
Más de 6.000 mineros bloquean las calles de La Paz
Minería Sustentable


En el segundo día de protestas para exigirle al presidente Luis Arce una reunión para que anule una norma que les prohíbe la explotación de oro en áreas protegidas de Bolivia, más de 6.000 mineros cooperativistas bloquearon ayer varios barrios de la ciudad de La Paz y siete fueron aprehendidos por supuestos destrozos.
La Paz, la sede de Gobierno, amaneció con varias vías principales bloqueadas por grupos de mineros auríferos que, sentados en las calles y con carteles, impidieron el paso de vehículos, mientras las personas intentaban llegar a sus trabajos a pie.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó en una conferencia de prensa que actualmente hay unos 6.000 mineros movilizados en 39 puntos de bloqueo en la ciudad y que se aprehendió a siete por la investigación de los supuestos delitos de destrucción, deterioro de bienes o riqueza nacional.
Los aprehendidos están siendo investigados por los destrozos en el edificio de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
En tanto, el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe, junto a otros ministros detalló punto por punto los siete pedidos que están en el pliego petitorio de los mineros, en el que destaca la anulación de una resolución de la AJAM del año pasado para la "otorgación de derechos mineros en áreas protegidas".
Los mineros piden también la continuación de trámites de adecuaciones en áreas forestales y áreas protegidas, que reconozcan la personalidad jurídica de federaciones cooperativistas y la aprobación de contratos, entre otros. Quispe indicó que están abiertos al diálogo y que el presidente Arce tiene la predisposición de escuchar sus demandas, pero que podrá reunirse con ellos el 10 de noviembre.
Si no son atendidos los mineros amenazaron con iniciar un bloqueo de caminos en el país desde hoy, día en el que Arce dará un informe en la Asamblea Legislativa por sus tres años de mandato.
Fuente: El Tribuno




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