Minería Sustentable
Por Sebastián D. Penelli
La minería necesita demostrar con hechos que su crecimiento puede derramar sobre las economías regionales y generar oportunidades más allá de los límites de cada yacimiento. Para Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la discusión sobre el desarrollo de proveedores, la integración de las comunidades y la comunicación de las inversiones dejó de ser un asunto complementario: es una condición para consolidar la actividad en el país.
En una entrevista con Energy Report, el ejecutivo puso como ejemplo la evolución que observa en el negocio del litio, donde las empresas, las cámaras provinciales y los proveedores comenzaron a discutir con mayor profundidad las condiciones necesarias para integrarse a una industria en expansión. En ese contexto, destacó la decisión de Rio Tinto de publicar información detallada sobre sus compras y contrataciones en Argentina, además de lanzar un portal para registrar proveedores actuales y potenciales.
Cacciola regresó del Seminario Internacional de Litio en Jujuy con una impresión positiva sobre la maduración de la industria. Más allá de la convocatoria, identificó un cambio en la forma en que los distintos actores entienden el desarrollo del negocio y sus responsabilidades.
Como ejemplo, mencionó la coincidencia de criterios entre las cámaras mineras de Catamarca, Salta y Jujuy. Según describió, sus presidentes transmitieron mensajes similares sobre la importancia de los proveedores, la integración con las comunidades y la necesidad de pensar el crecimiento de la actividad con una perspectiva más amplia que la de cada provincia.
“La verdad que se vivió un clima de entusiasmo en general. Y después, cuando vas a los temas fácticos, decís: bueno, esto tiene que ver con que en algunas cosas se han puesto bastante de acuerdo. Las tres cámaras tuvieron un mensaje bastante común, relativo a proveedores, a la integración con comunidades y a tener una visión más amplia”, señaló.
Para el titular de CAEM, ese entendimiento también empieza a reflejarse en la discusión sobre las condiciones que deben cumplir las empresas que buscan incorporarse a la cadena minera. La demanda de los proveedores locales continúa siendo importante, pero ya no se limita a reclamar prioridad por su cercanía geográfica.
Durante el seminario se realizó una reunión de la Mesa del Litio, coordinada por Fernanda Ávila, con autoridades de las tres provincias, empresas mineras y representantes del sector proveedor. Uno de los ejes fue precisamente cómo ampliar la participación de compañías regionales en las compras de la industria.
Cacciola destacó que los proveedores comienzan a incorporar exigencias vinculadas con la seguridad de las personas, el cuidado ambiental, las certificaciones y el cumplimiento normativo. Se trata de condiciones que pueden determinar si una empresa está preparada para trabajar con una operadora minera, más allá de su ubicación.
“Los proveedores se van dando cuenta de que no es cuestión de decir: ‘Yo quiero ser proveedor y, entonces, me van a tener que dar privilegio porque soy local’. Empiezan a hablar de temas de seguridad de las personas, de cuidado ambiental, de tener certificaciones. Es un proceso de ordenamiento que antes no existía”, explicó en la charla con este cronista.
La transformación es relevante para una industria que necesita ampliar su base de proveedores sin resignar estándares operativos. Para Cacciola, el objetivo es construir relaciones de confianza, con responsabilidades definidas y una comprensión más realista de las capacidades que cada empresa puede ofrecer.
El informe de compras 2025-2026 de Rio Tinto ofrece una referencia concreta para esa discusión. La compañía informó órdenes de compra por u$s696,2 millones en sus operaciones argentinas, con una participación del 79% del monto correspondiente a proveedores nacionales y del 50% a empresas del Noroeste Argentino (NOA).
En ese universo, el reporte contabilizó 1.805 proveedores: 1.682 argentinos, equivalentes al 93% del total, según la información difundida por la compañía. De ellos, 748 pertenecen al NOA, es decir, el 41% de la base de proveedores considerada.
El dato muestra una característica importante del abastecimiento minero: la integración nacional no se limita a las provincias donde se encuentran los proyectos. El resto del país también participa mediante empresas industriales, de servicios, transporte, logística y otras actividades vinculadas con la operación.
En los proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las cifras permiten observar diferencias entre las etapas de desarrollo.
En Rincón, el proyecto de litio que Rio Tinto construye en Salta, las órdenes de compra acumuladas alcanzaron u$s1.419 millones. De ese total, u$s941 millones, equivalentes al 66%, correspondieron a proveedores argentinos. El desglose incluye u$s34 millones para proveedores comunitarios, u$s428 millones para otras empresas de Salta y u$s479 millones para firmas del resto del país. Los proveedores internacionales concentraron u$s477 millones.
La compañía informó, además, pagos acumulados por u$s748 millones hasta el período consignado en el reporte, de los cuales u$s483 millones correspondieron a proveedores argentinos y u$s265 millones a internacionales. El presupuesto total previsto para el proyecto asciende a u$s2.246 millones. Rio Tinto proyecta que, al finalizar la obra, el 75% de las contrataciones será nacional y el 25% internacional, en parte por la incorporación de paquetes tecnológicos.
La experiencia también incluye un ejemplo de integración entre provincias: el campamento de Rincón fue construido por una unión transitoria de empresas de Salta y Jujuy.
En Fénix 1B en Catamarca, otro de los proyectos incluidos en el informe, el cuadro de compras registra u$s311,98 millones. El NOA concentra u$s227,85 millones, mientras que el resto de Argentina suma u$s82,83 millones. Las compras internacionales alcanzan u$s1,30 millones. El desglose identifica 411 proveedores argentinos sobre un total de 413, aunque el porcentaje de participación nacional publicado en el texto del informe requiere una aclaración: la compañía menciona un 99,10%, mientras que la suma de los importes del cuadro arroja aproximadamente un 99,58%.
La escala de estas contrataciones ayuda a dimensionar el papel de los proveedores en el desarrollo de los proyectos. En las operaciones productivas, la compañía contabilizó 1.805 proveedores; en Rincón, 236, y en Fénix 1B, 413. Son universos correspondientes a bloques distintos del informe, por lo que no deben sumarse como si fueran necesariamente empresas únicas.
Para Cacciola, el valor de la iniciativa de Rio Tinto no está solamente en los montos anunciados. La publicación permite poner en contexto las inversiones, identificar el origen de las compras y discutir con datos concretos cuánto de la actividad económica queda en Argentina y cuánto llega a las provincias productoras.
El ejecutivo destacó especialmente el lanzamiento del Portal de Proveedores de la compañía, que permite a las empresas que ya trabajan con Rio Tinto actualizar su información y a potenciales proveedores registrar sus capacidades. La herramienta se integra a los programas de desarrollo de proveedores que la empresa lleva adelante en sus operaciones.
“Me pareció una muy buena idea, porque tener un registro de proveedores para que se anoten y que, de alguna forma, ahí interactúen y sepan también cuáles son las condiciones, y que se abran, desmitifica la actividad. Si una empresa abre un registro de proveedores, ese registro da la posibilidad de que sea abierto y que se eviten las cuestiones que muchas veces se quieren instalar, de que hay prebendas, obligaciones o situaciones que no son tan transparentes”, sostuvo.
Y agregó: “Yo veo que es una herramienta fundamental de transparencia, bien utilizada desde ya, que es muy positiva. Me parece que sería bueno que esto se multiplique para otros proyectos mineros. También les conviene a las empresas dar ese mensaje: yo me abro a recibir a todos y después elijo, lógicamente”.
La apertura de información, en esa mirada, no supone que todas las empresas registradas deban recibir contratos ni que la cercanía geográfica sea suficiente para ganar una adjudicación. La selección debe responder a las necesidades del proyecto y a las capacidades de cada proveedor. El registro abierto permite, precisamente, hacer más visible ese proceso y ampliar las posibilidades de participación.
En su comunicación, Rio Tinto también presentó la distribución de compras por provincia y proyecto, junto con cifras de empleo y participación de proveedores. Para el titular de CAEM, ese nivel de detalle es importante en un momento en el que las expectativas sobre las inversiones mineras crecen con rapidez, mientras que los desembolsos y las obras avanzan de acuerdo con cronogramas de largo plazo.
El desarrollo de proveedores tiene una dimensión territorial que, según Cacciola, exige establecer prioridades sin convertirlas en compartimentos cerrados. El primer anillo debe ser el de las comunidades cercanas a los yacimientos, donde las oportunidades pueden concentrarse especialmente en servicios.
El ejecutivo mencionó el transporte de personas, el traslado de determinados materiales y los servicios de catering como actividades en las que pueden participar empresas comunitarias, siempre que estén organizadas y puedan cumplir con las exigencias de las operadoras.
Sin embargo, advirtió que no todos los rubros ofrecen las mismas posibilidades. En algunas actividades, como la fabricación de ropa de trabajo, competir puede resultar difícil por las diferencias de escala y capacidad productiva. Por eso, consideró necesario acompañar a las empresas cercanas a los proyectos para que puedan identificar los segmentos en los que tienen posibilidades concretas de desarrollarse.
“Las prioridades tienen que estar en el primer anillo, que son las comunidades cercanas a los proyectos. Pero también tenemos que ser inteligentes para decir: esas prioridades hay que ayudarlas en las cosas en las que realmente puedan competir”, explicó.
Después de las comunidades, el esquema contempla a las provincias mineras, la integración regional entre Catamarca, Jujuy y Salta para impulsar el litio y, finalmente, la incorporación de empresas del resto de Argentina. En el caso del cobre se deberían sumar Mendoza y San Juan. Cacciola remarcó que esta última dimensión es clave para ampliar el respaldo económico y político a la actividad.
En ese sentido, destacó el potencial industrial de provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con capacidades metalmecánicas y productivas que pueden contribuir a la cadena de suministro minera. También recordó la participación de autoridades de ambas jurisdicciones en actividades vinculadas con CAEM y mencionó el encuentro "Rondas RIGI" previsto para el 29 de octubre en Rosario.
“Si el resto del país no hubiera apoyado determinadas medidas, no estaríamos en el lugar que estamos hoy. Tenemos que tener una visión mucho más general. La Nación y las provincias que tienen industria tienen que ser actores importantes en lo que viene”, afirmó.
La integración nacional tiene, además, una dimensión política: ampliar la cantidad de empresas, trabajadores y regiones que participan de la minería puede contribuir a consolidar el respaldo social necesario para que los proyectos avancen durante décadas.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de sostener una comunicación permanente sobre los avances de la actividad. Cacciola advirtió que existe una distancia entre las expectativas que generan los anuncios de inversión y los tiempos que demanda concretar los proyectos mineros.
La aprobación de iniciativas por decenas de miles de millones de dólares constituye una señal relevante, pero no permite conocer por sí sola cómo se distribuirá la inversión, cuándo comenzarán las obras ni qué oportunidades se abrirán para los proveedores y las comunidades.
El presidente de CAEM consideró que las empresas deben comunicar no solo las decisiones finales de inversión o el inicio de la producción, sino también los pasos previos: contrataciones, obras de infraestructura, programas educativos, iniciativas sanitarias y aportes a las comunidades.
“Lo mejor que nos puede pasar al sector como tal es que, independientemente de que las expectativas sean mucho mayores que las realidades que se van a ir concretando, demos información sistemática y permanente de lo que se va haciendo. Eso también le va poniendo en la cabeza a la sociedad que los tiempos de la minería no son los que uno desearía, pero son los que son, y que está avanzando”, señaló.
Desde CAEM, explicó, se promueve que las empresas socias comuniquen sus avances aunque puedan parecer menores frente a los montos totales de inversión. El criterio es evitar que el espacio entre los anuncios y los resultados quede vacío de información. “Los espacios que no ocupamos, los ocupan otros”, es una de las definiciones que sintetiza su planteo: cuando las compañías no explican qué están haciendo, otros actores terminan construyendo el relato sobre la actividad.
La transparencia, además, puede ayudar a ordenar la discusión sobre el empleo y las compras locales. La información no elimina los reclamos ni garantiza que todas las expectativas se cumplan, pero permite discutir con datos qué está ocurriendo, qué falta y cuáles son las oportunidades reales.
Cacciola distingue dos momentos en el desarrollo minero argentino. El litio avanza, a su juicio, con mayor velocidad y una trayectoria de crecimiento más definida. El cobre también registra movimiento: los proyectos continúan invirtiendo recursos en estudios, ingeniería y trabajos preparatorios, pero todavía no tienen la misma precisión sobre las fechas de inicio de construcción.
El ejecutivo señaló que la construcción de cada gran proyecto de cobre puede demandar entre cuatro y seis años, aunque todavía existe incertidumbre respecto del momento en que comenzarán las principales obras. Esa diferencia de tiempos vuelve más relevante la comunicación de los avances. En lugar de esperar a que se anuncie una decisión final de inversión, las empresas pueden informar sobre las tareas que realizan, las contrataciones que concretan y las capacidades que necesitan desarrollar.
La experiencia del litio puede funcionar como referencia. No porque los proyectos tengan las mismas características ni los mismos cronogramas, sino porque el seguimiento sistemático de las compras y los proveedores permite mostrar qué ocurre durante las distintas etapas de una inversión.
La expectativa de CAEM es que los proyectos de cobre adopten una práctica similar, adaptada a su propia realidad. La transparencia sobre el compre local puede convertirse así en una herramienta para ampliar el conocimiento público sobre una industria que aspira a ganar peso en las exportaciones argentinas.
Para el titular de CAEM, el crecimiento del sector también depende de preservar la confianza construida en los últimos años. La aprobación del RIGI, los cambios normativos vinculados con la actividad y la modificación de la Ley de Glaciares forman parte de un conjunto de condiciones que, desde su perspectiva, permitieron mejorar el horizonte de inversión.
Pero advirtió que esos avances no deben darse por garantizados. El desafío consiste en sostenerlos y evitar que la minería vuelva a quedar sometida a cambios abruptos de reglas con cada recambio político.
“La confianza la vamos a lograr en la medida que el resto del país vaya entendiendo de qué se trata la minería. Y que, si bien no va a haber lugar para todo, va a haber lugar para muchos. Esto es lo que nos va a dar la posibilidad de instalar definitivamente a la minería en Argentina”, sostuvo.
Cacciola consideró que, si los proyectos actualmente en carpeta logran concretarse, en los próximos seis a nueve años la minería podría alcanzar una relevancia comparable con la del campo y la energía, especialmente por su contribución a las exportaciones. Se trata de una proyección condicionada a que las iniciativas avancen y entren en operación, no de un resultado asegurado.
La continuidad de las reglas será decisiva. El presidente de CAEM planteó que las condiciones macroeconómicas, los incentivos a la inversión y las normas que acompañan el desarrollo minero deben sostenerse más allá del signo político del gobierno de turno. También mencionó la necesidad de incorporar a la Ley de Inversiones Mineras algunos instrumentos del RIGI, cuyo régimen vigente, según indicó, termina el año próximo.
“Lo que no puede pasar, independientemente del color político que asuma en su momento, es que se pierdan los avances que hemos logrado en este tiempo. Tienen que permanecer, porque si no vamos a estar en la situación pendular que tuvimos durante casi cinco décadas”, advirtió al final de la entrevista.
Fuente: Ámbito
