La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) difundió un comunicado en el que detalló cómo la actividad minera gestiona el uso del agua, el esquema de controles ambientales vigente y la necesidad de precisiones técnicas en la aplicación de la Ley de Glaciares, con el objetivo de compatibilizar protección ambiental, empleo y desarrollo productivo.
Actualidad - Nacionales27/01/2026
Minería Sustentable
En medio del debate por la aplicación de la Ley de Glaciares y el rol de la minería en zonas cordilleranas, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) difundió un comunicado en el que buscó aportar precisiones técnicas sobre el uso del agua en la actividad y reafirmar su compromiso con la protección ambiental.
“Desde CAEM queremos llevar certezas y tranquilidad a quienes tienen temores genuinos en relación a las aclaraciones en la Ley de Glaciares y reafirmar nuestro compromiso con la protección de glaciares y ambiente periglacial que cumpla función hídrica relevante”, señaló la entidad en el documento titulado Agua, glaciares y minería: cómo trabajamos para proteger un recurso clave.
El comunicado remarca el peso económico y social de la minería en Argentina: actualmente genera más de 100.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, una cifra que, según el sector, “en los próximos años podría duplicarse”, con un desarrollo que —afirman— se da “en forma sustentable”.
Uno de los ejes centrales del texto es el uso del agua, un punto habitual de controversia. CAEM sostiene que la minería representa “una fracción muy pequeña del consumo hídrico total”. De acuerdo con los datos difundidos, en las regiones donde hay actividad minera “alrededor del 93% del agua utilizada se destina a la agricultura”, mientras que “las industrias consumen el 7% restante, y dentro de ese universo la minería ocupa apenas el 1%”.
En cuanto a los procesos productivos, la cámara subrayó que el agua cumple múltiples funciones en los yacimientos metalíferos, desde la perforación hasta la separación de minerales, pero destacó que la mayor parte del recurso se reutiliza. “Entre el 70% y el 90% del agua que se usa en los procesos se mantiene dentro de circuitos cerrados, donde se recircula una y otra vez”, indicó.
El documento también hace hincapié en el marco regulatorio que rige la actividad. Para operar, los proyectos mineros deben presentar un informe de impacto ambiental, regulado por la Ley 24.585, que evalúa de manera integral la interacción con el entorno, incluido el recurso hídrico. Estos estudios, recordó CAEM, “se actualizan cada dos años y son aprobados y auditados por autoridades provinciales”, con participación de organismos técnicos, universidades y, en muchos casos, comunidades locales a través de monitoreos ambientales participativos.
“La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente”, sostuvo la entidad, al tiempo que mencionó experiencias internacionales en países con tradición minera como Canadá y Suecia, donde —según el comunicado— se combinan desarrollo productivo y resguardo ambiental.
Además de los controles oficiales, CAEM destacó que las empresas que operan en Argentina incorporaron estándares internacionales de sostenibilidad como HMS/TSM, ICMM, ISO o IRMA, que “suman capas adicionales de control y mejoran la eficiencia en el uso del agua”.
Finalmente, en un contexto de cambio climático y estrés hídrico, la cámara planteó la necesidad de avanzar en “aclaraciones técnicas más precisas, especialmente sobre las zonas periglaciares”, para evitar que “crioformas sin función hídrica relevante sean confundidas con áreas estratégicas”. Según el sector, contar con “leyes claras” es clave para “garantizar mayor empleo y desarrollo en el futuro, cuidando el entorno”.
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