Minería Sustentable
El conflicto minero en el límite entre La Rioja y San Juan ha escalado a niveles críticos. A través de sendos comunicados emitidos por los trabajadores mineros riojanos y la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI), el sector privado y laboral ha manifestado su rotundo rechazo a las restricciones impuestas al tránsito por la Ruta Provincial Nº 506, una vía clave para el desarrollo del proyecto Vicuña.
La controversia se originó a partir de una resolución dictada por la jueza María Greta Decker, alineada con decisiones del gobierno riojano, que prohíbe la circulación de vehículos vinculados a la actividad minera en el tramo que une Guandacol con La Majadita.
Los trabajadores de localidades como Guandacol, Villa Unión y Villa Castelli calificaron la medida como "arbitraria" y denunciaron que atenta directamente contra su "sustento y dignidad". Según el comunicado de los operarios, las acusaciones sobre impacto ambiental (polvo en suspensión) carecen de pruebas verificables y contrastan con el mantenimiento vial que las propias empresas realizan en la zona.
Estado de Alerta y Movilización: Los trabajadores se han declarado en movilización permanente hasta que se anule la medida.
Mantenimiento de infraestructura: Resaltan que las compañías mineras mantienen la Ruta 506, permitiendo una conectividad que el Estado no garantiza.
Desmentida oficial: Desautorizaron las declaraciones de Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, afirmando que no representa el sentir de las comunidades locales que dependen del empleo minero.
"Se trata de una fuente de trabajo real, formal y bien remunerada, muy lejos de cualquier alternativa asistencial que jamás ha logrado ofrecer igualdad de oportunidades", sentenciaron los trabajadores en su misiva.
Por su parte, la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI) emitió un comunicado institucional expresando su profunda preocupación por las restricciones impuestas a la empresa Vicuña.
Desde la Cámara subrayaron que este tipo de decisiones políticas y judiciales:
Generan incertidumbre en el clima de negocios.
Afectan el desarrollo de proyectos estratégicos para el país.
Impactan negativamente en toda la cadena de valor, desde proveedores locales hasta servicios logísticos.
CASEMI hizo un llamado urgente al diálogo constructivo y a la creación de condiciones de previsibilidad que garanticen la continuidad de las inversiones y el desarrollo sostenible de la actividad minera en la región de Cuyo.
El proyecto minero no solo es visto como una fuente de divisas, sino como un motor de crecimiento para proveedores locales. Los habitantes de Guandacol señalaron que el crecimiento económico, educativo y cultural derivado del trabajo digno está siendo obstaculizado por "intereses de sectores privilegiados".
La situación permanece tensa y no se descartan cortes de ruta o medidas de fuerza mayores si la justicia riojana no revoca la medida que paraliza el tránsito hacia los yacimientos.
