Durante la sesión ordinaria del jueves, el Senado de Salta aprobó por unanimidad el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 244/25, remitido por el Poder Ejecutivo provincial. El texto establece un Régimen Promocional Transitorio para las Tasas Retributivas de Servicios vinculadas a la actividad minera, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y posibilidad de prórroga por un año.

La medida responde a una serie de reclamos del sector privado tras los fuertes incrementos impositivos aprobados a fines de 2023, que habían elevado algunas tasas mineras en más de 226.000%, generando un clima de incertidumbre, especialmente para las pymes dedicadas a la exploración.

El nuevo esquema tributario reduce significativamente los montos que deben pagar las empresas para realizar trámites como permiso de cateo, manifestación de descubrimiento, concesión y solicitud de servidumbre. Por ejemplo, esos conceptos pasaron de costar 400.000 unidades tributarias (UT), equivalentes a $34 millones, a 51.500 UT ($4,37 millones). El recorte representa una baja del 676% respecto a los valores fijados por la Ley Impositiva N° 8419.

En el recinto, el senador Juan Cruz Curá, miembro informante del proyecto, justificó la decisión al señalar que busca un equilibrio entre evitar abusos y mantener la competitividad provincial. “Con esto estamos bajando la tasa a un valor razonable, porque no genera oportunistas, pero tampoco nos deja fuera de competitividad en el mercado minero, que es que nuestra provincia siga progresando, siga generando valor agregado, trabajo genuino”, expresó.

Curá también contextualizó la medida en el marco de la caída global del precio del litio y destacó la necesidad de contar con leyes “a la altura”, que brinden herramientas dinámicas frente a los vaivenes del mercado internacional. Si bien la reducción de tasas puede entenderse como un gesto de estímulo a la inversión, también deja en evidencia el delicado equilibrio entre promoción económica y recaudación fiscal, especialmente en una provincia donde los recursos naturales son uno de sus activos estratégicos principales.

Desde la Cámara de Minería de Salta celebraron la decisión. Su presidente, Simón Pérez Alsina, expresó en diálogo con Radio Salta que esta medida “favorece la exploración minera para descubrir proyectos a futuro” y permite evitar “la especulación en torno a la compra y venta de proyectos”.

“El Estado tiene que favorecer a la inversión privada. Que Salta haya hecho esto con la exploración minera va en la línea correcta. Hay que recordar que esta etapa implica altísimo riesgo: Lindero, por ejemplo, comenzó a explorarse en los años 90 y recién produjo oro en 2020”, sostuvo el dirigente empresarial.

La modificación también apunta a recuperar competitividad frente a Catamarca y Jujuy, otras dos provincias mineras del NOA donde los costos de exploración eran mucho más bajos. Según se indicó, la disparidad afectaba directamente a las pequeñas y medianas empresas que asumen el desafío de buscar nuevos yacimientos.

El anterior régimen tributario había sido promulgado en enero de 2024 y comenzó a regir en febrero. En ese esquema, el permiso de cateo pasó de costar $4.950 a $13.200.000, mientras que la adquisición de una mina vacante saltó de $132.000 a $29,7 millones. Incluso la minería de tercera categoría, como la de áridos, sufrió subas superiores al 66.000%.