito para que el pueblo decida. El francés Pierre Rosanvallon en su libro El Siglo del Populismo advierte sobre los peligros de someter las “o” disyuntivas a los humores cambiantes de las corrientes de opinión. Al representante elegido que traiciona un mandato se lo puede remover con el voto, pero al elector de un referéndum no se lo puede responsabilizar por las consecuencias de su decisión (aparece el Brexit como ejemplo paradigmático).

Justamente elegimos representantes en las democracias indirectas como la nuestra, para que en la alternancia, la deliberación y la dialéctica oficialismo-oposición, mediando con los intereses en conflicto, se vayan forjando los consensos que transformen las “o” disyuntivas en “y” conjuntivas que viabilicen estrategias y políticas de largo plazo.

Por los antecedentes y el imperativo al desarrollo inclusivo que impone la hora, la otra repuesta institucional posible es que oficialismo y oposición converjan en una política de minería y desarrollo sustentable que atraviese la grieta, amalgame consensos básicos y legitime la licencia social que hoy se atribuyen los voceros del ambientalismo paralizante.

Daniel Montamat es ex secretario de Energía y ex presidente de YPF.

Fuente: Diario Clarín