El nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que fue incluido en el proyecto de Ley Ómnibus que comenzará a tratarse mañana en la Cámara baja del Congreso y que tiene el respaldo de los gobernadores de provincias litíferas, tuvo un duro cuestionamiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés). Según el documento elaborado por la organización intergubernamental creada en 1989, el RIGI puede convertir a la Argentina en un lugar para el blanqueo y el lavado de dinero porque “es permeable al ingreso de capitales ilícitos de alto perfil”.

El RIGI cuenta con un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, así como también con diversas garantías estatales. Si bien cuenta con el apoyo de empresarios que respaldan las políticas de Javier Milei y de la mayoría de los gobernadores de las provincias que poseen recursos energéticos estratégicos, se cuestionó la extensión de los beneficios en juego, las consecuencias negativas para las pymes y la falta de estrictos controles sobre el origen de los fondos.

A diferencia de la primera versión, que focalizaba expresamente el alcance a las áreas de “agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología”, este esquema establece que será “aplicable a las grandes inversiones en proyectos de cualquier sector”. Según señala la letra chica del RIGI, los proyectos de grandes inversiones “deberán ser de interés nacional y resultar útiles y conducentes para la prosperidad del país, el adelanto y el bienestar de todas las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios”.

Entre otros “objetivos prioritarios”, busca “desarrollar y fortalecer la competitividad de diversos sectores económicos; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios; favorecer la creación de empleo y lograr un desarrollo coordinado de las competencias entre el Estado nacional, las provincias y las respectivas autoridades de aplicación en materia de recursos naturales”. A los beneficios del nuevo régimen podrían acceder “los proyectos de adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que involucren un monto de inversión igual o superior a USD 200 millones”.

Ahora bien, según analizaron asesores del Grupo de Acción Financiera Internacional, “el RIGI constituye una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad, para que los capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas ingresen al circuito económico y financiero de Argentina, sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad”.

“Las fallas de seguridad de la ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a Argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional. No existe en el texto del proyecto ley ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto generado por organizaciones criminales”, dice el trabajo que llegó a los despachos de los diputados oficialistas y de la oposición.

Fuente: El Esquiú