Minería Sustentable
Con aval de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Senado debatirá el jueves 26 una reforma impulsada por el Gobierno nacional que introduce modificaciones de fondo a la Ley de Glaciares. El proyecto tiene impacto directo en varias provincias con actividad minera —entre ellas San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza— donde el sector sigue de cerca la discusión por su potencial efecto sobre exploraciones, evaluaciones ambientales y futuros desarrollos.
La sesión especial fue convocada en el marco del período extraordinario y comenzará a las 11. La iniciativa fue elaborada por el Poder Ejecutivo y, según trascendió, contó con aportes de gobiernos provinciales con fuerte presencia minera. El pedido formal ingresó el 20 de febrero por Mesa de Entradas y lleva la firma de jefes de bloque y senadores aliados del oficialismo, entre ellos Patricia Bullrich, Flavia Royon, Edith Terenzi, Carmen Álvarez Rivero, Agustín Coto y Martín Goerling.
La propuesta introduce cambios relevantes en la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, que actualmente prohíbe actividades como la minería en glaciares y ambientes periglaciares incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares.
Uno de los ejes más sensibles establece que equipos técnicos provinciales podrán determinar si un glaciar o geoforma periglacial cumple o no función de reserva de agua. Si concluyen que no la cumple, podrían excluirlo de la protección efectiva aun cuando el organismo nacional no lo haya retirado formalmente del inventario.
El texto indica además que, ante ese planteo, el ente nacional correspondiente deberá eliminarlo del registro y que la demora en hacerlo no afectará la validez de la autorización otorgada para realizar una Evaluación de Impacto Ambiental.
En la práctica, el cambio habilitaría a las provincias a evaluar caso por caso y eventualmente permitir actividades productivas —incluida la minería— en zonas donde existan formaciones con hielo que no sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico. En la normativa vigente, si un glaciar figura en el inventario, la actividad minera queda automáticamente prohibida.
La iniciativa también modifica el artículo que enumera las actividades prohibidas. La explotación minera dejaría de estar vedada de manera automática en glaciares y ambientes periglaciares, y pasaría a depender de la clasificación que realice cada provincia a través de una Evaluación de Impacto Ambiental.
El proyecto mantiene el Inventario Nacional de Glaciares, pero establece que se individualizarán específicamente aquellas formaciones que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
En la ley actual se incluyen todos los glaciares y geoformas que actúan como reservas hídricas. El nuevo texto apunta a aquellos con un rol hídrico comprobado, lo que podría dejar fuera de protección a otros cuerpos de hielo.
Además, incorpora un artículo que señala que los glaciares incluidos en el inventario seguirán protegidos hasta que la autoridad ambiental competente —es decir, cada provincia— verifique que no cumplen funciones de reserva de agua o recarga de cuencas. Una vez realizada esa constatación, dejarían de estar alcanzados por la ley.
El tratamiento legislativo es seguido de cerca por gobiernos provinciales, empresas y cámaras del sector minero, que consideran que una eventual modificación podría destrabar estudios y proyectos en zonas actualmente restringidas en distintos distritos de la cordillera argentina.
En paralelo, organizaciones ambientalistas y sectores científicos advierten que los cambios podrían debilitar las salvaguardas ambientales y afectar la seguridad hídrica en un contexto de estrés climático. También la Comisión Episcopal de Pastoral Social expresó su preocupación ante la posible modificación de la normativa.
La sesión del jueves incluirá también el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, que fija la edad de imputabilidad en 14 años y ya cuenta con media sanción de Diputados. El viernes 27, la Cámara alta debatirá la reforma laboral y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en el cierre del período extraordinario dispuesto por el Decreto 24/2026.
