Minería Sustentable
El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un financiamiento de US$ 100 millones para el proyecto "Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo en Salta". El paquete incluye la rehabilitación de 24 kilómetros de la Ruta Nacional 51 —uno de los corredores más utilizados por el transporte minero provincial— y un componente específico de fortalecimiento institucional para la gestión del sector.
Se trata de un préstamo, con un plazo de reembolso de 32 años y un período de gracia de siete años, según informó la Secretaría de Prensa y Comunicación de la Provincia.
La obra central del proyecto es la rehabilitación de 24 kilómetros de la Ruta Nacional 51, entre Campo Quijano y Los Chorrillos. Las intervenciones apuntan a optimizar el drenaje y aumentar la resiliencia climática de la traza, identificada por el propio Banco Mundial como uno de los corredores más relevantes para la actividad minera y productiva de la provincia.
El financiamiento también contempla mejoras en el Nodo Logístico y Parque Industrial General Güemes, un punto estratégico por su ubicación sobre el Corredor Bioceánico y su conexión con el ferrocarril Belgrano Cargas. El objetivo declarado es fortalecer la competitividad logística para la exportación de minerales y otros productos hacia los puertos del Pacífico.
Un componente específico del proyecto está destinado a modernizar la capacidad del Estado provincial para acompañar el crecimiento de la minería. Incluye la actualización de sistemas de información y gestión de trámites mineros, herramientas de monitoreo ambiental, capacitación técnica y acciones orientadas a la transparencia y gobernanza del sector.
El proyecto también financia obras de agua potable y saneamiento en Olacapato y San Antonio de los Cobres, dos localidades del departamento Los Andes ubicadas en el corazón del triángulo del litio salteño. Según el organismo, las obras buscan garantizar el acceso a agua segura y un tratamiento adecuado de los efluentes cloacales para las comunidades de la Puna.
El financiamiento aprobado tiene un plazo de reembolso de 32 años y un período de gracia de siete años. El Gobierno provincial lo presenta como una herramienta para acompañar el desarrollo económico, la creación de empleo y las inversiones en infraestructura, aunque se trata de deuda que la Provincia deberá devolver en las condiciones fijadas por el organismo multilateral.
