El verdadero impacto económico de la minería: hora de derribar mitos

El debate sobre el aporte de las actividades extractivas en el país sumó un nuevo capítulo con las discusiones de los candidatos presidenciales respecto de “la fiebre del litio” y el impacto económico que debería tener el negocio para Argentina y las regiones que cuentan con dicho recurso.
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Lo cierto es que existen diversos estudios sobre los ingresos generados por la actividad minera, y lo que deja el negocio en el país. “Por un lado, la Secretaría de Minería analizó el impacto económico de esta actividad tanto en la provincia de San Juan como en la de Jujuy. Por otro lado, el CEP XXI realizó un análisis a nivel nacional de las empresas mineras. En términos generales, los tres estudios demuestran que entre el 70% y el 80% de los ingresos percibidos por las empresas mineras se quedan en el país, principalmente a través de compras de bienes y servicios nacionales y provinciales, salarios de empleados, y el pago de impuestos tanto a nivel nacional como provincial”, repasó el director Nacional de Promoción y Economía Minera de la Secretaria de Minería de la Nación, Jorge Gonzaléz.

Para detallar esa conclusión, el estudio Del CEP XXI señala que de cada $ 100 vendidos por las grandes mineras, alrededor de 40 fueron a proveedores locales, 15 a salarios y 12 a impuestos, de los cuales alrededor de 3 son regalías y fideicomisos. Esos tres ítems suponen el 67% de la facturación. El 33% restante se divide en 2. Por un lado, un 20% que implica salida de divisas, mayormente vía importaciones de insumos y maquinarias, remisiones de utilidades y pago de intereses. Luego hay un 13% que es una ganancia -"ingreso neto disponible"- pero que no sale del país.

Es decir, hay un 67% que va a proveedores + salarios + impuestos, y a eso se suma un 13% que es una ganancia que no sale del país. De ahí que alrededor del 80% de la facturación queda en el país, tal como indica el informe oficial más actualizado al respecto.

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¿Cuánto deja la minería en Argentina? Un análisis a partir de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). Documentos de Trabajo del CEP XXI N° 13, Centro de Estudios para la Producción XXI del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Si en lugar de mirar la retribución a los diferentes factores productivos, se observa directamente el balance de divisas el resultado es muy similar. Aún con otra metodología de cálculo, el 81% de la facturación de las empresas queda en el país.

Dado que el grueso de la facturación se destina a la exportación, de cada USD 100 que venden las empresas mineras, casi 70 (el 68,2%) se convirtieron en nuevas divisas para la economía.

Datos disponibles del Banco Central de la República Argentina (BCRA) van en la misma dirección: desde 2003, absolutamente todos los meses las empresas mineras trajeron más divisas por exportaciones e Inversión Extranjera Directa al país de las que sacaron por remisión de utilidades e importaciones.

Por otra parte, se aclara que los datos corresponden a empresas mineras en operación. No contemplan el gasto inicial que hacen las empresas en su fase de inversión, en la que no facturan pero erogan mucho en proveedores.

Y en éste sentido se expresó ante éste medio la ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Silvina Córdoba: “En la provincia la minería es de las principales industrias en empleo después del petróleo. Y se trabaja mucho con proveedores locales q también generan empleo. En realidad, desde las provincias exigir podemos, porque las empresas presentan el plan de inversión, y todo depende de la vida útil de la mina, y los costos que también dependen del tipo de recurso y empresa. Para eso es importante la exploración. Y en minería la inversión pasa por la exploración básicamente”.

Este argumento discrepa con el del titular de la consultora Paspartú, Juan José Carbajales, que aseguró que “las provincias están limitadas porque no pueden exigir demasiado a las empresas para aumentar la producción, dado que la concesión no tiene plazos y se exigen pocas inversiones. La vía alternativa se está dando en sector del litio -que tanto preocupa también- a través de la participación de las empresas provinciales, que además de otras ventajas, se llevan -como JEMSE- un porcentaje del producto y también trabajan para promover la industrialización”.

Las provincias dueñas del recurso han creado empresas provinciales que se asocian con las empresas mineras: Santa Cruz creo Formicruz, que tiene el 7,5% de acciones en Cerro Vanguardia, que explota oro y plata; Jujuy creó JEMSE, que tiene el 8,5% de acciones en las dos mineras de litio; Catamarca creó CAMYEN y así todas las provincias establecen distintos tipos de acuerdos. 

“Otro dato importante es que nuestra empresa estatal minera Fomicruz está asociada a tres empresas, y eso genera usufructo y dividendos también”, graficó Córdoba en éste sentido.

El artículo 124 de la Constitución nacional establece que las provincias poseen “el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Complementariamente, el Código Minero les asigna la competencia para concesionar la explotación de esos recursos. Es decir que sólo las administraciones provinciales pueden dictar las normas que regulen la actividad extractiva y otorgar los permisos de explotación que se encuentren en su territorio.

En 2011, la Provincia jujeña creó la sociedad Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), a quien facultó para desarrollar por sí misma o asociada con terceros la actividad minera en general. 

En el caso del litio, JEMSE negoció una participación accionaria del 8,5% en las 2 empresas que ya operan los salares (Sales de Jujuy y Minera Exar). Además, en el primer caso, la empresa tiene prioridad de venta sobre el 5% de la producción. Por otro lado, constituyó una alianza con un grupo italiano para promover la industrialización del mineral.

En el plano impositivo, la Ley de Inversiones Mineras dispone que las explotaciones tendrán una estabilidad fiscal de 30 años a partir de la presentación del estudio de factibilidad de un proyecto minero.
Es decir, que los gobiernos nacional y provincial no podrán aumentar ni crear nuevos tributos durante ese período.

Fuente: El Esquiú

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