Ley de Glaciares: disputa política por las audiencias públicas y más de 50 mil inscriptos

El debate por la modificación de la Ley de Glaciares sumó un nuevo foco de conflicto político en la Cámara de Diputados. Más de 50.000 personas ya se anotaron para participar de las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo, mientras oficialismo y oposición mantienen posiciones enfrentadas sobre cómo debe organizarse la participación.

Ante la magnitud de las inscripciones, los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, informaron que sólo una parte de los anotados podrá intervenir en vivo. Según la nota enviada por ambos legisladores, los primeros inscriptos de cada jurisdicción podrán exponer: de manera presencial el 25 de marzo y virtual el 26. El resto deberá enviar sus presentaciones por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos para que queden incorporados al expediente del debate.

En el oficialismo argumentan que el volumen de anotados hace imposible que todos hablen durante las dos jornadas previstas. En el texto difundido por las autoridades de las comisiones se señala que la cantidad de participantes registrados vuelve “materialmente imposible” garantizar exposiciones presenciales o virtuales para todos dentro de un plazo razonable.

Desde la oposición, sin embargo, cuestionaron la decisión y pidieron ampliar la cantidad de días de audiencia. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que modificar la modalidad de participación una vez abierta la convocatoria contradice el reglamento de la Cámara y limita la intervención ciudadana. En la misma línea se expresó la legisladora del Frente Renovador Sabrina Selva, quien reclamó extender los plazos para asegurar un proceso “transparente y sin arbitrariedades”.

En el oficialismo, en cambio, consideran que la inscripción masiva responde a una estrategia política de sectores opositores y organizaciones para demorar el tratamiento de la iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado.

El trasfondo del proyecto

El proyecto en discusión propone modificar el alcance de la actual Ley de Glaciares. La normativa vigente protege tanto los glaciares como el ambiente periglacial al considerarlos reservas estratégicas de agua. La reforma plantea que la protección estricta alcance únicamente a aquellos glaciares o geoformas que tengan un “aporte hídrico relevante y comprobable” a una cuenca.

Además, la iniciativa otorga mayor participación a las provincias en la elaboración y actualización del inventario de glaciares, un punto que el oficialismo defiende con el argumento de que la Constitución reconoce a las provincias la propiedad sobre sus recursos naturales.

Organizaciones ambientales y algunos especialistas en derecho ambiental, en tanto, anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si la reforma avanza. Argumentan que los cambios podrían implicar una “regresión ambiental” y debilitar los presupuestos mínimos de protección establecidos a nivel nacional.

De este modo, el debate técnico y jurídico sobre la norma se combina con una creciente disputa política por las reglas del proceso participativo que precede a su tratamiento legislativo.