
El RIGI cambia quién es proveedor local y habilita nuevos socios
Minería Sustentable




Una empresa constituida y radicada en Argentina será considerada proveedora local de los proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital.
Así lo dispone el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La norma modifica el Decreto 749/2024, que reglamentó el capítulo de la Ley Bases dedicado al régimen. El Ejecutivo explicó que la experiencia acumulada desde la puesta en marcha mostró la necesidad de introducir “adecuaciones puntuales”. Sostuvo además que el cambio busca sumar a las firmas instaladas en el país a las cadenas de suministro de las grandes inversiones, y que el origen del capital no debe ser, por sí solo, un obstáculo para participar.
Quién cuenta como local
Con la nueva redacción, son proveedores locales las personas humanas con domicilio fiscal en el país y las sociedades constituidas y radicadas en territorio argentino que presten servicios o provean bienes a proyectos adheridos al régimen. En el caso de los bienes, seguirá rigiendo el criterio de origen nacional que fija el Mercosur.
Una sola fecha
Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, el decreto establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto. Ese plazo queda separado de los compromisos que se asumen en cada etapa. Según los fundamentos, la idea es evitar confusiones entre ambas exigencias, y los montos previstos para cada fase no cambian.
Compra de acciones
Cualquier tercero podrá adquirir acciones de una empresa adherida al RIGI sin que eso afecte los beneficios del régimen. Esa compra, sin embargo, no podrá computarse como inversión para cumplir con el mínimo que exige la ley.
Socios y reorganizaciones
Las uniones transitorias de empresas y otros contratos asociativos que funcionen como vehículos de proyectos RIGI también podrán ceder participaciones o incorporar socios. Deberán informarlo a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscripta la operación, con el consentimiento del resto de los miembros y la acreditación de que el nuevo integrante asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes. El organismo tendrá 30 días para objetarla y, si no lo hace, la operación se dará por aprobada. El socio que se retira seguirá respondiendo de manera solidaria por las obligaciones generadas hasta ese momento.
Las sucursales dedicadas, por su parte, podrán transferir todos los activos, pasivos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima creada a tal efecto, previa autorización. La nueva empresa reemplazará a la sucursal con todos sus beneficios y compromisos, sin que eso implique una nueva adhesión ni modifique la fecha original o los plazos. El decreto aclara que esa autorización no reemplaza el consentimiento de terceros que pueda requerirse para transferir concesiones o permisos.
Dólares y mercado de cambios
El decreto también modifica el acceso al mercado de cambios. El Banco Central podrá condicionar ese acceso, para las empresas que hayan usado el beneficio sobre los cobros de exportaciones, a que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las que demanden.
En ese cálculo ahora también se contarán los dólares que aporten o consigan, vía deuda externa, los accionistas directos o indirectos del vehículo, los integrantes de las uniones transitorias y la casa matriz de las sucursales. Los fondos deberán haber ido efectivamente al proyecto y poder rastrearse en los registros contables.




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