Minería Sustentable
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE) expuso este miércoles 3 de junio ante una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) las condiciones bajo las cuales prestará conformidad al abastecimiento eléctrico del proyecto minero Josemaría, de la empresa Vicuña Argentina S.A. —sociedad integrada por las compañías BHP y Lundin Mining—, que requiere 260 MW para operar su complejo a cielo abierto.
La audiencia, realizada de forma virtual, constituye el primer paso del análisis técnico previo a la emisión de los permisos nacionales necesarios para construir la infraestructura de abastecimiento en alta tensión (500 kV) que demanda el proyecto. El vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, fue el expositor en representación del organismo provincial.
Qué pidió el EPRE
El organismo condicionó su conformidad al cumplimiento de dos exigencias.
La primera establece la firma de los acuerdos previstos en la Ley Provincial N° 1181-A, que obligan al proyecto minero a internalizar los costos de mitigación que genera su demanda eléctrica y a realizar aportes concretos al desarrollo de la infraestructura provincial, incluyendo nuevas obras eléctricas.
La segunda exige que la capacidad de transporte que exceda las necesidades propias de Vicuña quede disponible para el resto de la actividad minera de San Juan. El objetivo es garantizar el acceso abierto a la red y evitar que un corredor considerado estratégico para la provincia quede bloqueado o asignado de manera exclusiva.
El EPRE ratificó que, de no verificarse esas condiciones, mantendrá su oposición fundada al otorgamiento solicitado.
El trasfondo: quién paga la ampliación de la red
El organismo subrayó que San Juan respalda el desarrollo minero como motor del crecimiento provincial, pero sobre la base de un principio de equidad: la nueva demanda debe asumir los costos estructurales que genera sobre el sistema eléctrico, sin trasladarlos a comercios, industrias y hogares que ya contribuyeron al financiamiento de la red existente.
La infraestructura eléctrica provincial fue construida, en parte, con aportes de los propios usuarios sanjuaninos y garantiza el suministro troncal de manera confiable para las próximas décadas. Sin embargo, el ingreso de nuevos proyectos mineros de gran escala obliga a adelantar inversiones de ampliación que originalmente estaban previstas para ejecutarse en años posteriores.
En ese marco, el EPRE indicó que la duplicación de la capacidad de transformación de la Estación Transformadora Nueva San Juan —actualmente en construcción con financiamiento provincial— resulta indispensable para preservar la seguridad y confiabilidad del servicio ante la nueva demanda.
Qué planea construir Vicuña
El proyecto de Vicuña Argentina S.A. contempla repotenciar y operar en 500 kV una infraestructura que actualmente funciona en 132 kV entre la Estación Transformadora Nueva San Juan y Rodeo, y extender desde allí la red hacia el yacimiento. El plan incluye una línea de alta tensión de 167 kilómetros entre el nodo de ET Rodeo y una nueva estación transformadora en la localidad de Chaparro, más una línea de 220 kV que conectará el sitio del proyecto con la red troncal del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Se prevé además la construcción de dos nuevas estaciones transformadoras: una en Chaparro y otra dentro del propio yacimiento Josemaría.
Vicuña busca obtener prioridad en el uso del 90% de la capacidad de transporte incremental de la nueva infraestructura. Esa pretensión es rechazada por otras compañías mineras con activos en San Juan —entre ellas Barrick, Los Azules y Minas Argentinas— que también expusieron en la audiencia.
Cronograma del proyecto
La infraestructura eléctrica deberá estar operativa en 2029. Vicuña prevé tomar la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) en la segunda mitad de 2026 para iniciar la etapa de construcción a comienzos de 2027, con primera producción estimada para 2030. La inversión total comprometida ante el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) asciende a 9.712 millones de dólares, según el último informe de Jefatura de Gabinete al Congreso.
El EPRE aclaró que los principios de mitigación de impactos e igualdad de acceso a la infraestructura serán aplicados a todos los proyectos futuros, con el objetivo de garantizar un esquema justo, previsible y replicable para el conjunto de la actividad minera provincial.
