Por Pablo Ferrer

En la última sesión del Senado provincial, el jueves pasado, fue sancionada una ley para quitar la traba burocrática que demora los trámites de los informes de impacto ambiental y social que deben presentar periódicamente las mineras para desarrollar sus actividades en Salta.

Se aprobó la modificación del artículo 34 del Código de Procedimientos Mineros (Ley 7.141). Solo resta que el Ejecutivo promulgue la normativa, lo que se descuenta ya que la iniciativa de cambio surgió del propio Gobierno.

En la actualidad, los informes de impacto ambiental son presentados primero por las empresas ante el Juzgado de Minas y desde allí lo remiten a la Secretaría de Minería y Energía, que es la autoridad competente para corroborar si el mismo se adecua técnicamente a las normativas minero ambientales vigentes. Luego, en caso de ser aprobado, el resultado del estudio es devuelto al órgano judicial para su notificación a las empresas. Lo que se hizo con la modificación del Código de Procedimientos es evitar el primer paso, y que el trámite directamente comience en la dependencia de la Provincia.

A la hora de argumentar la reforma, el senador Héctor Calabró explicó que "se busca evitar tantos pasos burocráticos que muchas veces retrasan el trabajo de las empresas mineras".

"Esto no significa que se van a dejar de hacer los estudios de impacto ambiental correspondientes. La aprobación de los proyectos siempre la realizará el Juzgado de Minas, que es el organismo designado para tal fin", aclaró el representante del departamento La Caldera, quien también es miembro de la Comisión de Minería del Senado.

Cuando la modificación a la ley 7.141 iba a ser tratada en Diputados, donde se aprobó en agosto pasado, la secretaria de Minería y Energía de la Provincia, Romina Sassarini, había adelantado: "nos permitirá una mayor eficiencia en el control de los informes de impacto ambiental y en su fiscalización, porque nos permitirá compilar en el ámbito administrativo tanto ese informe como las renovaciones bianuales posteriores".

Aseguró que "de ninguna manera afecta las competencias del Juzgado de Minas como autoridad minera" y expresó "que Salta mantenga el esquema de seguridad jurídica con las competencias otorgadas por un lado al Juzgado como autoridad concedente y por otro a la Secretaría como autoridad de aplicación minero ambiental, es uno de los atractivos más importantes que ponderan los inversores". Justamente, uno de los reclamos de las empresas mineras que operan en la Puna salteña era por las demoras en las aprobaciones de los informes ambientales.

Aclaró, además: "Se establece que igualmente nosotros vamos a remitir la resolución de aprobación al Juzgado con la constancia de notificación para que sea agregada en el expediente judicial".

El objetivo de la modificación pretende una acción de triple impacto, según se anunció:
-La desburocratización de los expedientes que se presentan en el Juzgado de Minas.
-Acompañar la dinámica de la actividad minera actual.
-Establecer un control y una fiscalización más eficiente.

Actividad intensa
Desde inicio de año hasta el 30 de septiembre, la Secretaría de Minería de la Provincia aprobó 117 informes de impacto ambiental de empresas a cargo de yacimientos en la Puna salteña y de canteras de áridos. Así surge de los datos que hizo público el organismo tras ingresar al estándar internacional para la transparencia y rendición de cuentas en el sector de industrias extractivas (EITI).

Es una de las cuatro provincias que se adhirieron a este programa junto a Santa Cruz, San Juan y Catamarca.

Las declaraciones de impacto ambiental (DIA) se presentan en todos los procesos de los emprendimientos mineros, en las etapas de prospección, exploración y producción, hasta su cierre.

Hay DIA que se realizan, por ejemplo, para la ubicación de un pozo de agua o la instalación de un campamento minero, y lo más avanzados y complejos son para la construcción de las minas.

En 2022 hubo 213 resoluciones para aprobar estos informes de impacto ambiental y otras tantas para renovaciones.

Ley
Durante el tratamiento de la modificación del código de procedimientos mineros en la Cámara Alta, hubo una presentación en contra de quitar al Juzgado de Minas del paso burocrático para la aprobación de los informes de impacto ambiental.

"No me parece que sea tiempo de sacarle responsabilidad al Poder Judicial. No dejemos que la riqueza sea en detrimento de la salud de los habitantes. Como está la ley, es la justa. Cuidamos nuestro medio ambiente y a nuestros seres humanos", dijo el senador por Cachi, Walter Wayar, quien a su par del departamento San Martín, Manuel Pailler, presentaron un dictamen en minoría para frenar el cambio.

Al respecto, el senador Sergio Ramos, sostuvo que "la intensión es dejar atrás un Estado lento, ya que, en realidad, el Estado debe ser ágil para garantizar las inversiones privadas".

"Comparto las preocupaciones del senador de Cachi, pero también tenemos que decir que hace una semana se empezó, en nuestra provincia, la promoción de la transparencia de la actividad minera", dijo el legislador que asumirá en pocos días su mandato como intendente de Rosario de Lerma.

Leopoldo Salva, representante de Los Andes, dijo, en tanto, que "la modificación es sobre un procedimiento administrativo respecto a los estudios de impacto ambiental" y habló sobre "la necesidad de consultas a los habitantes de las zonas mineras antes de iniciar cualquier proyecto".

"Con las comunidades ya venimos trabajando en esto", reconoció.

Fuente: El Tribuno