Mendoza envía a la Legislatura la DIA del proyecto de litio “Don Luis y Otro” en San Rafael y Malargüe

La iniciativa busca ratificar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración de litio, tras un proceso técnico y participativo que incluyó audiencias públicas y la intervención de múltiples organismos, en el marco de la Ley 7722.
 
 
 
Nacionales15/04/2026Minería SustentableMinería Sustentable
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El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura el proyecto de ley para la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de exploración minera de litio “Don Luis y Otro”, ubicado en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La propuesta tiene como objetivo que ambas cámaras analicen la DIA emitida por la Autoridad Ambiental Minera, luego de un proceso integral de evaluación que incluyó análisis técnicos, dictámenes sectoriales, instancias de participación ciudadana y cumplimiento de todos los requisitos legales.

“El Gobierno de Mendoza ingresó formalmente la DIA luego de un trabajo extenso de análisis, con la participación técnica de organismos sectoriales como la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios, áreas de biodiversidad, patrimonio cultural e INAI”, explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“El proceso incluyó evaluaciones técnicas, dictámenes de múltiples organismos sectoriales, una visita técnica al yacimiento y dos Audiencias Públicas: una en San Rafael y otra en Malargüe”, destacó Latorre. “Es producto de un trabajo extenso y sigue todos los pasos marcados por la Ley 7722 y las leyes ambientales”, agregó.

Un proceso con amplia participación institucional

El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente litio, y el área de estudio abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas.

La DIA ingresa a la Legislatura con todos los documentos técnicos y análisis sectoriales, que incluyeron a la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, el Departamento General de Irrigación, la Dirección de Áreas Protegidas, la Dirección de Biodiversidad y Eco Parque, la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos, la Dirección de Transición Energética y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entre otros.

Además, el proceso incluyó una visita técnica al sitio donde se planifica la exploración, y la realización de dos audiencias públicas: la primera el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael y la segunda el 29 de noviembre de 2025 en Malargüe, garantizando la participación ciudadana en ambas instancias.

Qué dice la DIA aprobada por la Autoridad Ambiental Minera

La Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA) y la Dirección de Minería establece que el proyecto ha cumplido con los requisitos técnicos y legales para su etapa de exploración. En cumplimiento de la ley, su aplicación plena requiere la ratificación por parte de la Legislatura provincial.

Previo al tratamiento legislativo, la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente estableció un conjunto de condiciones y exigencias ambientales que deberán cumplirse de manera estricta.

Entre ellas, se incluyen la actualización de la línea de base ambiental, la implementación de planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, la presentación de planes de contingencia, la obtención de permisos sectoriales y la constitución de seguros ambientales.

También se contemplan obligaciones vinculadas al control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena, con el objetivo de identificar y evaluar posibles impactos sociales y culturales.

El esquema de control prevé la presentación periódica de informes, la posibilidad de inspecciones sin aviso y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como la actualización ambiental del proyecto cada dos años.

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