Al agregar detalles de la documentación presentada indica que el proceso que se puso en marcha cuenta con 13 dictámenes sectoriales y el dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, documentos publicados en la web y abiertos a todos los ciudadanos.

El MDMO contó también con una audiencia pública multitudinaria, en la que todos pudieron expresarse, con visitas en las que la Autoridad Ambiental Minera invitó a toda la ciudadanía a conocer cómo son los trabajos de exploración y gran apoyo de la comunidad.

“La aprobación permitirá explorar y convertir el potencial en cobre, clave para la transición energética y el futuro sostenible de Mendoza y Argentina”, agregó Cornejo.

Según precisaron a Minería & Desarrollo el Gobierno mendocino aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental y envió el expediente a la Legislatura para su ratificación, como indica la ley 7722.

El proceso

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó el envío a la Legislatura y la ministra de Energía Jimena Latorre lo presentó.

Se trata de un paso clave para el plan de impulso de la minería que encaró el Gobierno, pues buscan ratificar en un solo paso legislativo, un paquete de 34 proyectos de exploración de cobre en una amplia zona de Malargüe.

La DIA aprueba trabajos de prospección y exploración. La zona tiene bajo nivel de trabajos previos, por lo que se espera que en la primera temporada solo se realicen relevamientos primarios, donde casi no hay intervención sobre el ambiente.

Igualmente se aprobaron tareas de perforación, sin que se haya especificado aún la zona. Es que tras la ratificación legislativa y la entrada en vigencia del Distrito, cada empresa debe presentar un plan específico de trabajo. Las zonas de exclusión son los glaciares. Y la mayor cantidad de condicionamientos están relacionados con el agua.

El plan fue desarrollado por la empresa estatal Impulsa Mendoza, que financió y ejecutó los trabajos previos, incluido el Informe de Impacto Ambiental. Las empresas interesadas debían adherir y así lo hicieron.

La intención del Gobierno es acelerar los procesos administrativos y políticos, agrupando los proyectos en un solo expediente para ser ratificado en la Legislatura. 

Fuente: Minería & Desarrollo |MDZ | Agencias