Aunque la frase “cayó el precio del litio” se hizo extensiva durante los primeros días de 2024, el mineral estratégico que se haya en los salares del norte argentino sigue siendo un bien preciado en el mundo, que atrae inversiones de las principales automotrices y bancos del planeta. El interés que despierta es doble.

Por un lado, la tonelada de carbonato de litio sigue teniendo un costo de producción bajo, reconocido por las mismas empresas que lo extraen, y aunque el precio de mercado cayó, los márgenes de renta continúan siendo favorables. En otras palabras, el negocio está intacto. Por otro lado, su importancia geopolítica es reconocida por los principales líderes del mundo, desde jefes de Estado hasta funcionarios de defensa de las potencias globales. En todos los casos, hay consenso en que el reemplazo del parque automotor actual por vehículos eléctricos se dará inexorablemente. De allí que el litio, como pieza clave de las baterías que impulsarán los motores en el corto plazo, será inevitablemente demandado.

Los números concretos relevados por la Secretaría de Minería de la Nación indican que en diciembre de 2022 la tonelada de carbonato de litio cotizó a USD 80.545, mientras que 12 meses después, el valor del producto cayó a USD 20.614. En la primera semana de febrero de 2024, el indicador siguió en baja: el precio fue de USD 14.500 por tonelada, según la medición oficial.

Esto, sin embargo, no detuvo los anuncios de inversión en el sector. Por caso, en la última semana se conoció que la empresa israelí XtraLit volcará 104 millones de dólares en el país para avanzar en la instalación de laboratorios con capacidad de obtener el producto. Por otro lado, en el primer día de su visita oficial a Alemania, la canciller Diana Mondino mantuvo un encuentro bilateral con el CEO de la automotriz BMW, Oliver Zipse, quien le ratificó la vigencia plena del acuerdo de la gigante alemana con las mineras que operan en Catamarca y Jujuy, con una inversión de 300 millones de dólares.

La explicación a la vigencia del negocio, en parte, radica en los costos de producción que los balances de las propias empresas mostraron en los últimos tres años. Producir litio sigue siendo rentable en relación a la cotización de venta, a pesar de las fluctuaciones del mercado. En efecto, la compañía Alkem, en los reportes anuales ofrecidos a sus accionistas, informó los siguientes costos de producción de una tonelada de carbonato de litio:

• 2021: USD 3.860
• 2022: USD 4.563
• 2023: USD 5.014

“En un entorno de precios cada vez más altos, seguimos en la gestión de costes. A pesar de estos esfuerzos, el coste de ventas de 5.014 dólares por tonelada fue un 17% superior al del ejercicio 22, debido a las presiones inflacionistas. El margen bruto de caja alcanzó la cifra récord del 88,8%”, informaba la minera en diciembre del año pasado.

Los tres años posteriores a la salida de la pandemia, los precios rozaron valores superlativos. Hoy se encuentran estabilizados en un nivel que permite seguir proyectando una actividad rentable.

La puja por la renta
En ese contexto, el reclamo por una mejor distribución en la riqueza que el mineral continúa vigente. Uno de los principales motivos es la cercanía y el contraste del modelo argentino con el chileno. “La historia litífera reciente en Chile está marcada por la conformación de la Comisión Nacional del Litio, que en el 2015 recomendó una reconversión de los contratos con las dos empresas que operan en el Salar de Atacama, durante el último gobierno nacional de Michel Bachelet. A partir de esta reconversión, las firmas deben tributar un 40 por ciento de la ganancia –si el litio supera los 10.000 dólares la tonelada–, vender un 25 por ciento del litio a precio preferencial en el mercado interno, así como destinar una proporción de la renta a la investigación (25 millones U$D anuales) y otra a las comunidades locales (25 millones U$D anuales)”, reseñó el investigador del Conicet, Bruno Fornillo, en su artículo “El litio latinomamericano en la postpandemia”, publicado por la revista de la Universidad de Santiago de Compostela.

“El modelo de Chile es bastante más razonable que el de Argentina, que es directamente expoliatorio, donde son las empresas las que informan las toneladas que producen sin ningún control, y de allí surge un cálculo irrisorio de las regalías que pagan, en connivencia con las elites provinciales”, refuerza Fornillo ante la consulta.

En paralelo, las comunidades originarias de la zona mantienen un reclamo expresado por distintos canales. Uno de ellos fue el protocolo de Kachi Yupi, suscripto por las comunidades de las cuencas de Salinas Grandes (Jujuy), en las que los pueblos de la zona afirman que no se oponen al progreso, pero piden participar de los beneficios y que los proyectos respeten a la Pachamama.

“(...) garantizar el control y supervisión, como así también, implementar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y/o reparar posibles daños; y con posterioridad a la ejecución para evaluar sus resultados, reclamar reparaciones por incumplimientos, indemnizaciones si se hubiera producido algún perjuicio, o bien consensuar participación en los beneficios”, indica un fragmento del documento, cuya vigencia aún defienden los comuneros.

La versión oficial, en tanto, contrapone este reclamo. El sitio de la Secretaría de Minería de Jujuy publica el documento “Derribando Mitos”, en el que señala que “la verdad irrefutable es la propia voz de las diez comunidades que están insertas en estos procesos, en el marco del ejercicio de su autodeterminación. Comunidades que son desoídas, invisibilidades, estigmatizadas por haber aceptado el desafío de salir de economías de subsistencia hacia desarrollos sostenibles que representan un salto cualitativo en términos de desarrollo local”, afirma el organismo oficial, en tanto que cuestiona que “lo único visible es el conflicto de otras comunidades a quienes se ha respetado en sus derechos y su decisión, y que desde un marco ideológico niegan cualquier forma de desarrollo productivo moderno”. La discusión continúa abierta, mientras las inversiones crecen.

Alerta por el consumo de agua
Según informe publicado por la cadena internacional Deutsche Welle (DW), las comunidades del salar de Atacama, en Chile, donde opera la minera SQM en sociedad con el Estado, han expresado preocupación por distintos fenómenos observados en la flora y la fauna a partir de la extracción de litio. “Nosotros hemos reportado que las poblaciones de flamencos, los endémicos que están en el salar, han disminuido aproximadamente un 10% en los últimos 10 años. Acá tiene que primar el principio precautorio, y tomar todos los cuidados respectivos para evitar que estos efectos sigan aumentando en el tiempo, sobre todo pensando en una futura extracción a largo plazo del litio en el salar de Atacama”, declaró en el citado informe la bióloga Cristina Dorador.

En Argentina, el doctor Aníbal Ignacio Faccentini, resaltó el trabajo realizado por la Centro Interdisciplinario del Agua (CEIA), dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, en el que se concluye que el movimiento de los suelos subterráneos mediante el que se extraen millones de litros de agua en salmuera que luego se evaporan para separar el litio de otros minerales y obtener el producto que se exporta, inevitablemente tiene un impacto. “Nosotros sostenemos las napas no se mantienen en forma autonómica, el agua salada contamina el agua dulce, cuando se produce el bombeo se mueve todo”, afirmó Faccentini, mágister en ambiente y desarrollo.

En contraposición a ese argumento, la secretaría de Minería de Jujuy afirma que el proceso sí es autónomo, y que el agua que las mineras de litio utilizan no es apta para consumo ni para la agricultura. Esta área recurre, además, como metáfora, al contenido de un vaso de agua.

“Las cuencas de los salares son cerradas (se las podría comparar con un gran vaso de agua), la salmuera que se utiliza en los procesos de producción de carbonato de litio no son aptas para el consumo humano, ni el uso agrícola ni ganadero, de hecho, son tóxicas para esos fines. Es totalmente falso decir que la exploración y/o producción de carbonato de litio consume el agua disponible para las comunidades, ya que el agua para consumo proviene de otras fuentes, las cuales no se ven afectadas por los proyectos”, indica el organismo estatal jujeño. Frente a ello, Faccendini señala que ninguno de esos argumentos se halla en un estudio de impacto ambiental abierto, accesible, del que hayan participado entes independientes.

“Sería interesante que las universidades públicas pudieran investigar, tener el derecho a la información como establece el acuerdo de Escazú, votado por Argentina, pero sabemos que respetar las cuestiones sociales y del ambiente significa para cualquier grupo económico más dinero y más tiempo. Evidentemente se oculta información”, lamentó el especialista en Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario.

En Catamarca, en tanto, el cacique de la comunidad atacameña, Román Guitián, alertó en 2021, que la explotación del proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto, a cargo de la minera Livent, provocó la desaparición del río Trapiche. “No somos antimineros, sólo estamos defendiendo nuestro territorio”, había expresado en aquella oportunidad el habitante del lugar.

Frente a ello, Faccentini destaca que existen tres principios rectores que toda actividad debe respetar antes de avanzar en la explotación de los recursos naturales: incertidumbre, precaución y prevención. “La carga de la prueba se invierte en las cuestiones ambientales: son las empresas la que tiene que demostrar que no contaminan”, alertó.

Fuente: El Ancasti / Infobae