Minería Sustentable
La minería ilegal vuelve a encender alarmas en Colombia con cifras que reflejan la magnitud de un problema estructural que impacta no solo en la economía, sino también en el ambiente y en la gobernabilidad de amplias regiones del país. Según estimaciones recientes de expertos, la extracción ilícita de oro podría alcanzar las 210 toneladas anuales, lo que equivale a cerca del 75% de la producción total aurífera colombiana.
En términos económicos, el dato es contundente: ese volumen representa más de u$s22.000 millones a precios internacionales, una cifra que, de ser captada por canales formales, podría financiar reformas estructurales o cubrir cerca del 20% del presupuesto nacional que fue previsto para 2025. El contraste con la minería legal es marcado: en el último año, Colombia produjo oficialmente unas 70 toneladas de oro bajo estándares de trazabilidad y permisos vigentes.
De confirmarse estas estimaciones, el país estaría produciendo en total unas 280 toneladas de oro al año, lo que lo ubicaría entre los principales productores globales, solo por detrás de potencias como China, Australia y Rusia. Sin embargo, gran parte de esa producción permanece fuera del sistema formal, sin controles ambientales ni aportes fiscales.
El impacto económico de esta actividad ilícita es significativo. Con valores superiores a los u$s106 millones por tonelada, las 210 toneladas ilegales representan más de 91 billones de pesos colombianos, recursos que hoy escapan al Estado.
Para analistas del sector citados por El Inversor Energético, este flujo de riqueza no registrada no solo debilita las cuentas públicas, sino que también alimenta circuitos informales e incluso organizaciones criminales.
Pero el problema va más allá de lo fiscal. Expertos y organismos de control advierten que la minería ilegal genera severos pasivos ambientales, especialmente por el uso de sustancias contaminantes y la ausencia de controles técnicos. En muchos casos, estos daños terminan siendo asumidos posteriormente por el Estado o por empresas que operan de manera legal, generando distorsiones adicionales en el desarrollo del sector.
Además, la expansión de la actividad ilegal contribuye al desorden territorial en zonas mineras, donde la falta de regulación favorece conflictos sociales, economías paralelas y condiciones laborales precarias. Este escenario también pone en desventaja a la minería formal, que debe cumplir con exigentes estándares ambientales, fiscales y sociales.
Frente a este panorama, las autoridades colombianas han reiterado su compromiso de reforzar los controles y endurecer las sanciones para reducir la minería ilícita. Sin embargo, especialistas coinciden en que los avances han sido limitados y que se requiere una estrategia más integral, con mayor inversión en fiscalización, tecnología y presencia estatal en territorio.
La discusión también abre un debate más amplio sobre el rol de la minería en el desarrollo económico. En un contexto global donde los minerales estratégicos ganan protagonismo, la capacidad de los países para ordenar su producción y garantizar estándares sostenibles se vuelve clave para atraer inversiones y generar valor agregado.
En ese sentido, el caso colombiano funciona como una advertencia para la región. La falta de control sobre los recursos naturales no solo implica pérdidas millonarias, sino que también compromete la sustentabilidad ambiental y el desarrollo de largo plazo.
La magnitud de la minería ilegal en Colombia refleja, en definitiva, un desafío urgente: transformar la riqueza del subsuelo en un motor de desarrollo equitativo y sostenible. Sin una intervención efectiva, ese potencial seguirá diluyéndose en circuitos informales, lejos del alcance de las políticas públicas y del beneficio colectivo.
Fuente: Ámbito
