El Código de Procedimiento Minero de Catamarca se modificó para agilizar el proceso, transparentarlo y despejar la minería de los “corredores inmobiliarios”. En la Secretaría de Gestión de la Autoridad Minera, que tiene 12.000 expedientes para digitalizar, pusieron énfasis en el cumplimiento en tiempo y forma del Informe de Impacto Ambiental que, algunas veces, era de una sola hoja. En el trabajo técnico de la reglamentación del Código, surgió la idea del Registro para que los firmantes de los trámites en el área sean profesionales inscriptos en la provincia.

La Secretaría de Gestión de la Autoridad Minera, nacida en el seno del Ministerio de Minería de Catamarca y a raíz de las tareas que pasaron al ámbito administrativo, tras modificarse el Código de Procedimiento Minero, es el área que concede, deniega o declara la caducidad de las concesiones mineras.

El gobernador Raúl Jalil se puso al hombro el proyecto que ya había surgido en la gestión de Lucía Corpacci “y la modificación fue mucho más profunda de lo pensado, tanto así que a partir de la modificación del Código, que se produjo en diciembre del 2020, pasamos de una autoridad judicial a una autoridad concedente administrativa. Ahora, toda la competencia en materia de concesión minera y de caducidad de los derechos mineros está en el ámbito de la administración pública provincial dentro del Ministerio de Minería. Digitalizando los expedientes, todos podrán tener acceso a un padrón minero y a los expedientes”, explicó Miriam Arévalo, secretaria de Gestión de la Autoridad Minera, en el programa radial “Creación Renovable” que se emite todos los sábados por la CNN Radio San Juan.

La funcionaria aseguró que “muchos no cumplían con la obligación establecida en el Código de Minería de la Nación, que era presentar el Informe de Impacto Ambiental antes de iniciar cualquier trabajo. No lo hacían, te presentaban un papel y después no lo hacían nunca más. Una de las propuestas muy criticada y, aun así, lo hicimos, fue implementar también como una de las condiciones de amparo el cumplimiento en tiempo y forma con la presentación del Informe de Impacto Ambiental y la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. Luchamos mucho para incorporarlo. Es decir, se ha introducido como una de las causales de caducidad. Hemos tratado de compatibilizar el impulso a la industria con el respeto a las cuestiones ambientales, eso es lo que se ha buscado con el Código”.

El sistema que maneja el área es de gestión documental electrónica, el mismo que usa la administración pública nacional. “Con los expedientes estamos iniciando la tramitación en forma digital y es un trabajo arduo porque el traspaso se produjo en febrero y hasta el momento tenemos alrededor de 12.000 expedientes en formato papel que nos han pasado desde el Juzgado de Minas. Tenemos muchos proyectos en etapa de exploración, de prospección, algunos pocos en explotación y no podemos, en este afán de modernizar, detener el curso del trámite. La verdad que es un trabajo bastante titánico. Yo creo que a fin de año vamos a tener los expedientes más o menos al día. A todos los nuevos ingresos que estamos recibiendo les estamos dando el curso normal trabajando en forma paralela con lo nuevo y lo viejo”, detalló Arévalo.

STOP A LA ESPECULACIÓN

Para la modificación del Código de Procedimiento Minero catamarqueño se copiaron varios aspectos de la normativa afín de la Provincia de San Juan, y se adaptaron. Uno de ellos es que la empresa minera provincial, CAMYEN, ahora tiene la prioridad en el caso de que exista una caducidad o se caiga una concesión.

“Esta fue una de las cosas más importante que tomamos de San Juan porque la pretensión era que la provincia pudiera participar no solo de las regalías, sino que también formara parte de la industria. Eso nos pareció muy importante porque hace que la gente que es detractora de la industria, porque hay muchos detractores, tenga presente esto de que la provincia pueda participar también de las ganancias”, comentó la abogada y escribana de la Secretaría, a cargo del área desde enero.

Arévalo dijo que los plazos, que antes eran muy largos, se agilizaron “porque el proceso estaba solamente a cargo del concesionario que, en algunos casos, no tenía tanto interés en impulsarlo. Hay mucha especulación de gente que, más que querer participar de la industria, es como una inmobiliaria que compra propiedades y las vende. Pasaba que estaban disociadas las competencias en materia minera, el órgano público siempre fue un asesor técnico del Juzgado nada más. Por ejemplo, las deudas de canon no se informaban regularmente al Juzgado, o a veces se informaban y como el impulso lo tenía el concesionario, el juez no declaraba caducidad y se nos habían generado deudas de canon que parecían imposibles, teniendo presente que el Código dice que al año y dos mensualidades la mina caduca ipso facto”.

La ex directora de Responsabilidad Social Minera comentó que hay un padrón lleno, “pero tenemos muy poco en explotación o sea muy poca gente con el interés de desarrollar la industria o de hacer una exploración seria. Eran corredores inmobiliarios. Se necesitaba, si o si, de este cambio para poder hacer una limpieza del padrón, regularizarlo, y poder generar el interés a nivel mundial de los verdaderos inversores, gente que realmente tenga el interés”, expresó.

Fuente: Gobierno de Catamarca

EL REGISTRO LOCAL

La funcionaria adelantó que están trabajando “en la reglamentación, incorporando cuestiones más de índole técnica. Tratamos de que se trabaje con profesionales de la provincia y, para eso, vamos a implementar un registro de agrimensores y de ingenieros en Minas para que la presentación de mensuras, de las labores legales, vengan con firmas de técnicos inscriptos en Catamarca. Uno de los artículos del Código de Procedimiento dice que la petición de mensura, por dar un ejemplo, debe venir firmada por un profesional competente habilitado en la materia e inscripto en la matrícula de la provincia de Catamarca. Para eso vamos a hacer un registro nuestro donde todos los profesionales se podrán inscribir y así verificar que este requisito se cumpla. Lo mismo con la labor legal y con el Informe de Impacto Ambiental, ya sea por gente matriculada o empresas inscriptas regularmente en la provincia”, concluyó.