Minería Sustentable
Un histórico conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja se reavivó con fuerza en los últimos días. Detrás de la disputa geopolítica se esconde una feroz pelea de intereses económicos que incluye la explotación de recursos turísticos internacionales y proyectos mineros de alta montaña de vanguardia.
El epicentro de la tensión se desató luego de que la Cámara de Diputados de La Rioja aprobara un proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004. Esta norma, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, favorece la postura territorial de San Juan.
El argumento de las autoridades riojanas es que aquella delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación y en directo perjuicio de su territorio.
La nueva legislación aprobada por los riojanos estableció la creación de la Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial.
Asimismo, la norma instruye a la Fiscalía de Estado de La Rioja a iniciar acciones legales directas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo judicial inmediato es solicitar medidas cautelares que frenen por completo el avance de actividades o la explotación de recursos en las zonas en discusión hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo de la controversia.
Por su parte, el Poder Ejecutivo de San Juan rechazó de cuajo la validez de la ley riojana y sostuvo que los límites geográficos de su provincia están consolidados legalmente.
Las autoridades del gobierno sanjuanino manifestaron que las fronteras interprovinciales no pueden modificarse de forma unilateral mediante normativas locales. Según argumentan, cualquier alteración territorial requiere la intervención y aprobación del Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución Argentina.
Para resistir la embestida, la administración sanjuanina convocó a los diferentes sectores políticos locales con el fin de coordinar una estrategia jurídica conjunta y responder ante las instancias judiciales correspondientes.
La zona bajo disputa se extiende desde el cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna. El área afectada reviste una importancia estratégica sustancial para ambas economías debido a dos factores principales:
Al tratarse de un diferendo explícito entre dos Estados provinciales, la resolución final de la frontera común dependerá exclusivamente de los acuerdos políticos que se logren destrabar en el Congreso de la Nación o, en su defecto, del fallo definitivo e inapelable que dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Agencia NA y El SOL
