Este miércoles, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y el secretario general de ASIJEMIN (Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera), Marcelo Mena Muñoz, mantuvieron una reunión en la que ambos coincidieron en una preocupación concreta: el creciente ingreso de trabajadores extranjeros, particularmente chilenos, en los proyectos mineros locales. El caso más sensible es el de Vicuña Corp, el joint venture entre BHP y Lundin Mining, que ya comenzó a generar tensiones por su política de contratación.

El encuentro se dio en el marco de las conversaciones que impulsa el Gobierno provincial para avanzar en la redacción de una nueva Ley de Proveedores Mineros. Tanto Perea como Mena manifestaron la necesidad de establecer mecanismos que prioricen la mano de obra sanjuanina, sobre todo en un contexto donde técnicos y profesionales formados en la provincia ven cerradas las puertas de ingreso a grandes proyectos pese a su capacitación.
 
“Garantizar empleo local, primero San Juan”, dijo Mena, quien también advirtió que la contratación de mano de obra extranjera a menor costo “vulnera el derecho al trabajo” y “compromete la identidad del desarrollo minero provincial”.

Según reveló el gremialista, el objetivo institucional es avanzar hacia un acuerdo marco que fije un piso mínimo de participación de trabajadores locales del 80% en los proyectos mineros de la provincia.

El caso Vicuña se ha convertido en el epicentro del conflicto. Aunque la empresa todavía está en etapa de desarrollo, ya se detectó una marcada participación de proveedores y personal técnico proveniente de Chile, lo que encendió las alarmas en el Gobierno, en los sindicatos y en algunos sectores del empresariado sanjuanino.

La nueva normativa buscará evitar maniobras como las de los llamados “domicilios fantasmas”, habituales durante la vigencia de la anterior ley RUPEM (Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras), que nunca fue reglamentada. Uno de los ejes será endurecer los requisitos para ser considerado proveedor local, exigiendo presencia operativa real en San Juan y no sólo una dirección fiscal.

La Cámara Minera, históricamente reticente a cualquier normativa de proveedores, esta vez aceptó discutir una ley y presentó su propia propuesta. El desafío será compatibilizar la necesidad de proteger el trabajo sanjuanino con la competitividad y eficiencia que reclaman las grandes operadoras internacionales.

El borrador de la futura ley incluye además mecanismos de monitoreo público: cada empresa deberá actualizar semestralmente su plan de proveedores, indicando niveles de contratación local, nacional y extranjera, y fijando objetivos de mejora progresiva. Será obligatorio presentar esa información en forma de declaración jurada estandarizada, lo que permitirá comparar el desempeño entre las distintas compañías.

Fuente: Tiempo de San Juan