Tres décadas han transcurrido, desde el año 1992, fecha en la que  la agencia estadounidense Trade Development Programms, (TDP) otorgó  al sector minero oficial, un préstamo no reembolsable por USD 550.000,  para contratar un servicio jurídico técnico referido al Sector Minero Argentino.

EL INFORME FINAL, que fue presentado en Denver, Colorado,  EE UU,  en 1993, consignó una serie de falencias, ya reconocidas por los actores sectoriales que deberían corregirse para establecer condiciones de competitividad para atraer inversiones al País.

Mediante una correcta planificación el Gobierno Nacional y las provincias nucleadas en el Consejo Federal de Minería (COFEMIN) dan un fuerte impulso al desarrollo del sector, apoyando estamentos con fuerte poder de decisión, a través de  la SECRETARIA DE MINERIA, y concursando el cargo de Director Nacional de Minería que contemplaba el manejo  también de los servicios técnicos, que en breve plazo se constituyó en el Servicio Geológico Minero Argentino, (SEGEMAR).

En ese momento se impulsan normas para adecuar la legislación a lo reglado por la Constitución  Nacional, y se busca que lo estatuido se respalde con normas dictadas por el Poder Legislativo, como principio de seguridad jurídica, a tales efectos se dictaron leyes que produjeron un fuerte impacto de inversiones ya que se adaptaba nuestro régimen a las condiciones imperantes en el orden internacional. Asimismo se agregaron nuevos incentivos.

Se eliminó la restricción de  colindancia permitiendo a las compañías acceder a mayores superficies de trabajo, se permite la amortización acelerada: la doble deducción del impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del IVA, se fijó el valor del canon minero por ley del Congreso Nacional, se creó la Mesa de Homologación y sustitución de insumos y productos para la minería. Se batieron records, de metros perforados y en el de valor de la producción y de las exportaciones mineras. A los excelentes registros de exportaciones de cobre, oro, plata y zinc se le sumó el máximo interés en la investigación y aprovechamiento de salares por la presencia de litio.

Estas novedades fueron presentadas, en simposios y  giras de promoción debiendo destacarse en principio un  ENCUENTRO INTERNACIONAL que se definió como “Argentina la Última frontera Minera de Occidente”, que se desarrolló en eL Hotel Llao Llao de  San Carlos de Bariloche, Río Negro con la participación de los C.E.O. de las principales empresas mineras internacionales

Paralelamente se acordó completar el relevamiento geológico minero mediante el SEGEMAR y fortalecer las áreas provinciales de concesión minera, mediante equipamiento y capacitación de personal con un préstamo del Banco Mundial, para lo que dio en llamarse  Proyecto PASMA (Proyecto de Apoyo al Sector Minero Argentino).

Para acotar los impactos ambientales a un manejo razonable en las operaciones mineras se sancionó la Ley de Protección Ambiental para la Minería exigiendo para cada etapa de la actividad la contratación de un seguro que contemple la atención de impactos de incidencia colectiva y la  presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que requiere su aprobación por parte  de la autoridad mediante el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se efectuó un catastro de zonas impactadas por actividad minera pretérita y se seleccionaron lugares específicos para su remediación.

El empresariado nacional se sumó a la naciente apertura creando  una sola entidad: la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, (nacida de la fusión  de la Asociación Argentina de Empresarios Mineros y la Unión Minera Argentina). 

Desde entonces, toda tarea de promoción de la actividad contempla la participación conjunta de empresas y Estado, con presencia en los principales centros de convenciones tal el caso del PDAC que anualmente se desarrolla en Toronto, Canadá, o Expomin de Chile, país con el que se firmó el Acuerdo de Complementación e  Integración Minera, como marco que facilite  aprovechamientos comunes en zona de frontera.

 En todo este aggiornamiento se contó con la participación de la fuerza laboral a través de AOMA, con espíritu colaborativo, tanto en la producción cuanto en el desarrollo de proveedores locales, quienes resultan en partícipes necesarios de las agencias de promoción y desarrollo sustentables de las comunidades, facilitando la actividad minera y la creación de  empresas provinciales públicas o sociedades de capital mixto.

Así esta suma de intereses concurrentes, y el esclarecedor aporte de la prensa especializada,  han facilitado una licencia social, traducida en la aceptación de la actividad minera en la zona primaria de inversión.

Miguel Ángel Guerrero

Dr. en Geología. Ex Director Nacional de Minería

Prensa GeoMinera