Por Sabrina Pont

Esta semana, versiones sobre un posible decreto presidencial para ajustar el alcance de la Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial volvieron a sacudir el debate público. Desde la provincia de San Juan —la jurisdicción con mayor concentración de proyectos de cobre en Argentina—, el presidente de la Cámara Minera provincial, Ricardo Martínez, indicó que “un decreto no puede modificar una ley” y explicó en una entrevista radial que el reclamo del sector no apunta a una modificación, sino a una reglamentación técnica que defina con mayor claridad qué se puede y qué no se puede hacer en zonas de alta montaña. Para el sector, la falta de definiciones técnicas y jurídicas es lo que ha generado incertidumbre durante años. Sin embargo, no es —aseguran— el principal impedimento para avanzar.

Mientras el debate ambiental acapara titulares, en la práctica el freno más contundente para los proyectos de cobre no está en el plano normativo. San Juan concentra la mayor parte de los emprendimientos cupríferos del país, entre ellos Josemaría y Filo del Sol —ahora bajo la nueva firma Vicuña, de Lundin Mining y BHP—, El Pachón, de Glencore, Los Azules, a cargo de McEwen Copper, y Altar, de Aldebaran Resources. Sin embargo, no existen rutas pavimentadas que lleguen hasta los yacimientos, ni líneas de alta tensión, ni infraestructura básica para sostener operaciones de gran escala.

Fuentes del sector aseguran que esa brecha es el principal obstáculo que enfrenta hoy la minería metalífera en la Argentina. “El tema ‘glaciares’ es una variable por resolver, pero está lejos de ser el cuello de botella. Lo que condiciona el avance real es que, para desarrollar un proyecto, primero tenés que construir la infraestructura, y eso tiene un costo multimillonario que las empresas no pueden absorber solas”, señalan desde una de las compañías con proyectos en San Juan.

Para ir de la capital de San Juan a los yacimientos, demandará 10 horas de viaje.

Un ejemplo claro

El proyecto de escala mundial Josemaría, ubicado a más de 4.200 metros de altura, prevé una inversión de 5.000 millones de dólares para la construcción de la mina, la planta de procesamiento y toda la infraestructura asociada. Actualmente, se prepara para solicitar su ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que podría ser clave para destrabar decisiones internas en la compañía respecto al inicio de la fase de construcción.

El trayecto actual entre la capital sanjuanina y el Campamento Batidero —el corazón operativo del proyecto— implica unas diez horas de viaje, atravesando ripio, montaña y hasta un tramo por otra provincia. Por eso, el primer paso del plan de construcción es el Corredor Norte, una nueva ruta de 220 kilómetros. La infraestructura que requiere Josemaría no termina ahí. Para alimentar el proceso productivo se prevé una línea eléctrica de alta tensión de 500 kV, que duplicará el consumo energético de la provincia. También se proyecta la recuperación de vías férreas para transportar, desde San Juan hasta el puerto de Rosario, más de 2.000 toneladas diarias de concentrado de cobre.

Y ese es, justamente, el punto de tensión con el esquema actual. San Juan cuenta con un sistema de fideicomisos mineros, mediante el cual las empresas aportan el 1,5 % de su facturación a fondos destinados exclusivamente a obras físicas de infraestructura. En los comités de gestión participan el gobierno provincial, las compañías y los municipios. En teoría, se trata de un modelo de gobernanza asociada. En la práctica, ha sido señalado por su lentitud y rigidez burocrática.

Compensación fiscal

En 2023, ejecutivos del sector criticaron que aún quedaban recursos sin ejecutar del fondo generado por Casposo, un proyecto que dejó de producir oro en 2019. Recientemente, durante la visita a la Argentina del CEO global de Barrick, Mark Bristow, la compañía volvió a expresar su preocupación por los tiempos que insumen los procesos, incluso cuando hay voluntad política y fondos disponibles.

Sin embargo, el problema va más allá de los ritmos de ejecución. En proyectos de gran escala como Josemaría, el grueso de la inversión en infraestructura debe realizarse antes de que la mina produzca, y por ende antes de que el fideicomiso empiece a nutrirse de aportes reales. Las empresas están dispuestas a asumir parte de ese esfuerzo, pero plantean que, si el Estado nacional no aporta y las provincias no pueden, entonces al menos debería existir algún mecanismo de compensación fiscal. Ya sea dentro del mismo fideicomiso, con esquemas de reintegro, o a través de deducciones en regalías. De lo contrario, la inversión se vuelve más riesgosa y menos competitiva frente a otras jurisdicciones con condiciones más equilibradas.

La minería argentina tiene todo lo que hace falta para convertirse en una fuente estratégica de divisas: recursos, demanda global, tecnología y hasta un régimen de incentivos que promete acelerar inversiones. Pero sin rutas, sin energía y sin un marco claro para financiar lo que falta, los proyectos no arrancan. La pregunta clave no se centra en la cuestión del alcance de la norma de glaciares, sino en quién asume el riesgo de invertir primero. Porque si todo se exige antes y sin reciprocidad, alguien tiene que ceder. Y, por ahora, nadie parece dispuesto.

Fuente: La Opinión Austral