La Cámara Mendocina de Empresas Mineras sostuvo que la reforma permitiría mejorar la seguridad jurídica, ordenar competencias entre Nación y provincias y lograr una protección ambiental “más eficaz”.
Actualidad - Nacionales11/02/2026
Minería Sustentable
La Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM) manifestó su apoyo al proyecto de adecuación de la Ley Nacional de Glaciares que actualmente se debate en el Congreso, al considerar que una actualización del marco normativo aportaría mayor claridad técnica, jurídica y operativa para la protección de los recursos hídricos y el desarrollo de actividades productivas.
A través de un comunicado institucional, la entidad señaló que respalda una discusión legislativa “madura y objetiva” y su posterior aprobación, y sostuvo que la ley vigente, la 26.639, presenta imprecisiones y vacíos conceptuales que dificultan el cumplimiento efectivo de sus propios objetivos ambientales.
Cuestionamientos a la norma actual
Desde la cámara empresaria plantearon que, si bien comparten el espíritu de tutela ambiental de la legislación, en la práctica la norma habría resultado ineficaz por la falta de definiciones claras, especialmente al momento de delimitar conceptos como glaciares de escombros y ambiente periglacial.
Según indicaron, estas indefiniciones no sólo afectan la planificación de inversiones, sino que también complican la aplicación concreta de medidas de protección sobre los ecosistemas glaciares. En esa línea, sostuvieron que la falta de precisión normativa impacta sobre la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de proyectos productivos en las provincias cordilleranas.
Debate por las competencias provinciales
Otro de los ejes del posicionamiento de CaMEM apunta a la distribución de competencias entre Nación y provincias. La entidad recordó que, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Nacional, los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones provinciales.
Por ello, consideró que los presupuestos mínimos ambientales que establezca la Nación deberían funcionar como un piso regulatorio que las provincias puedan complementar o ampliar, algo que —según la cámara— la redacción original de la ley no permitió al fijar prohibiciones máximas que limitan esa potestad local.
“No es un retroceso ambiental”
En el tramo final del comunicado, la entidad subrayó que la adecuación normativa no implicaría una flexibilización de controles, sino una mejora en la eficacia de la protección.
Desde la cámara sostuvieron que delimitar con mayor precisión los alcances de la ley brindaría certidumbre, reduciría conflictos judiciales y permitiría compatibilizar la tutela ambiental con el desarrollo económico y la generación de empleo en las provincias del oeste argentino.
El documento fue firmado por la Comisión Directiva de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras.
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